Dina y los uniformados: ¿Cómo es la relación de la presidenta con las fuerzas del orden? Una crónica de Fernando Vivas

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Dina no sabía lo que pasaba, pero Raúl Alfaro, el comandante general de la PNP, confirmó el golpe de primera fuente cuando Castillo le ordenó por teléfono –minutos luego del mensaje a la nación- que intervenga los poderes del Estado. Fuentes policiales cercanas a Alfaro me han contado detalles de ese día que no están en la manifestación que este hizo ante la fiscalía y que se filtró semanas atrás: Alfaro estaba en su despacho en el Ministerio del Interior atendiendo a dos invitados que le hablaban del corredor minero, cuando su edecán lo interrumpió para advertirle lo que Castillo estaba diciendo en la TV. Prendió la tele, despidió a los visitantes e hizo pasar a su estado mayor. El Gral. Vicente Álvarez, su segundo, le contó que el entonces ministro Willy Huerta lo había llamado horas antes pidiéndole que la PNP dejara pasar a Castillo al Congreso junto a un grupo de manifestantes. Ese pedido, por cierto impertinente, no le hizo pensar a Álvarez en un golpe pues suponía otro escenario, el de Castillo llegando con una portátil a defenderse en su proceso de vacancia.

Fue cuando estaban comentando eso y otros detalles del mensaje alucinado que acababan de ver, que Huerta llamó al celular de Alfaro y le pasó con el aún presidente. Lo primero que le dijo Castillo fue que tenía que resguardar las casas de sus padres y de su familia en Chota, además de las de Betssy Chávez y Aníbal Torres. Luego, le pidió intervenir el Congreso y hacer salir a todos los congresistas. También la pidió intervenir la fiscalía y a la fiscal de la nación. Alfaro, me cuentan mis fuentes, no lo contradijo, solo le preguntó cuál era la razón del pedido. Castillo le replicó que Huerta se lo explicaría, pero esa explicación nunca se dio. La aparente indolencia del general es un detalle importante: pudo hacerle pensar a Castillo, pasajeramente, que el golpe podía funcionar. Alfaro no le permitió intuir hasta dónde llegaría su rechazo. Cuando colgó, le dijo al grupo que lo rodeaba: “Está bien huevón el presidente, quiere que intervengamos al Congreso y a la fiscalía”.

En ese momento, se echó a andar el operativo para detenerlo. Alfaro, que además es abogado, hizo consultas penales y constitucionales, para concluir que lo podía arrestar por flagrancia sin importar que estuviera o no vacado. La decisión y el operativo para hacerlo antes de que llegara a la embajada de México fue 100% policial. Las FF. AA. participaron en un comunicado conjunto respaldando la transición y en otras deliberaciones ajenas a la detención del ex presidente. Subrayo este hecho de la historia fresca -¡no ha pasado más de un mes!- para aquilatar cuán imbricada está la suerte de Boluarte con la de la PNP. Sin ese operativo veloz la transición no arrancaba de la misma forma y, tal vez, el asilo de Castillo en la embajada de México hubiera provocado tensiones más insostenibles que las que vivimos en diciembre.

Ellos saben más

He aquí una primera desproporción a favor de los uniformados. Ellos sabían y saben más que la presidenta. Tenían los datos, la inteligencia, las fuentes -¡las escoltas que acabaron deteniendo a su escoltado!- de los que Dina carecía el 7 de diciembre y que aún ahora le son escasos. La DINI (Dirección Nacional de Inteligencia) palaciega es disfuncional. José Fernández Latorre, el ex comisario de Chota que Castillo reclutó para encabezarla no le resultó funcional a sus planes, y más caso hacía a la información y consejos de Henry Shimabukuru, que no reportaba a Latorre. En la última del gobierno de Castillo, entró allí el general EP (r) Wilson Barrantes.

