Pedro Castillo podría ser condenado a 32 años: los argumentos fiscales para pedir prisión preventiva

Ello, al referirse a que muchas de las empresas que han sido favorecidas con obras o elaboración de proyectos, por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda, siguen beneficiándose de dichas adjudicaciones.

Por ello, señaló, la fiscalía revisará los 116 contratos que adjudicó dicho sector como parte de la aplicación del Decreto de Urgencia 102-2021 que permitió proporcionar presupuesto a proyectos de agua potable y saneamiento.

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Castillo es investigado por los presuntos delitos contra la administración pública y la tranquilidad pública, en las modalidades de colusión simple (cómplice primario), tráfico influencias agravado (autor) y organización criminal (autor). Por ello, según la fiscal, -bajo un concurso real de delitos- le esperaría una posible pena de 32 años de condena.

En audiencia pública realizada la mañana de este martes, pidió que se declare fundado su pedido de prisión preventiva contra Castillo. La misma medida y plazo solicitó contra el prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Silva y el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado.

El exmandatario y sus dos exministros son investigados por los presuntos actos ilícitos cometidos cometidos en el MTC-Provías Descentralizado, Petro-Perú y Vivienda.

"Resulta idónea la prisión preventiva como medida solicitada para asegurar la presencia, tanto de Castillo Terrones, Silva Villegas como Alvarado López, quienes ejercían funciones públicas y gozaban de prerrogativas en razón de sus cargos. En este caso tiene como sustento las características propias que requieren acuerdos subrepticios y estando a los contactos previos de funcionarios de alto nivel podrían evadir las investigaciones y obstruir la actividad probatoria (…) Respecto a lo señalado, existen suficientes elementos de convicción que permiten sostener que la presunta organización criminal y sus efectos, siguen aún en vigencia”

Fiscal suprema adjunta Galinka Meza, ante el juez supremo Juan Carlos Checkley.

El juez supremo Juan Carlos Checkley citó a las partes para este jueves a las 3:00 de la tarde a fin de escuchar la lectura de su resolución sobre el pedido de prisión preventiva contra Castillo, Silva y Alvarado.

Más de 300 elementos de convicción

La tesis propuesta por la fiscalía ha concatenado los presuntos actos ilícitos de Castillo, con las acciones que desplegaron Juan Silva y Geiner Alvarado y que habrían llevado a término o facilitado la ejecución de los presuntos actos de corrupción.

Según la hipótesis fiscal, Castillo no solo habría liderado una organización de carácter criminal, sino que, desde la Presidencia de la República, se habría valido de éste para incurrir en presuntos actos de corrupción.

Por ello, la fiscalía ha presentado 331 elementos de convicción para sustentar los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Además ha incluido elementos de convicción que sustentan el peligro de fuga y la obstaculización a las investigaciones.

Durante la audiencia, la fiscal Meza, precisó que se trata elementos de convicción, graves y fundados, orientados a demostrar que Castillo Terrones habría no solo liderado la presunta red criminal, sino que también habría direccionado la designación de funcionarios y el otorgamiento de licitaciones a terceros a cambio de un beneficio económico.

Entre estos elementos se encuentran las declaraciones de los aspirantes a colaboradoradores eficaces como su exsecretario Bruno Pacheco y los empresarios Karelim López y Zamir Villaverde.

Además, las declaraciones de investigados -a nivel de la fiscalía provincial- en diferentes casos, exfuncionarios del gobierno castillista, audios, documentación vinculada a las visitas en Palacio de Gobierno, al MTC, Petro-Perú y Vivienda.

Dichos elementos apuntan a establecer que antes y después de asumir el cargo, Castillo y su red criminal establecieron roles para desplegar presuntos actos corruptos. Esto habría iniciado a través de decisiones políticas que tomó como presidente de la República al nombrar a personas de su entera confianza en los diferentes estamentos del Estado, muchas de las cuales no cumplían con los requisitos o perfiles que exige la norma.

“El funcionamiento implicaba que José Pedro Castillo Terrones tenía el control del suceso, a través del órgano operativo (‘Gabinete de la Sombra [Buró Político]’, congresistas, familiares, lobistas, secretario general, ministros y altos funcionarios), quienes trasmitían las órdenes a los integrantes de órgano ejecutor, encargados de poner en marcha el programa criminal”, advirtió.

La mayoría de personas con las que Castillo habría iniciado el plan criminal, remarcó la fiscalía, no ostentaban cargo público alguno, salvo por José Nenil Medina Guerrero (alcalde de Anguía). Es decir, eran básicamente personas conocidas del exmandatario que “habrían ejercido una notable influencia” sobre José Castillo Terrones, precisamente por su capacidad económica.

“(Era) la transición de una simple congregación circunstancial de carácter político [financiamiento de la campaña política de Castillo Terrones], a la ideación de una estructura organizacional de carácter criminal”, recordó la fiscalía.

