Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, se encuentra desde este miércoles en México que le otorgó asilo político pese a la investigación fiscal que la coloca como una de las principales operadoras de la red criminal de corrupción que habría liderado el exmandatario.
Paredes, por ahora ha eludido el brazo de la justicia; sin embargo, Pedro Castillo -quien se encuentra cumpliendo una prisión preventiva de 18 meses por haber encabezado un golpe de Estado- y seis de sus familiares deberán seguir afrontando las investigaciones en su contra por integrar la misma red criminal que habría operado durante su gobierno.
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Entre los investigados se encuentran: Fray Vásquez Castillo, Gianmarco Castillo Gómez, Yenifer Paredes Navarro, Rudbel Oblitas Paredes, David Paredes Navarro y Walter Paredes Navarro.
Fray Vásquez Castillo, el sobrino
Fray Vásquez Castillo fue uno de los primeros en ser incluido como investigado en la trama de corrupción que se habría desplegado desde que Castillo Terrones llegó a la presidencia en julio de 2021.
El sobrino del expresidente es investigado por presunto crimen organizado, tráfico de influencias y otros. Se encuentra prófugo de la justicia desde mayo del 2022 y la División de Recompensas del Ministerio del Interior ofrece de S/30 mil por cualquier información que permita capturarlo.
La Policía y la Fiscalía tuvieron una pista sobre su paradero en julio de este año, e intervinieron una casa en Asia (Sur de Lima) - que según colaboradores eficaces sería Castillo- pero no lograron encontrarlo.
Según la tesis fiscal, sería integrante de una organización criminal (conformando el denominado “brazo o grupo operativo” como mando medio) que habría aprovechado su condición de sobrino del expresidente y sus vínculos con altos funcionarios del Estado, para obtener ganancias o beneficios, realizar las negociaciones con los representantes o empresarios captados.
El primero de los casos en que se vio implicado que la adjudicación de la Licitación Pública N.° 01- 2021-MTC/12), ofreciendo beneficiar al “Consorcio Puente Tarata III” llevados a cabo por Provías Descentralizado, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Para ello habría coordinado con miembros de la organización criminal, entre ellos el empresario Zamir Villaverde -hoy colaborador eficaz- a quien conoció antes de la asunción del gobierno de Pedro Castillo.
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La fiscalía recuerda que la relación entre ambos era estrecha puesto que la empresa de Villaverde (Mazavig) brindaba seguridad y además le proporcionó las unidades vehiculares a Vásquez para que se puedan transportar durante la campaña electoral y posterior a la elección de Castillo.
Karelim López, la empresaria sometida a colaboración eficaz, también señaló a Fray Vásquez y Villaverde, indicando que ambos se reunían en Palacio de Gobierno para concertar sus presuntos actos criminales.
El colaborador eficaz N°CE-01-2022 declaró: “Quiero señalar que respecto a Marco Antonio Zamir Villaverde García, dicha persona estaba captando empresarios para ofrecerles obras en el MTC, Provias Descentralizado Y Provias Nacional, a cambio de sumas de dinero; asimismo, junto con Fray Vásquez estaban convocando a personas de su confianza o aliados, para que ocuparan los cargos importantes en el MTC, a fin de dirigir las licitaciones”.
Vásquez Castillo también ha sido incluido en el esquema de corrupción que la red criminal habría desplegado en el Ministerio de Vivienda cuando dicha cartera estaba a cargo de Geiner Alvarado López.
Según las pesquisas, el sobrino de Castillo, por encargo de su tío, habría presentado a Salatiel Marrufo y este fue designado jefe de gabinete de asesores del entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado.
El exministro de Vivienda ha reconocido haberse comunicado con el sobrino de Castillo en el 2021, pero aseveró que no recordaba el tema.
Yenifer Paredes, la cuñada de Pedro Castillo
Yenifer Noelia Paredes Navarro, cuñada de Pedro Castillo, es investigada por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública - organización criminal, colusión agravada y lavado de activos, en agravio del Estado.
La hermana de la ex primera dama Lilia Paredes también es considerada por la fiscalía como parte de la red criminal que lideraría el expresidente. En agosto se dictó en su contra 30 meses de prisión preventiva, pero fue liberada un mes después por una sala judicial.