Boluarte encontró a ese ente amorfo y sin norte, con el radical Barrantes en las antípodas de la oficialidad que ahora la apoya. Tenía que buscarle un reemplazo y el 18 de diciembre enroló al Coronel EP ( r) Juan Carlos Liendo, según me cuenta una fuente palaciega, por una recomendación de las FF. AA. No lo conocía y no gustó, ni a ella ni a su equipo de primacía progresista, enterarse de que este tenía tuits y declaraciones fóbicas hacia la izquierda, y que veía ‘insurrección terrorista’ donde el fenómeno es otro y más complejo.

Entrevistada en La República, el colega Enrique Patriau le citó a Boluarte esta declaración de Liendo: “En cada lugar donde se ataca a la policía y a las fuerzas del orden, hay un objetivo político y eso se llama insurgencia terrorista”. La oración trasunta esa generalización de los manifestantes como terroristas, de la que Boluarte huye disciplinadamente en cada entrevista. Que ella dijera que evaluaba la permanencia de Liendo, puede ser muy tosco para un estadista cauteloso, pero no para Dina, presidenta accidental, improvisada y temporal. Lo despidió sin previo aviso.

Boluarte tiene tanta capacidad de meter la pata como de sacarla brusca y rápidamente. Peor la pasó el ex primer ministro Pedro Angulo. Ella dijo que evaluaba cambiarlo en su cara pelada, sentada a su lado en conferencia de prensa. Alguien de su equipo me dice que suele tomar decisiones en pleno trance, sin haberlas discutido o compartido con ellos. A veces, ni sus íntimos saben a qué atenerse con la primera presidenta peruana.

¿Cómo conciliar el antimilitarismo de la izquierda progre de la que Boluarte se reclama parte (aunque hoy la repudien), con sus nuevos aliados de uniforme? El episodio de Liendo no es grave al respecto, pues la DINI está en la cancha palaciega y ya se le reemplazó con un mando discreto y de mayor prestigio, el Gral PNP (r ) Roger Arista. El gran drama es que la oposición de izquierda y la protesta le reclame a Boluarte que, tras investigaciones sumarias sobre las muertes, entregue cabezas de mandos policiales y militares comprometidos en ellas; y, si sigue con firmeza esa ruta, encuentre resistencia en la oficialidad que sufre duro y parejo los embates de la protesta. Ya ha habido tensiones al respecto. Pongo un ejemplo.

Tras las primeras muertes en Andahuaylas, donde se admitió el uso extendido de bala de goma por la PNP, y se investiga si se usó arma de fuego, Boluarte dijo: “He dado indicaciones a la PNP de no usar armas letales, ni siquiera perdigones de goma”. Según mis fuentes de la PNP, le explicaron que no podían hacerle caso con lo de balas de goma y ella, discretamente, se echó para atrás. En Andahuaylas y en la vecina provincia apurimeña de Chincheros, antes de que se declarara el estado de emergencia y participaran las FF. AA., la policía fue absolutamente desbordada. Los manifestantes intentaran tomar la comisaría a pedradas y allí hubo una batalla campal. Luego fueron a tomar el aeropuerto. No lo consiguieron hacer el primer día, pero al segundo día la PNP, abrumada, se retiró y los dejó entrar. Hubo muertos civiles y hasta se reportó el uso de explosivos artesanales por los manifestantes.

El documento de la exposición de motivos del decreto supremo del 14 de diciembre que establece el estado de emergencia (difundido en La Encerrona), presume que la protesta es, en gran parte, organizada y azuzada por terroristas reciclados y otras bandas. El peso que se le da al terrorismo como factor de protesta violenta, y el ‘terruqueo’ de allí derivado, lleva inevitablemente a un sesgo peligroso, que hace dudar de la eficiencia que tendrá el trabajo policial. Sin embargo, tras conversar con mis fuentes, me queda la duda de qué tanto el subrayar ese factor se debe a una convicción inamovible o a una estratagema para justificar la emergencia y la colaboración de las FF. AA. La inteligencia policial sabe que hay muchísimas más variables involucradas.

