Martín Vizcarra mantiene resguardo de PNP pese a que norma lo prohíbe: los detalles | INFORME

No obstante, desde mayo de 2022, tras la publicación del Decreto Supremo N°004-2022-IN, Vizcarra Cornejo debió dejar de contar con seguridad policial.

El artículo 11 del referido decreto establece las causales por las que la prestación del servicio de protección por parte de la Dirección de Seguridad del Estado de la PNP “se suspende temporalmente”. Una de ellas, es por la “inhabilitación del cargo o del ejercicio de la función pública”.

Este mecanismo fue promulgado -con las firmas del entonces presidente Pedro Castillo y del ministro del Interior, Alfonso Chávarry- el 6 de mayo del año del 2022 y actualizó el Reglamento de Seguridad y Protección a Funcionarios Públicos, Dignatarios y Personalidades.

El 11 de mayo, cinco días después, el Congreso aprobó una denuncia constitucional contra Vizcarra Cornejo por presuntamente haber tenido vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). Por ello, lo inhabitaron de la función pública por cinco años.

Esa fue la segunda sanción política del también ex gobernador regional de Moquegua. En mayo de 2021, el ex jefe de Estado fue inhabilitado por 10 años, tras el “vacunagate”.

Vizcarra Cornejo tiene a 11 agentes de la Policía Nacional para su seguridad. Uno de estos es un comandante PNP, que tiene como función coordinar al equipo.

Fuentes cercanas al expresidente justificaron el alto número de efectivos para su resguardo, al argumentar que cada cierto tiempo La Resistencia, grupo de extrema derecha, aparece a las afueras de su casa y protesta en su contra. Agregaron que los policías conforman dos grupos de cuatro, que se alternan la protección cada 24 horas. Y de los dos restantes, uno cubre las vacaciones de los demás y el otro es el retén.

“Se está violando la ley”

Para el exministro del Interior Carlos Basombrío, el DS N°004-2022-IN es claro y establece que el resguardo policial “no le corresponde” a los ex altos dignatarios que tienen sus derechos suspendidos “por una inhabilitación” del Congreso.

“En el caso de Vizcarra se está violando la ley, me parece sorprendente que este dispositivo que es claro no sea conocido por la Dirección de Seguridad del Estado. Hay alguien ahí que no ha hecho bien su trabajo, y eso también tiene sanciones. Esta área de la Policía debe decir por qué no ha cumplido con la norma”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Basombrío dijo que le parece “abominable lo que hace La Resistencia”, pero remarcó que las manifestaciones de estos no implican que Vizcarra continúe con un resguardo que ya no le corresponde, de acuerdo a un dispositivo legal dado por el Ejecutivo.

“Basta que la Policía coordine con el expresidente, así como con otros afectados por este grupo para que llamen a la comisaría cada vez que se presenten, y así los policías acudan de inmediato. Si la norma es clara, y un expresidente no recibe seguridad cuando está sancionado por el Congreso, qué pasó”, subrayó.

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Una postura similar tuvo el también exministro del Interior Mariano González, quien sostuvo que se debe aplicar el Reglamento de Seguridad y Protección a Funcionarios Públicos, Dignatarios y Personalidades a Vizcarra Cornejo.

“A él, por las dos inhabilitaciones que tiene para ejercer la función pública, se le tiene que suspender de manera inmediata [el resguardo policial]. Ahora, si hubiera un riesgo inminente a su vida, el señor Vizcarra debe presentar una solicitud y la oficina de Inteligencia de Seguridad del Estado evaluar si procede o no por medio de un informe”, expresó.

González, además, refirió que si la Policía Nacional decide darle, de manera excepcional, una protección al ex jefe de Estado, ésta debería ser similar a la que tiene un congresista. Es decir, dos agentes.

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Por su parte, el exministro del Interior Walter Albán consideró que el DS N°004-2022-IN debe ser interpretado con “criterio de razonabilidad”, al señalar que Vizcarra ha impugnado ante el Poder Judicial las dos sanciones dadas por el Congreso. Agregó que mientras el sistema de justicia no se pronuncie para dejar sin efecto o ratificar las inhabilitaciones, el exmandatario debería continuar con el resguardo.

Albán sostuvo que si Manuel Merino, quien solo ejerció la Presidencia por cinco días, tiene protección policial, por qué Vizcarra, que estuvo dos años y siete meses en poder, no.

El también ex defensor del Pueblo dijo a El Comercio que un sector del Congreso ha actuado “ligeramente” en las denuncias constitucionales contra el ex jefe de Estado. “Ha habido varias deficiencias de procedimiento”, concluyó.

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La ruta legal

Tras una modificación en setiembre de 2018, a través del DL N°1451, la Ley de la Policía establece, en el inciso 6 de su artículo 4, que una de las funciones de la institución es “brindar seguridad y protección al presidente de la República en ejercicio o electo”, así como a jefes de Estado en visita oficial y a titulares de poderes del Estados y “otras personalidades que determine el reglamento correspondiente”. La norma no menciona a los exmandatarios.

Es el reglamento de la Ley de la Policía (el Decreto Supremo N°026-2017-IN) el que establece que una tarea de la PNP es brindar seguridad también a los “expresidentes”.

Precisamente, el DS N°026-2017-IN fue modificado por el DS N°004-2022-IN, a través del cual se unifican criterios para brindar y retirar la referida seguridad a altos dignatarios y ex altas autoridades.

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Al respecto, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi explicó que el DS N°004-2022-IN “se debe cumplir”, porque, desde su punto de vista, “es un escándalo” que el expresidente Vizcarra continúe con una amplia seguridad policial cuando tras sus dos inhabilitaciones no debería contar con este servicio.

“Hay una burla al Estado, este señor no debe tener un día más esta protección y el ministro del Interior debe explicar al Congreso por qué la Policía no ha cumplido con sus normas”, expresó.

El abogado constitucionalista Enrique Ghersi indicó que si bien Reglamento de Seguridad y Protección a Funcionarios Públicos, Dignatarios y Personalidades establece causales para retirar la seguridad a un expresidente, estos mecanismos deberían ser plasmados en la misma Ley de la Policía, al tratarse de un tema delicado.

Ghersi refirió que las modificaciones hechas por el DS N°004-2022-IN son “válidas”, pero políticamente “el tema es discutible”.

“Para quitarle la seguridad a un expresidente debería ser necesaria una norma de mayor jerarquía. El número de agentes que tiene Vizcarra es un exceso, pero yo pienso que los exmandatarios deberían tener seguridad en general”, acotó.

Este Diario intentó comunicarse con el general PNP Ivan Lizzetti Salazar, director de Seguridad de Estado, a través del área de prensa de su área, pero no hubo ninguna respuesta hasta el cierre de esta nota.

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Más información

Son 55 los policías que se dedican a cuidar a los ex jefes de Estado Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti, de acuerdo a información remitida por la Dirección de Seguridad del Estado de la PNP. Humala Taso es quien tiene la mayor cantidad de policías asignados: 13 en total, entre ellos un comandante PNP y 12 suboficiales de diferentes niveles.

El resguardo policial- de acuerdo a información remitida por el Congreso a El Comercio- demandó, hasta setiembre último, un gasto de más de S/1.4 millones a ese poder del Estado.