El tribunal que ordenó su libertad le impuso reglas de conducta, entre ellas no ausentarse de su lugar de residencia sin autorización judicial.
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A diferencia de su hermana, Paredes Navarro no recibió el asilo político de México, pese a que era considerada una hija putativa, según lo declaró en diversas oportunidades Castillo Terrones.
Tras el golpe de Estado perpetrado por su cuñado, Paredes Navarro tuvo que abandonar Palacio de Gobierno donde vivía junto a su hermana y sus sobrinos. Su nuevo domicilio sigue siendo en un distrito de Lima.
Según la tesis fiscal, Yenifer Paredes sería la “lobista” de la organización criminal pues se encargaría de buscar y captar alcaldes de las diferentes localidades del país, a quienes les ofrecía la viabilidad y celeridad para el financiamiento de sus proyectos de saneamiento, con la condición que la red criminal pueda intervenir en dichos proyectos utilizando empresas de fachada. Estas se encargarían de la formulación del expediente técnico y posterior ejecución de la obra.
Paredes habría logrado desplegar dichas actividad criminal valiéndose de su posición de Poder como hermana de la primera dama Lilia Paredes Navarro, quien informaba al expresidente los proyectos que habían sido negociados y, éste en contubernio con el anterior Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Geiner Alvarado Lopez, incluía los proyectos u obras en los Decretos de Urgencia como el 102-2021..
Su participación en los hechos fue reconocida por el empresario Hugo Espino Lucana, gerente de JJM Espino Ingeniería- instrumentalizada como empresa de fachada para elaborar los expedientes técnicos de las obras cuyo presupuesto había sido aprobado por el sector Vivienda.
Las actividades en las que habría participado se vincularían a presupuesto para los municipios distritales de Anguía, Chachapoyas, Chadin y Cajatambo haciendo un aproximado de S/6 millones a través de “licitaciones públicas fraudulentas”, según la tesis fiscal.
En agosto de este año, cuando la Policía y la Fiscalía acudieron a Palacio de Gobierno para su detención, la diligencia fue demorada por personal de dicha entidad y cuando las autoridades lograron ingresar, Paredes no fue hallada pese a que informes de inteligencia dieron cuenta que ella sí estaba en dicho lugar.
Rudbel Oblitas, sobrino de Lilia Paredes
Según la fiscalía, Rudbel Oblitas, sobrino de Lilia Paredes, sería uno de los principales integrantes del brazo operativo de la red criminal en su condición de mando medio; y por ello se le investiga por presunta organización criminal, tráfico de influencias y otros delitos.
Se le implica en los casos Petro-Perú, Ministerio de Vivienda y en el Ministerio de Defensa. Recientemente se le dictó impedimento de salida del país por 36 meses por el primero de los casos.
Semanas atrás la fiscalía dispuso que sea conducido de grado o fuerza para que declare en la investigación que se seguía contra David Paredes, hermano de la exprimera dama.
“Está el expresidente, los sobrinos y dentro de ellos Rudbel Oblitas. En el caso concreto está vinculado a la designación del investigado Hugo Chávez, quien gracias al aporte de Oblitas habría sido directivo y gerente general de Petro-Perú”, señaló el fiscal Raúl Martínez que investiga el caso Petro-Perú.
Según el representante del Ministerio Público, el colaborador eficaz 4-2022 señaló que los sobrinos del exjefe de Estado ocupaban un papel importante en la organización y entre ellos está Rudbel Oblitas Paredes.
La colaboradora eficaz Karelim López ha precisado ante la fiscalía que Oblitas se le acercó para tratar temas vinculados a la investigación al exsecretario presidencial Bruno Pacheco, a finales del 2021.
“Que sí conoce a Rudbel Oblitas, que es sobrino del (ex)presidente por parte de su esposa y que lo conoció (vio) en dos oportunidades”, relató López a la Fiscalía.
Una de ellas, dijo, fue cuando la citó a ella sola y otra con Bruno Pacheco.
“Esta persona Oblitas actuaría dentro de la organización de distintas maneras”, remató el fiscal cuando solicitó impedimento de salida del país para este investigado.