Mis fuentes se resisten a dar su versión de cada muerte y prefieren repetir, como un mantra, ‘que se investigue’. Ni siquiera, por poner un ejemplo, comparten alguna teoría que explique cómo así le cae una bala mortal a Édgar Prado (51) en Huamanga cuando, aparentemente, asistía a un herido en la puerta de su casa como se ve en un video difundido por la Agencia Reuters. Lo que sí me dicen es que la orden para repeler los disturbios que empezaron el 4, es que haya ‘costo social 0′, es decir, ningún muerto. Para eso emplearán estrategias que prefieren no detallar ‘para no advertir al enemigo’. Me comparten, más bien, algunas cifras oficiales y algunos cálculos gruesos de inteligencia: si en los días de protesta de diciembre se calcula un total nacional de 45 mil movilizados con mucha violencia y destrozos; ahora se espera que haya alrededor del 60% de esa masa y de esa furia. En diciembre, según la inteligencia policial, hubo un pico entre el 15 y 17 diciembre, agravado por las muertes durante el intento de tomar el aeropuerto de Huamanga, y coincidente con el plazo de 10 días de detención preliminar de Castillo al cabo del cual podía quedar libre. Una vez que le dictaron prisión preventiva se canceló esa expectativa. Según la perspectiva policial, no solo la cercanía de la campaña navideña provocó la tregua, sino ese plazo vencido.

Sobre el uso del armamento que pudo causar la pérdida de vidas, mis fuentes me replican citando varios reglamentos, convenios y directivas que les dan discrecionalidad para usar, gradualmente, de acuerdo a la gravedad y violencia de la protesta, armas cada vez más dañinas. Los efectivos policiales portan desde palos de goma hasta balas no letales. Solo sus jefes, los oficiales, pueden llevar armas mortales. Todos los militares, en cambio, sí están facultados para llevarlas, pero su rol se debe limitar a proteger activos estratégicos y flanquear a los contingentes de la PNP de una forma tal que disuada a los manifestantes a atacar a los policías.

El ‘upgrade’

El 16 de diciembre, luego de que 5 muertes (luego, se supo que eran 7) reportadas en un intento de tomar el aeropuerto de Huamanga, Boluarte tenía dos razones imperiosas para buscar nuevo primer ministro. Pedro Angulo no tenía ni muñeca ni autoridad y, para colmo, la contradecía. La otra razón era cortar las 3 cabezas políticamente responsables del estado de emergencia (Defensa, Interior y PCM) como una forma de pagar el costo político de las muertes. Más de una fuente palaciega me ha contado que Boluarte tuvo esa determinación cuando se puso a buscar premier, pero, en el fondo, no quería prescindir de Otárola y ceder a las condiciones que le ponían sus candidatos. Si llegaba a fichar a un premier ajeno a su entorno, probablemente hubiera buscado un lugar cercano a ella para Otárola.

Prueba de la lógica de ‘pagar costos’, es que el único ministro cambiado junto con Angulo en la juramentación del 21 de diciembre, fue César Cervantes, del Interior. En Defensa también hubo un cambio, el del propio Otárola; pero es imposible –aunque una fuente palaciega lo intenta- hacer pasar como un gesto compungido ante la muerte lo que fue un ‘upgrade’ hacia el premierato. En realidad, sí hubo un gesto equilibrado, que sería respetado tanto por opositores como uniformados: llamar a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). En la PNP me contaron que se reunieron con los comisionados para hacerles una exposición de cómo enfrentaron los disturbios y que no hubo ni tensión ni críticas. Veremos que dice el informe cuando se difunda.

Mientras los militares no cargan con la presión central de la protesta –salvo el incidente fatal en el aeropuerto de Huamanga- la PNP tiene continuos roces con Palacio. Quizá el primer fuerte encontrón se produjo el 17 de diciembre cuando Boluarte puso el grito en el cielo tras enterarse de que el Gral. Óscar Arriola, entonces jefe de la Dircote, había allanado los locales de Nuevo Perú (el partido de Verónika Mendoza con asientos en el Congreso), Voces del Pueblo (el partido de Guillermo Bermejo) y la CCP (Confederación Campesina del Perú). El operativo fue sorpresivo, alegando flagrancia, pues la Dircote tenía información de que en esos locales había gente con armas y propósitos violentos. La fiscalía llegó después de algunas horas. Se hallaron machetes, hondas, pasamontañas y algunos explosivos artesanales. No era gran cosa. En la CCP se detuvo a sentenciados por tráfico de drogas, según reveló la unidad de investigación de El Comercio, pero la fiscalía ordenó liberarlos. Mis fuentes admiten que no calcularon el impacto político del operativo, pero defienden la vehemencia de Arriola.

