El jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, aseguró que le darán todas las facilidades a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras su pedido al Gobierno de Dina Boluarte para que responda sobre un presunto uso abusivo de la fuerza durante las protestas.
En declaraciones a Canal N, indicó que mantendrá su versión de que en el Perú se dio un golpe de Estado, que se pretendió cerrar el Congreso y tomar el poder con una “vocación fundamentalista y autoritaria”.
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“Vamos a darle todas las facilidades y vamos a remitir la información […] Vamos a decir lo mismo que hemos sostenido ante la Comisión Interamericana [de Derechos Humanos], que en el Perú se dio un golpe de Estado, que se pretendió por el uso de la fuerza tomar el poder con una vocación fundamentalista y autoritaria, que se pretendió cerrar el Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y que en ese contexto lo que se hizo fue defender el sistema democrático”, expresó.
El primer ministro lamentó las muertes ocurridas durante las manifestaciones contra el gobierno de Boluarte Zegarra y dijo que un organismo autónomo –como el Ministerio Público- está a cargo de la investigación de estos hechos.
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“Ni la Policía ni las Fuerzas Armadas pueden encontrar responsabilidades. En el Perú quien persigue e investiga es la fiscalía. Mal haríamos en establecer responsabilidades cuando el órgano constitucionalmente autónomo lo está haciendo y de manera célere”, subrayó.
Finalmente, Alberto Otárola cuestionó que se acuse “indebidamente” a Dina Boluarte y a sus ministros de genocidio y defendió el derecho a la presunción de inocencia de la mandataria.
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“Lo que puedo asegurar es que habrá una investigación administrativa, que seguramente irá a la instancia fiscal correspondiente. Lo que no puedo admitir es que de manera antelada se prejuzgue, se afecte el derecho fundamental el derecho a la presunción de inocencia y se acuse indebidamente a la presidenta de la República y a los ministros de genocidio, de asesinato”, sentenció.
Como se recuerda, la ONU envió un pedido al Gobierno de Dina Boluarte para que responda en un plazo de 60 días las diversas alegaciones que han conocido sobre un presunto uso abusivo de la fuerza durante las protestas luego del golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.
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La comunicación a la que tuvo acceso este Diario fue enviada por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos el 24 de febrero con la firma de la jefa de la subdivisión de los procedimientos especiales, Beatriz Balbín.
La carta incluye una comunicación conjunta enviada por el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica, grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, entre otros representantes.
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