Martín Vizcarra: Congreso defendió inhabilitación por cinco años contra el expresidente por caso CyM Vizcarra

El Congreso de la República sustentó ante el Tribunal Constitucional (TC) la legalidad de la inhabilitación que se aprobó en el 2022 contra Martín Vizcarra para ejercer función pública por cinco años.

El procurador del Poder Legislativo, Javier Ramos, defendió la decisión tomada por el pleno ante la acusación contra el expresidente por mantener sus cargos en la empresa CyM Vizcarra hasta el 2018, cuando esta firma formalizó en registros públicos su renuncia como vicepresidente y gerente de operaciones.

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“Lo que se presentó en el procedimiento parlamentario es el documento de la empresa CyM Vizcarra donde había dicho a la Sunat en 2015 que Martín Vizcarra ya no es trabajador de esta empresa, pero ¿qué cosa nos dice la Sunarp, los registros públicos? [...] Que por junta general extraordinaria de accionistas del 4 de junio del 2018, se acordó revocar el nombramiento como gerente de operaciones, vicepresidente del directorio y de cualquier otro poder otorgado", precisó ante el tribunal.

Según el amparo de Martín Vizcarra, en la inhabilitación aprobada en el 2022 no hubo argumentos porque en Sunat sí se había formalizado su renuncia a cargos directivos y solo mantuvo su puesto como accionista, algo a lo cual renunció en el 2018 cuando vendió su parte al asumir como jefe de Estado.

“Yo no he sido ejecutivo de la empresa después del año 2015 donde me han dado la baja como trabajador en Sunat y en el tema del accionariado no participé en ninguna reunión”, aseguró el exmandatario.

Sin embargo, el procurador del Legislativo advirtió que esta información permaneció vigente hasta el 2018 y que Vizcarra es quien “tendría que demostrar que realmente no tuvo nada que ver”.

“Acá se pretende confundir lo que es un trabajador, funcionario y un accionista. El señor Vizcarra nos dice que renunció como trabajador y gerente de operaciones en el 2015. Vamos a asumir que esta afirmación es correcta, pero siguió siendo miembro de la junta general de accionistas y eso recién operó en el 2018″, advirtió.

Ramos precisó luego, ante las preguntas del TC, que lo que fue cuestionado en la inhabilitación no fue el accionariado de Vizcarra en la empresa, sino que en Sunarp recién dejó de ser gerente y vicepresidente en el 2018.

“Lo que se cuestiona es que el señor era gerente de operaciones y vicepresidente del directorio”, destacó.

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Congreso aseguró que hubo debido proceso contra Martín Vizcarra

El segundo argumento principal del amparo de Martín Vizcarra fue una supuesta vulneración al debido proceso porque, según su abogado, no se le dieron los plazos adecuados para defenderse ante la subcomisión, además d que hubo adelantos de opinión.

Ante esto, el representante del Congreso insistió en que se respetaron todos los pasos necesarios en las instancias parlamentarias.

“Se citó al demandante, se aprobó el informe preliminar, se le concedió el plazo correspondiente para que pudiera absolver los cargos, se emitió el informe final, se lleva a la subcomisión donde se aprueba también pasar al pleno. En el pleno el señor Vizcarra y su abogado tuvieron la oportunidad de hacer el descargo final”, aseguró Ramos.