El 30 de diciembre, Arriola, que crió fama en la Dircote, fue cambiado a la jefatura de la Dirincri (Dirección de Investigación Criminal). Pregunté si ello tuvo que ver con el operativo que provocó la ira de Dina, pero me aseguraron que el cambio ya estaba conversado antes del 7 de diciembre y Arriola, que es un buen investigador –muchos periodistas podemos dar fe de que ello convive con su vehemencia- estaba de acuerdo y entusiasmado con pasar a una dirección de mayor envergadura.

Otra tensión fue provocada por el debate generado en torno a las marchas por la paz. La PNP las ha hecho en varias oportunidades, basada en el Art. 195 del Reglamento de la Ley de la Policía, que la faculta a realizar actividades que promuevan la paz. Hasta que llamó la atención que la entidad se involucrara en marchas de contenido político como las últimas y, a regañadientes, tuvieron que echarse para atrás. Antes de que ello ocurra, Boluarte y el ministro del Interior, Víctor Rojas, hicieron declaraciones que no gustaron al comando policial.

Otra tensión no resuelta está protagonizada por un policía de rango modesto, el mayor David Medina, colaborador de Harvey Colchado, el líder del equipo especial que se concentró en investigar a la mafia castillista. Medina ha sido pasado a retiro por tener varios años de servicio, aunque ha planteado un recurso de reconsideración alegando, entre otras razones, que hay otros efectivos que han tenido mejor trato. La fiscal Marita Barreto ha pedido públicamente que se le reponga. Tanto mis fuentes de la PNP como una fuente del entorno del ministro Rojas, me dicen que en ese tema no hay vuelta atrás. La fama pública del equipo especial ha generado celos de las direcciones de investigación que hacer trabajo silencioso y una corriente crítica en la PNP. Una fuente me dijo: “Nosotros no le decimos a la fiscalía con qué fiscales deben trabajar, que ellos no nos digan a nosotros con quién trabajar”. Si, acatando a la presión pública favorable a Medina, Boluarte pide su reincorporación, va a chocar con un muro.

Las FFAA están llevando la fiesta en paz con Boluarte, al menos, hasta que avancen las investigaciones por las muertes en Ayacucho. El ministro de Defensa, Gral EP (r ) Jorge Chávez Cresta, tiene el roce mediático y la experiencia de defensa civil que le permitió montar, el día 4, en instalaciones de la FAP, un centro de monitoreo y allí llevar a Otárola y a los ministros del gabinete de crisis. Fue buena idea. Vista como gestión transversal de desastre, cual pandemia o fenómeno del Niño, el manejo de la protesta se despolitiza y desideologiza. No hay ‘terruqueo’, sino monitoreo.

La PNP, en cambio, no tiene esa relativa calma de la que gozan las FF. AA., para montar escenas sutiles. Tiene que distribuir a cientos de policías en las zonas más calientes del país, donde un solo palazo, puede sacar chispa e incendiar la pradera. Dos efectivos estuvieron en unidad de cuidados intensivos y varios son golpeados y violentados cada día. Una fuente policial de larga experiencia en manejo de la conflictividad social, me dijo: “Ya no hay guerras, las FF. AA., en lugar de acompañarnos con sus FAL y sus armas letales, podrían capacitarse en manejo de disturbios y aprender a usar palos y bombas lacrimógenas”. También esperan otra ayuda quizá más efectiva: que el Congreso haga la segunda votación del adelanto de elecciones para calmar las aguas. Si ello no sucede, el pronóstico es reservado.