Una de las primeras acciones, para dar forma a los supuestos actos criminales, fue la designación del prófugo Juan Silva como ministro de Transportes y Comunicacioes (MTC) y a Geiner Alvarado como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

"El buró político del que se menciona estaba conformado por Abel Cabrera Fernández, Alejandro Sánchez Sánchez, José Nenil Medina […] quienes estaban planificando copar el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a efectos de manejar las obras públicas… a través de Geiner Alvarado López. Este Buró Político iba a proponer la designación de funcionarios en varios niveles para a través de ellos”

Colaborador Eficaz N.° CE-02-5D- 2FPEDCF-2022, declaración de fecha 24 de agosto de 2022.

Es así que, una vez constituida y estructurada la organización criminal liderada por Castillo, y habiendo copado a través de sus integrantes diferentes estamentos del Estado -principalmente en entidades vinculadas al Poder Ejecutivo- dicho grupo criminal puso en marcha su plan delictivo como serían los casos de la empresa estatal Petroperú S. A., así como en el MTC-Provias Descentralizado y en el Ministerio de Vivienda.

“Ha intentado eludir su responsabilidad”

La fiscalía ha señalado que Castillo carece de arraigos domiciliario y familiar y, por el contrario, tras el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 -por el que es procesado en otro expediente- trató de fugar del país.

La falta de arraigos, sostuvo, se fundamenta en que existen evidencias de que buscaba refugiarse en la Embajada de México en Perú (San Isidro) cuando fue vacado tras el golpe de Estado que perpetró; y además, porque su esposa y sus hijos se encuentran como refugiados en dicho país.

Además, recordó la fiscal en audiencia, Castillo también habría tratado de desaparecer evidencia al ordenar que su seguridad -cuando era presidente- desaparezcan su celulares y los reporten como perdidos, además de el amedrentamiento a la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, entre otros hechos.

Así pues, resulta sintomático que, frente a estos hechos, el imputado no ha mostrado en ningún momento voluntad de enmendar su proceder ni de reparar las consecuencias de tales actos, sino básicamente, ha intentado por diversos medios, eludir su responsabilidad, a tal punto que intentó huir de la justicia, antes que, someterse a la justicia”.

REQUERIMIENTO FISCAL

La fiscalía añade que de la revisión de los diferentes casos, se aprecia que la defensa técnica de Castillo Terrones ha solicitado, en más de una oportunidad, reprogramaciones de la toma de su declaración, identificándose “una conducta dilatoria” respecto al esclarecimiento de los hechos. Igualmente, se evidenció la nula intención del investigado de brindar su declaración, en tanto que se acogió a su derecho de guardar silencio.

Los Niños y las empresas chinas

El requerimiento de prisión preventiva guarda también un acápite para explicar cómo es que la organización criminal que habría liderado Castillo Terrones no solo contaba con los exministros Silva y Alvarado. También lo habría operado con el apoyo de algunos congresistas conocidos como “Los Niños” y que formaban el “brazo congresal” de la red criminal.

La red contaba con el “Brazo Buró Político o Gabinete en la Sombra”, “Brazo Familiar”, “Brazo Lobista”, “Brazo de la Secretaria General (coordinación)”, el “Brazo Ministerial y Altos Funcionarios” y “Brazo Obstruccionista”.

Según la fiscalía, el brazo político en el Congreso de la República, actuaba como “escudo protector frente al control político”, conformado presuntamente por los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Luis Flores Ancachi, Jhaec Darwin Espinoza Vargas e Ilich López Ureña, de Acción Popular.

Su función era la de “brindar respaldo” a la gestión del entonces presidente de la República, votando en contra de mociones de vacancia, censuras e interpelaciones de ministros y emitiendo votos a favor de la cuestión de confianza planteada por el Poder Ejecutivo.

Agrega la fiscalía que, debido a dicho accionar se llegó a concretar la celebración de siete contratos.

A ello, indican, los citados congresistas de la República habrían ofrecido a particulares obtener puestos de trabajo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; a cambio de ello, habrían obtenido beneficios económicos ilícitos por parte de dichas personas.

Sobre Silva y Alvarado

Durante la audiencia pública, la fiscalía afirmó que el prófugo exministro Juan Silva era parte del “mando operativo” junto con el prófugo Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, sobrinos de Castillo.

Dicho grupo, agregó, tenía la finalidad de captar empresarios y funcionarios del MTC. De allí que Silva Villegas habría intervenido en la designación del integrantes de Provías y del Comité que licitó el Puente Tarata III al consorcio Termirex, asesorado por Karelim López.

La fiscal indicó que, al estar procesado por los presuntos delitos de organización criminal y colusión, le podría esperar una condena de 24 años y 8 meses al exministro.

Recordó que su condición actual es estar prófugo de la justicia, por lo que no tiene los arraigos necesarios. “Podría ser acogido por algún país vecino en algún momento”, advirtió la fiscal Meza en la audiencia.

Sobre el exministro Geiner Alvarado, investigado por presunto crimen organizado, advirtió que podría obtener una condena futura de 17 años y 8 meses.

Cuestionó que muestre una pluralidad de inmuebles ( 3 domicilios), que no tiene arraigo familiar. Además, advirtió que presentó un contrato de trabajo con una de las empresas que fue benefiado con la licitación de uno de los proyectos incluido en el DS 102-2021 que se habría gestado por la presunta red criminal para favorecerse.

