El exministro del Interior Carlos Basombrío consideró que la presidenta Dina Boluarte, al no observar las controvertidas leyes del Parlamento, “ha decidido asumir toda la responsabilidad” de los actos del Congreso. Agregó que ella busca “ser buena y útil” para ese poder del Estado, porque teme ser vacada luego de que llame a elecciones generales en abril próximo.
— De acuerdo con un informe del Observatorio del Crimen y la Violencia, en mayo último, los homicidios asociados a la extorsión y al robo agravado fueron 43, pero en noviembre escalaron a 105. ¿Cuál es el principal motivo de este desborde?
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Primero quería precisar que ese gráfico que hemos trabajado en el observatorio no toma fuentes externas, sino es una recopilación de cada crimen en las noticias, se ha evitado la duplicación [...] Los homicidios han ido aumentando mes a mes, y muchos están vinculados al sicariato y también al robo agravado. En el 2024 se ha producido una crisis dentro de la crisis. Ya veníamos con una crisis de seguridad muy grave y como hemos visto se ha multiplicado la extorsión de manera dramática en este año. Cuando una plaga no se fumiga, esa plaga tiende a crecer y a ganar terreno.
"[Este desborde del crimen] tiene que ver con la poca importancia que le ha dado el gobierno a la investigación criminal y a la inteligencia, que es el único método que ha funcionado para enfrentar a la extorsión"
— ¿La ley del Congreso que relajó la norma sobre crimen organizado ha sido un punto de quiebre?
Mire, yo soy totalmente contrario a la ley del Congreso [sobre crimen organización], incluso a la modificación, que no ha sido suficiente para remediar el problema que generaron. Pero me parece que el efecto [de esta norma] será más lento y creo lo que vamos a ir sintiendo conforme pase más tiempo. Yo creo que [este desborde] tiene que ver con la poca importancia que le ha dado el gobierno a la investigación criminal y a la inteligencia, que es el único método que ha funcionado para enfrentar a la extorsión.
— Según el mismo estudio, el Parlamento aprobó, en el 2024, ocho normas que afectan la lucha contra la criminalidad organizada. ¿Qué está detrás de esto?
Sí, nosotros hemos puesto en el reporte que son ocho normas, que a nuestra opinión afectan la lucha contra el crimen. Y no solo eso, hay 50 delitos que ya no son considerados como crimen organizado debido a la ley del Congreso sobre este punto y eso es gravísimo. Por ejemplo, uno de estos delitos es el tráfico de migrantes.
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"Tenemos una cifra que es muy delicada y es el contraste gigantesco que hay entre el incremento de las denuncias sobre extorsión y el no incremento de la gente presa por ese delito"
— El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, dijo que no renunciará y que su estrategia contra el crimen organizado “sí ha funcionado”. No obstante, durante el estado de emergencia las denuncias por extorsión aumentaron. ¿El estado de excepción ha fracasado, a su juicio?
Nosotros hemos presentado data concreta donde se muestra que han aumentado las extorsiones y los muertos por sicariato. Pero también tenemos una cifra que es muy delicada y es el contraste gigantesco que hay entre el incremento de las denuncias sobre extorsión y el no incremento de la gente presa por ese delito. Hay como 40 mil denuncias que deberían ser una fuente para que los investigadores inicien un trabajo de inteligencia. Si uno ve la gente que está en la cárcel por extorsión, estamos al mismo nivel que en 2015, de hace nueve años, cuando había muchísima menos extorsión. En el 2015 había 60 mil presos y hoy hay 100 mil. Eso a nosotros nos indica que estados de emergencia sin preparación adecuada, sin trabajo de inteligencia, son un saludo a la bandera.
(Foto: Hugo Pérez | Archivo El Comercio)
— ¿Santiváñez debe dar un paso al costado? ¿Cuáles son las razones para ello?
Mire, yo creo que Santiváñez no va a dar ningún paso al costado. A título personal, él es un hombre que está allí [en el Mininter] porque como hemos visto en los audios que todavía no quiere reconocer, hay un vínculo con la presidenta donde ella lo necesita para que sea funcional a sus necesidades políticas, pero no a las políticas públicas. Santiváñez es funcional a la venganza, por ejemplo, haber pasado al retiro a los coroneles Harvey Colchado y Walter Lozano por haber estado en la investigación contra la presidenta y el hermano de esta, Nicanor Boluarte.
— El gobierno de Dina Boluarte pasó al retiro a los coroneles Colchado y Lozano y después cambió a 67 oficiales de la Diviac, entre ellos a todos los que participaron en el allanamiento a su casa. ¿Es un acto de venganza? ¿Se ha desarticulado a esta unidad?
No me queda duda, habían decidido desarticular esta unidad como parte de una venganza absurda, no propia de una persona que ejerce un cargo de la naturaleza de un presidente. Además, apoyada por una actitud servil del ministro del Interior, del alto comando de la Policía Nacional. Esto da cuenta que los objetivos del país no están por delante en este caso y en muchos otros, porque la Diviac tenía a muchos oficiales, la gran mayoría con mucha experiencia en la lucha contra el crimen organizado. Pasarlos a unidades administrativas es regalarle al crimen organizado más posibilidades de seguir creciendo. Que este daño se haga desde el propio gobierno me parece un crimen contra los ciudadanos.
