El Ministerio Público abrió una investigación preventiva contra la excandidata presidencial Verónika Mendoza por presuntamente incitar a disturbios y conspirar para rebelión, sedición o motín, en atención a una denuncia presentada por el congresista Jorge Montoya.
Fue el legislador quien confirmó que la fiscalía inició la investigación contra Mendoza por estos delitos. “Es imperativo que esta investigación avance con rapidez y contundencia para proteger nuestra democracia de aquellos que pretenden desestabilizar al país”, comentó.
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“Señora Verónika Mendoza, el derecho a la protesta es legítimo, pero lo que usted ha promovido no es protesta; es una rebelión disfrazada de indignación. Su afán de poder y su incapacidad para aceptar la voluntad popular es no solo insultante, sino también peligrosa”, agregó.
El oficio donde Montoya acusó a la excandidata presidencial fue enviado el 22 de julio al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, y ahí solicita que se incluyan a todos los responsables de lo que calificó como un intento para “generar situaciones de peligro y alto riesgo de incurrir en la comisión de los delitos de disturbios y conspiración para una rebelión, sedición o motín”.
Los hechos ocurrieron el 13 de julio en Cusco, durante un mitin en el que participó Verónika Mendoza invocando una “insurgencia ciudadana” antes de las elecciones del 2026.
“¡Insurgencia ciudadana! Nadie debe obediencia a un Gobierno usurpador, nadie debe respeto a leyes espurias. Incluso esta Constitución reconoce el derecho a la insurgencia ciudadana. o tenemos por qué rendirle respeto ni ninguna pleitesía a este Gobierno y Congreso mafiosos, nos tenemos que autogobernar siguiendo nuestros principios del buen vivir”, son las citas textuales que dijo Mendoza en el evento que fue difundido en redes sociales.
Verónika Mendoza confirma investigación
En sus redes sociales, Verónika Mendoza confirmó que el Ministerio Público abrió una investigación preventiva basada en las acusaciones de Jorge Montoya, lo que calificó como un intento de una “coalición mafiosa” que busca criminalizar el derecho a la protesta.
“El derecho a la insurgencia de la ciudadanía está reconocido incluso en la Constitución que, en su artículo 46 dice claramente: Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a leyes espurias”, indica.
Según Mendoza, también el derecho a la protesta está respaldado en la Constitución y las leyes internacionales. Estos argumentos, explicó, son los mismos con los cuales ha respondido a la investigación fiscal.
