Roger Aguilar Mendieta
Roger Aguilar Mendieta

Hay preocupación y temor en el equipo de investigadores que trabaja en la zona arqueológica de (ZAC). Ello, después de que una persona vinculada a los invasores de este lugar ha sido vista en compañía de un delincuente que acaba de salir de prisión.

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Según fuentes de El Comercio, el delincuente en cuestión responde al alias de ‘Orejas’. Él estuvo preso en el penal de Carquín, Huacho, y en el 2003, junto con otras tres personas, asaltó con armas de fuego a un equipo de investigadores del complejo de Caral.

“Él ha estado preso en Carquín durante décadas. Lo que nos han avisado es que ya le dieron libertad y está yendo al pueblo de Caral, está bebiendo licor con un pariente de los invasores. Esta persona es un maleante asesino, no es cualquier maleante. No entendemos cómo ha podido quedar libre”, indicaron nuestras fuentes.

“Es una preocupación que esta persona que ha estado presa esté yendo a hablar con esta otra persona”, expresaron.

—Sin resguardo policial—

Caral albergó a una de las civilizaciones más antiguas de América, tiene más 5.000 años de historia, fue declarada Patrimonio de la Nación en el 2002 y los arqueólogos trabajan arduamente para revelar sus misterios.

Sin embargo, al mismo tiempo que realizan sus trabajos, los investigadores deben lidiar con los invasores y las amenazas de muerte. Como es público, en múltiples ocasiones la arqueóloga Ruth Shady, directora del proyecto de investigación, ha pedido auxilio a las autoridades para que la ayuden con protección policial para ella y su equipo, pero hasta ahora esto no ha ocurrido.

El mes pasado, unos días después de asumir el cargo, la ministra de Cultura, Gisela Ortiz, de Caral y le dio su respaldo institucional a Shady frente a las amenazas de los ocupantes ilegales. “No las podemos seguir permitiendo”, subrayó la ministra. “Vengo a darles el respaldo institucional y hacerles sentir que no están solos en esta problemática”, agregó.

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Fuentes de este Diario informaron que si bien todavía la ZAC Caral no cuenta con policías, como sí los tenía hace unos años, la ministra Ortiz viene haciendo las gestiones para que el Ministerio del Interior asigne personal policial.

Luego de las invasiones, el Ministerio de Cultura (Mincul) recurrió al Poder Judicial, que le dio la razón. Así, cuenta con dos sentencias a su favor en la Corte Suprema, una de reivindicación y otro de desalojo.

Sin embargo, pese a que estas sentencias tienen la condición de cosa juzgada, desde el 2017 todavía no se ejecutan.

–Congresista entra en escena–

A inicios de este año, Shady que en las últimas semanas y meses, miembros de las familias Solís y Mejía han invadido algunas hectáreas del sitio arqueológico, y que en defensa de estas personas había salido el entonces congresista Carlos Almerí Veramendi, del partido Podemos Perú.

Almerí envió un oficio a la Presidencia del Consejo de Ministros con el pedido de los supuestos agricultores para que se instale una mesa de diálogo. Ello porque estas personas denuncian haber sido afectados con la destrucción de sus cultivos durante los desalojos.

Según el exparlamentario, Shady cometió “abusos y excesos” al desalojar a personas que tienen sus tierras en zonas que no son arqueológicas, sin vestigios. Sin embargo, Shady asegura que varias zonas ocupadas por estas personas sí tienen evidencia de viviendas antiguas y cementrios de la civilización Caral.

MÁS DATOS:

  • Una de las sentencias que está pendiente de ejecución desde el 2017 es contra Alejandro Solís, a este Diario a inicios de este año. Él plantó paltas en un terreno de 5 hectáreas del predio arqueológico de Caral. Por ello, el Mincul le inició y ganó -hasta en la Corte Suprema- el proceso judicial de reinvindicación para que se reconozca el derecho de propiedad del Estado.
  • Las tierras han subido de precio desde que Caral fue inscrita en la lista de bienes que forman parte del, en el 2009. Si antes costaba 6 mil dólares una hectárea, ahora el costo no baja de 38 mil-40 mil dólares.
  • La declaración de la Ciudad Sagrada de Caral-Supe reconoce : una zona nuclear de 626 hectáreas y otra de amortiguamiento de 14.620 hectáreas.

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