Mafia taiwanesa que opera en Perú obtenía ganancias por US$5 millones

“Cuando salté hacia la otra casa, la del costado, los perros del vecino empezaron a ladrar. Luego saltó mi amiga. Estábamos tratando de escapar de los perros. Encontramos una silla, nos subimos a un árbol y de ahí saltamos hacia afuera, a la calle”.

Este es el relato desesperado de una de las dos jóvenes de Malasia que lograron escapar de la residencia de La Planicie (La Molina) en donde la mafia criminal taiwanesa Dragón Rojo las tenía secuestradas, junto con 41 de sus compatriotas.

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“Tenía miedo de que se dieran cuenta de que habíamos salido y nos persiguieran. A pesar de que me había hecho daño en la espalda cuando me tiré a la casa del costado, mi amiga me obligó a seguir corriendo para evitar que nos capturaran”, declaró.

En la calle se toparon con una pareja de ancianos a quienes pidieron auxilio, pero como no las entendían por el idioma, solo les prestaron un teléfono celular con el que no pudieron hacer llamadas al extranjero.

Luego siguieron corriendo hasta que llegaron a una casa y encontraron a la señora de limpieza, a quien pidieron auxilio con gestos y ella llamó de inmediato a la comisaría de La Molina.

Así se inició el rescate de las víctimas de explotación laboral sometidas a 12 horas de trabajo continuo.

Según los testimonios que dieron los ciudadanos malayos a los agentes de la División de Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional, ellos empezaron a llegar al Perú, a través del aeropuerto internacional Jorge Chávez, en setiembre último para trabajar en fábricas y casinos. Ingresaron al país en grupos de tres y fueron recibidos por los peruanos Maycol Chumpitaz Zapata (42 años) y Luis Arango Nuñez (26), también detenidos, quienes inicialmente los trasladaban a hoteles en Miraflores y San Isidro, mientras el inmueble de La Planicie era acondicionado .

Este brazo de la organización transnacional de Taiwán que opera en el Perú ha realizado una inversión de US$200.000.

De acuerdo con el general PNP Carlos Malaver, director contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, “la proyección de la utilidad de esta empresa criminal es de [...] aproximadamente US$5 millones en ganancias ilícitas”.

En entrevista con El Comercio, el general Malaver precisó cómo se distribuía la inversión. “Según nuestras investigaciones entre pasajes US$1.000 por cada ciudadano taiwanés o malayo que había llegado, US$50.000, US$32.000 por el alquiler del inmueble, US$60.000 a US$70.000 aproximadamente por todos los aparatos tecnológicos, celulares de última generación, iPhones, tablets, laptops así como el acondicionamiento del inmueble, el alquiler de vehículos, el pago a la gente de seguridad peruana y la alimentación para realizar este trabajo [...] delictuoso durante tres a cuatro meses y de ahí desaparecer y dejar abandonadas a los secuestrados”.

Para el oficial Malaver, esta red respondería a una organización superior, cuyo líder sería el taiwanés Tzeng Huan-Jian.

Esta mafia acondicionó la residencia de La Molina para instalar un ‘call center’ que, en realidad, era usado para captar a las víctimas de estafa de Malasia. A este tipo de operaciones fraudulentas se le denomina la modalidad de ‘Macao’ o ‘Macao scam’, aplicada generalmente en países asiáticos.

El jefe de la División de Tráfico Ilícito de Inmigrantes, el coronel PNP Ricardo Espinoza la describe de la siguiente manera: “Es un fraude en las comunicaciones que busca impactar en un ciudadano y engañarlo a través de una llamada telefónica”.

Los miembros del Dragón Rojo aplicaron una estructura conformada por tres niveles. En cada uno de ellos, la función era la misma, pero con una intensidad mayor. Se buscaba atemorizar a la personas y extraer información y datos personales relacionados con cuentas bancarias.

La infraestructura del inmueble se habilitó para que los jóvenes realizaran el trabajo forzoso en cada piso. Se colocó, por ejemplo, material acústico para el bloqueo de ruido. De acuerdo con información policial, una persona podía realizar hasta 100 llamadas por día. Estas comunicaciones podían ser simultáneas, de manera tal que necesitaban aislarlas del bullicio del lugar.

En el sótano de la residencia operaba el primer nivel. El coronel Espinoza detalló esta fase: “En este caso tenemos a 20 ciudadanas de Malasia […] sometidas ya a trabajo forzado aquí en el Perú, estableciéndole 12 horas de trabajo, de llamadas continuas.

“Ellas estaban amenazadas. [Para] las personas que no lograban enganchar con un cliente, el castigo era que no se les daba alimentos ese día”.

Coronel PNP Ricardo Espinoza Jefe de la División de Tráfico Ilícito de Inmigrantes

Las jóvenes bajo amenazas habían sido preparadas con un guion, escrito a mano en idioma malayo, para hacerles creer a las víctimas que tenían deudas o que habían incurrido en presuntos delitos.

“En el segundo nivel, que funcionaba en el primer piso, teníamos a 15 ciudadanos malayos de la misma naturaleza. Habían sido entrenados para fungir como policías. Y ellos ya utilizaban términos como tipificación, proyectos de pena. […] [La víctima] decía: ‘Señor, pero ¿por qué me van a procesar si yo no he cometido nada?’. Entonces usted va a pasar al tercer nivel, que es el nivel de las conciliaciones”, narró el coronel Espinoza.

En la última fase, que se desarrollaba en el segundo piso de del inmueble, tres mujeres eran obligadas a manejar otro tipo de conversación. Este se basaba en términos legales y judiciales. “Se les amenazaba con ser sometidos a un proceso judicial”, refirió.

En cada nivel, siempre la conversación estaba orientada a obtener datos. “[Con la finalidad de que] si llegaban a tener acceso a sus cuentas, [las] vaciaban”, remarcó.

Sin embargo, los traficantes sí contaban con un cuarto individual y con un bar surtido con los mejores licores y todo tipo de gollerías.

Durante los últimos días, la Policía peruana ha mantenido constante comunicación e intercambio de información con la policía taiwanesa y malaya, a fin de ubicar a las posibles víctimas de estafa y capturar a los cabecillas de esta organización criminal.

Según las autoridades, este negocio ilícito mueve en el Perú alrededor de S/1.500 millones al año.

Más detalles

Según información policial, el alquiler del inmueble ubicado en La Planicie se dio mediante un ciudadano taiwanés de nacionalidad ecuatoriana que reside en Lima. Su nombre es William Bor Yang Tsai Wu. El pago era de US$8.000 mensuales y fue cancelado por cuatro meses.

Los miembros del Dragón Rojo de Taiwán cumplen detención preliminar por siete días. El Poder Judicial dictó esta medida el último martes.