Un acusado por el caso ‘La Centralita’, próximo a ser sentenciado, se ha convertido en un asesor de confianza para el Tribunal Constitucional (TC). El máximo intérprete de nuestra Constitución nombró al excongresista Heriberto Benítez, quien enfrenta un pedido de 30 años de prisión por ese caso, como asesor jurisdiccional de su Gabinete de asesores.
La resolución de nombramiento, a la que accedió El Comercio, fue firmada por Francisco Morales Saravia, presidente del TC. Allí se detalla que fue su despacho el que solicitó que se evalúe el perfil profesional de Heriberto Benítez para ocupar ese cargo.
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En respuesta, un informe de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano señaló que el exlegislador “cumple los requisitos mínimos” para el puesto, que es un cargo de confianza. Con ello, Francisco Morales Saravia firmó la resolución con la que se dispuso su nombramiento a partir de este jueves 11 de enero.
De congresista a acusado
Abogado de profesión, Heriberto Benítez se hizo conocido en los noventa como defensor en casos de Derechos Humanos. En el 2000, postuló al Congreso por Somos Perú y en el 2001, logró un escaño con el Frente Independiente Moralizador (FIM). Ambos partidos era opositores al régimen de Alberto Fujimori.
Para el 2011, volvió al Congreso como legislador de Solidaridad Nacional por la región Áncash, región que por entonces era gobernada por César Álvarez. Años después, Benítez admitiría que fue elegido para ese cargo “gracias al apoyo de su partido”.
Fue durante ese período como congresista que Benítez comenzó a verse involucrado en las investigaciones a Álvarez por el caso ‘La Centralita’. Eventualmente, el exgobernador y el excongresista serían acusados por la fiscalía en este caso.
'La Centralita'
El Ministerio Público acusó a César Álvarez de liderar una organización criminal dedicada a desfalcar los recursos del Gobierno Regional de Áncash (2007-2014), la cual tendría brazos de prensa, social, legal y político. A Heriberto Benítez se le señaló como parte del brazo político-legal.
Según la acusación, la red funcionaba en un centro de operaciones denominado La Centralita, ubicado en un edificio de la urbanización La Caleta, en la ciudad de Chimbote. Desde allí, presuntamente se planificaban acciones contra los opositores de Álvarez Aguilar y sobornos a jueces, fiscales y periodistas.
La fiscalía solicitó 30 años de prisión para Heriberto Benítez, acusándolo de tres delitos: asociación Ilícita para delinquir (12 años), encubrimiento real (8 años) y violencia y resistencia a la autoridad (10 años). El caso está en etapa de juicio oral desde marzo del 2021. El juicio actualmente está en su última fase: la autodefensa de los cerca de 50 acusados.
De hecho, Heriberto Benítez está citado para la sesión presencial del juicio de este viernes 19 para que pueda hacer allí su autodefensa junto a otros once acusados. Hay otra audiencia el 30 de enero para que terminen las autodefensas, por lo que se estima que la sentencia del caso sería leída en febrero.
En paralelo, César Álvarez ya tiene condenas por otros casos conexos: 35 años de prisión por el asesinato del exconsejero regional Ezequiel Nolasco; 8 años y 3 meses de prisión por pagos irregulares ligados a Odebrecht en la carretera Chacas-San Luis; y 4 años por presunta corrupción ligada al Proyecto Especial de Chinecas.
Pese a la grave acusación, Heriberto Benítez no se ha alejado de la política ni del estado. En el 2020, fue candidato al Congreso por Lima con el partido Podemos Perú, pero no fue elegido.
En el actual Congreso, fue asesor de la Segunda Vicepresidencia cuando esta era ocupada por Enrique Wong, también de Podemos Perú. Luego, trabajó hasta septiembre del 2023 en el Departamento de Redacción del Diario de Debates del Parlamento.
El Comercio envió mensajes al TC y al propio Heriberto Benítez respecto a los cuestionamientos a su nombramiento como asesor. Desde el primero indicaron que no habría ningún pronunciamiento sobre el tema. En tanto, el excongresista no respondió hasta el cierre de esta nota.
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