— El Congreso aprobó una nueva extensión al Reinfo. ¿Un sector del Parlamento está jugando a favor de los intereses de la minería ilegal?
Yo me atrevería a decir que más de un sector, porque son 89 votos los que han aprobado eso, entonces básicamente estamos hablando de la gran mayoría de los congresistas. Hay una influencia muy grande [de la minería ilegal] en este Congreso. Esta es la segunda norma a favor de los mineros ilegales, la primera fue en marzo de este año que anuló una disposición de un decreto legislativo que impedía que los mineros ilegales pudieran llevar dinamita, que es lo que necesitan para su trabajo, y ahora sí se puede, lo que es muy grave.
— La Sociedad Nacional de Minería (SNMPE) decidió retirarse de las mesas de trabajo del Congreso, donde se aborda la nueva Ley MAPE, ante la evidente parcialidad del titular de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez. ¿Cómo se puede interpretar esto?
Fíjese, es parte del mismo fenómeno. Víctor Gobitz, presidente de la SNMPE, es un hombre muy dispuesto a buscar formas de formalización de los mineros informales, me consta porque lo he escuchado en conferencias. Si él está saliendo es porque hay una firme voluntad de seguir favoreciendo a los mineros ilegales en el Congreso, es parte del mismo fenómeno.
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— Desde el 2020, mineros ilegales coludidos con bandas delincuenciales han realizado 628 incursiones en la Minera Poderosa, en Pataz, han asesinado a 18 empleados, han destruido 14 torres eléctricas y han robado más de US$3.553 millones en oro. ¿Quiénes son los responsables de este escenario?
Es evidente que existe una lógica violenta de los mineros ilegales, que en esa zona ya son una pandemia y que en otros lugares se manifiesta de formas terribles. Yo quisiera resaltar lo que ustedes han publicado hace unos días, sobre que el propio alcalde de Pataz, en vehículos suyos ha movido S/100 millones de soles de oro ilegal sin que pase nada, sin que nadie lo detenga, ahí hay una complicidad de muchos actores del Estado. Este alcalde es nada menos de Podemos Perú, el partido del señor Luna, que como sabemos está muy vinculado a este tipo de apoyo a los mineros ilegales.
— La presidenta Dina Boluarte cierra el año con apenas 3% de aprobación, según la última encuesta de Datum para El Comercio. Incluso, en el centro y sur del país su respaldo se reduce a 1% y 2%. ¿Así puede llegar a concluir su mandato en el 2026?
Yo creo que los resultados, además corroborados, porque el primer ministro dijo con mucha soberbia, después de la primera encuesta [que le daba ese 3%] que ustedes publicaron, que después de APEC se iba a ver. Los nuevos escándalos que acompañan a la presidenta han ratificado ese 3% con el que termina el año. Yo soy de la opinión política que la presidenta corre un riesgo enorme de ser vacada a partir de abril del próximo año, no ahora. En abril del próximo año cuando ya no sea necesaria para el Congreso...
— ¿A raíz de la convocatoria a elecciones generales?
Exacto, a partir de la convocatoria a elecciones, los congresistas se pueden deshacer de ella sin alterar su período congresal y ellos terminar en julio del 2026. ¿Por qué pienso esto? Porque es evidente que una asociación política como la que existe ahora, de muchos de los partidos que están en el Congreso con ella, es digamos una bomba atómica en la posibilidad de tener un buen resultado electoral. Porque si uno está asociado a una señora que tiene 3%, las posibilidades de esos candidatos, partidos se reducen a casi nada.
Entonces, van a tratar de vacarla para tomar distancia de ella, ella es funcional a ellos, no hay de por medio una cuestión ideológica, afectiva, nada, es una utilización mutua. A partir de abril existe un altísimo riesgo, siempre con la dificultad de ponerse de acuerdo sobre quién sería la persona que reemplazaría a la señora Boluarte, más que la dificultad de tener los 87 votos.
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— El Ejecutivo no ha observado leyes controversiales, como la que cambió la definición de crimen organizado, la que debilitó la colaboración eficaz, la que recorta los plazos de prescripción y recientemente la que eliminó la detención preliminar. ¿Cuál es el balance que usted realiza sobre la administración de Boluarte?
Le agregaría el Reinfo. Yo creo que hay una decisión presidencial de no observar las leyes del Congreso que va en la línea del miedo de ella de que la vayan a vacar en abril. Ella quiere ser buena y útil para el Parlamento, el caso más evidente es el de la ley que elimina la detención preliminar, era tan bárbara que el propio Congreso la ha tenido que derogar. Sin embargo, el Ejecutivo la había promulgado. Y el propio ministro de Justicia [Eduardo Arana] dijo “ah, caramba, las preocupaciones que ha habido sobre la norma, vamos a revisarla”, no la habían revisado, aprobaron lo que el Congreso les mandó y eso es realmente dramático en un país que debe tener, como en todas las democracias, separación de poderes. Ella ha decidido asumir toda la responsabilidad de todo lo que haga el Congreso, porque ella no está pensando en los ciudadanos, está pensando en su relación con el Congreso.