Pidieron rechazar la prisión

Durante la audiencia, el abogado Eduardo Pachas, defensa de Castillo Terrones, solicitó que se declare “infundado” el requerimiento de prisión preventiva.

Entre sus argumentos mencionó que el 20 de febrero, cuando la Fiscalía de la Nación formalizó la Investigación Preparatoria contra su patrocinado, no se requirió ninguna medida, por lo que operaba la comparecencia simple.

Por tanto, expresó que lo que se debería haber solicitado era una variación de la comparecencia por prisión preventiva.

Aseguró que el domicilio de Castillo Terrones, desde el 7 de diciembre del 2022, es el Penal de Barbadillo (Ate), pues allí la fiscalía le envía los documentos y allí su familia lo visita. Por tanto, agregó, sí tiene domicilio conocido.

Además, cuestionó que la fiscalía no haya presentado “prueba nueva” para alegar un peligro de fuga de parte de su patrocinado, ya que -a su entender- se está postulando el requerimiento con los mismos elementos que se formalizó la investigación preparatoria y donde no se requerió medidas. Además, Castillo cumple prisió preventiva en un penal custodiado por 20 miembros del Inpe y cinco policías armados, además de otros que están en el exterior.

Aseguró que, por ejemplo, en el caso de los funcionarios Provías Descentralizado y el Comité que licitó el proyecto Puente Tarata III, habían sido nombrados en abril del 2021 y no cuando Castillo asumió la presidencia. Por tanto, rechazó que Castillo haya intervenido en sus designaciones.

Y, en el caso Petro-Perú, dijo, no existen elementos para sostener que se haya pagado pues no se ha establecido dónde está el dinero que habría recibido su patrocinado.

Castillo Terrones, quien hizo uso de la palabra de manera virtual, arremetió contra el Congreso de la República y los medios de comunicación a quienes acusó de haber armado un “castillo” de especulaciones y falsedades. Además, cuestionó al actual presidente del Consejo de Ministros Fredy Otárola.

“Un Congreso de la República que hoy no le sirve al país y que tiene más de 6.500 vuelos al año [...] y que cuando el presidente de la República, con su Consejo de Ministros va a pedir presupuesto para el país, primero le piden 500 millones de soles para que se repartan en sus bancadas. ¿Dónde está en verdad la presunta organización criminal?”, dijo.

El expresidente dijo que se encuentra “secuestrado” y negó las imputaciones de corrupción en su contra.

A su turno, Jorge Castro, abogado del exministro Juan Silva, también solicitó que se rechace el pedido de prisión preventiva en contra de su patrocinado y aseveró que la fiscalía ha excedido la autorización que aprobó el Congreso de la República para procesar penalmente a su patrocinado.

El defensor legal indicó que según el prófugo exministro, el caso del Puente Tarata III se inició durante la gestión del expresidente Martín Vizcarra; y que su cliente fue el que descubrió la presunta red criminal y que en ‘noviembre 2021′ lo informó a Fiscalía de la Nación. Además, que fue quien ordenó anular dicho proceso de licitación.

Agregó que han solicitado que se realice una peritaje sobre el proceso mencionado, pero que hasta ahora la fiscalía no ha realizado tal trámite.

Finalmente, Castro aseguró que no se ha encontrado la “ruta del dinero” de los S/100 mil que Zamir Villaverde asegura haberle entregado a su patrocinado.

Humberto Abanto, abogado del exministro Geiner Alvarado, también solicitó que se declare “improcedente” el requerimiento fiscal y pidió al juez que, para analizar la solicitud de prisión preventiva del Ministerio Público, no deben ser considerados “elementos de convicción” las disposiciones fiscales, ni tampoco los informes policiales. Solomente, precisó, deben ser atendidas las pruebas actuadas.

Aseguró que la fiscalía presentó a los mismos colaboradores en todos los hechos imputados para mostrar una “plularidad de colaboradores” cuando se trataba de los mismos.

Abanto sostuvo que los proyectos vinculados al caso del Ministerio de Vivienda y el DS 102-2021, ya habían sido aprobados durante la gestión del expresidente Francisco Sagasti. Además, que su patrociando siempre acudió a las citaciones fiscales y se allanó en el Congreso para que se apruebe la acusación constitucional en su contra a fin de que la Fiscalía de la Nación judicialice el caso.

Alvarado López, de manera virtual, rechazó las imputaciones en su contra y aseveró que en su gestión mantuvo a funcionarios que venían del gobierno del expresidente Sagasti, para demostrar que no colocó a personas de su entorno.

Y sobre los proyectos del Decreto de Urgencia 102-2021 indica que fueron aprobados en 2020 y que no fueron decisión de él. Aseguró que su domicilio siempre fue en el distrito de Magdalena y por ello, cuando la fiscalía le ha enviado citaciones a dicho lugar, ha acudido.

“No entiendo por qué se dice que no se me puede ubicar”, afirmó.