Según denunció el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini), José Fernández Latorre, el sobrino presidencial le pidió S/100 mil, argumentando que necesitaba dinero porque tenía que arreglar un reportaje sobre su tío. Precisó que fue Oblitas, en persona, quien le hizo tal requerimiento.
“Este señor llega a mi oficina acompañado del señor Walter Ayala (exministro de Defensa), el señor Henry Shimabukuro. Lo vi con una postura de soberbia o pensaba que al frente tenía a un director de esos que agachan la cabeza. Me pidió 100 mil soles, porque dijo que tenía que arreglar un reportaje sobre su tío y que los necesitaba de manera urgente”, relató Fernández.
Gian Marco Castillo, sobrino de Pedro Castillo
La fiscalía investiga a Gian Marco Castillo Gómez como parte del brazo operativo de la organización criminal que habría operado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Junto a Fray Vásquez, habría estado implicado en el Caso Puente Tarata.
Su vinculación con la red criminal, se sustentaría en la declaración de la colaboradora eficaz Karelim López Arredondo -investigada por el Caso Puente Tarata- quien vinculó a Castillo Gómez, junto a Vásquez, como los sobrinos que recibían a los empresarios que buscaban beneficiarse con licitaciones.
“Zamir Villaverde empieza a traer amigos empresarios ante los sobrinos para que ellos sean las puertas de acceso al Presidente. Llevaban al empresario, le preguntaban cuál era trámite o asunto que requería, incluso habían temas de telecomunicaciones. Los sobrinos hacían que el presidente de la República atienda a los empresarios, esto es, que los reciba, y los sobrinos hacían las gestiones para que el presidente de la República autorice a (el exministro del MTC) Juan Silva lo que los empresarios solicitaban. Los sobrinos tenían todo el acceso a todo lo que era el MTC”, dijo López.
Además, la fiscalía concluyó que las visitas que realizó López Arredondo a Palacio de Gobierno para reunirse con Castillo Terrones y Bruno Pacheco, también coincidían en fechas y horas en las que el investigado Gian Marco Castillo Gómez registraba ingresos a Palacio de Gobierno.
“Lo que evidencia las reuniones y negociaciones que entre sus intervinientes se habrían llevado a cabo y que guardarían relación con el direccionamiento de la Licitación Pública N° 01-2021 a favor del Consorcio Puente Tarata III”, señaló la fiscalía.
David y Walter Paredes, hermanos de Lilia Paredes
David Alfonso Paredes Navarro y Enrique Paredes Navarro, hermanos de la exprimera dama y cuñados de Castillo son investigados por presunto delito de lavado de activos.
Según la imputación fiscal depositaron S/90 mil a los empresarios Hugo y Angie Espino, como una presunta comisión por prestar sus empresas como fachada y dejar que sean usadas por la red criminal para la licitación fraudulenta y elaboración de expedientes técnicos para las obras.
Dichas transferencias han quedado registrados en el reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera-UIF Nr. 021-2022-DAQ-UIF-SBS del 24 de julio del 2022
Según la fiscalía, el 21 de octubre del 2021, el investigado David Paredes, sin contar con trabajo conocido ni registrar ingresos económicos, le hizo un depósito bancario de S/70 mil a la cuenta del investigado Hugo Espino Lucana con la finalidad de cubrir los costos para la elaboración del expediente técnico del proyecto Mejoramiento, Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico de los Caseríos de Succha, Chontas y la Palma, al investigado Espino.
Dicho dinero, alega la fiscalía, habría sido entregado por la exprimera dama Lilia Paredes Navarro, quien se encargaría de financiar el servicio de consultoría y luego por intermedio del presidente Pedro Castillo, que posteriormente dicho dinero entregado a los hermanos Espino, le sería devuelto puesto que era incluido como parte del presupuesto otorgados a través de los Decretos de Urgencias (como en el 102-2021) en coordinación con el exministro Geiner Alvarado de Vivienda.
La misma situación ocurrió el 6 de octubre del 2021 con Walter Paredes que, sin registrar ingresos económicos, le hizo un depósito bancario de S/20mil de origen desconocido a la cuenta de la investigada Angie Espino.