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Vicepresidenta de la JNJ pide suspender a Delia Espinoza por seis meses: ¿qué acusaciones enfrenta la fiscal de la Nación?
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La vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, recomendó abrir un procedimiento disciplinario y suspender de manera preventiva por seis meses a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
Cabrera le imputa a Espinoza haber desobedecido la resolución que ordenó reincorporar a Patricia Benavides como fiscal suprema y titular del Ministerio Público.
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El caso contra la fiscal de la Nación lo documentó en dos informes a los que accedió El Comercio el lunes 8 de septiembre.
Si el pleno de la JNJ acoge la propuesta, Espinoza sería apartada temporalmente del cargo en medio de un proceso disciplinario que podría derivar en sanciones más severas.
Vicepresidenta de la JNJ recomienda suspender a la titular del Ministerio Público.
El caso
Los hechos se remontan a junio pasado, cuando la JNJ dispuso la reposición de Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación, tras la revisión de las sanciones que se le habían impuesto.
Espinoza cuestionó públicamente la decisión y demoró su ejecución. La reincorporación se hizo efectiva recién en agosto, tras decisiones judiciales e institucionales que dejaron sin efecto la destitución y suspensión de Benavides.
Para María Teresa Cabrera, la resistencia de Delia Espinoza constituye un incumplimiento muy grave y un desafío a la autoridad de la JNJ.
Documentos clave
Cabrera propone aplicar una “medida cautelar de suspensión preventiva” contra Espinoza por un periodo de hasta seis meses. Se ampara en la Ley Orgánica de la JNJ y en el artículo 88 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios.
En uno de los informes, Cabrera atribuye a Espinoza cuatro hechos centrales: ignorar la Resolución N.° 231-2025-JNJ, que ordenaba reincorporar a Benavides, continuar ejerciendo el cargo de fiscal de la Nación “de manera ilegal e inconstitucional”, negarse a recibir a Benavides e instigar al personal fiscal y administrativo a ocupar el noveno piso del Ministerio Público con el fin de bloquear la ejecución de la orden.
El informe recuerda que la Constitución otorga a la JNJ la facultad de sancionar a jueces y fiscales. Además, argumenta que la suspensión preventiva es una medida excepcional y provisional, necesaria para evitar daños a la institucionalidad y garantizar el interés público.
El otro documento corresponde a la etapa final de la investigación preliminar y recomienda abrir un procedimiento disciplinario contra Espinoza por faltas graves y muy graves.
Cabrera plantea que se inicie un procedimiento disciplinario contra la fiscal de la Nación.
Los informes responden a una denuncia presentada el 25 de junio de 2025 por el abogado Luis Miguel Caya Salazar. Este acusaba a Espinoza de desconocer la resolución de reincorporación, ejercer ilegalmente el cargo, negarse a cumplir funciones e instigar a obstaculizar el mandato de la JNJ.
La defensa de Espinoza
La fiscal de la Nación respondió que los cargos que Luis Miguel Caya le atribuyó eran genéricos, carecían de pruebas y vulneraban el principio de imputación necesaria. También cuestionó la legitimidad del denunciante, pues —según dijo— no demostró afectación directa a sus derechos.
La titular del Ministerio Público presentó una nulidad contra el decreto que ordenó recabar información. Alegó vulneración del debido procedimiento.
No obstante, Cabrera desestimó los argumentos de la defensa. Señaló que hubo una resistencia “injustificada y dilatoria” de Espinoza y documenta diversas acciones, como el envío de oficios solicitando documentación considerada innecesaria, declaraciones públicas de oposición a la JNJ yu la convocatoria a una vigilia institucional para rechazar la reincorporación de Benavides.
En opinión de Cabrera, las acciones de Espinoza implican faltas graves y muy graves previstas en la Ley de la Carrera Fiscal.
Lo que viene
El pleno de la JNJ deberá pronunciarse sobre las propuestas presentadas. Si acoge la medida cautelar, Espinoza quedará apartada temporalmente del Ministerio Público.
El procedimiento disciplinario podría prolongarse varios meses y culminar en sanciones que van desde una amonestación hasta la destitución.
Gilmar Andía: “Es descabellado”
El abogado penalista Gilmar Andía cuestionó la solidez jurídica del informe que recomienda suspender a la fiscal de la Nación.
“No solo es desproporcionado, sino descabellado, porque las razones fundamentadas y motivadas sobre por qué se estaría aplicando esta medida no están claras dentro de la resolución. Se tiene que establecer que la medida se tomará para evitar la obstaculización del procedimiento. Sin embargo, esto no se plasma en la resolución”, dijo en diálogo con El Comercio.
Para el ex viceministro de Justicia, la resolución adolece de una debida fundamentación.
“El test de proporcionalidad que han establecido es, por decir lo menos, inexistente. Lo que sí queda claro es que dice que la actitud o las formas en las que ella habría actuado han disminuido el respeto a la autoridad de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, casi casi estarían tomando una sanción adelantada”.
Andía hizo notar una desviación entre lo que exige el reglamento disciplinario y los argumentos empleados en la resolución de Cabrera. “Lo que dice una parte de la resolución es que es necesaria la medida para restablecer el principio de legalidad y evitar un precedente en la fuerza vinculante de la Junta Nacional de Justicia. Pero eso nada tiene que ver con lo establecido en las normas de la Junta Nacional de Justicia, que dice que la suspensión es necesaria para los fines de la investigación”.
Finalmente, el penalista sostiene que la decisión de apartar a Espinoza Valenzuela podría tener un trasfondo ajeno al debate legal: “Esto es más una cuestión política. Tienen una necesidad de sacar a la doctora Delia Espinosa. Creo que esta es una resolución totalmente fuera de derecho”.
Vargas Valdivia: “Buscan descabezar al Ministerio Público”
El abogado penalista Luis Vargas Valdivia calificó el pedido de suspensión como una medida “muy pobre” en fundamentos jurídicos y advirtió que detrás de la decisión podría haber intereses distintos a los institucionales.
“La resolución es muy pobre. No hay mayores elementos que permitan establecer por qué es necesario que sea apartada del cargo”, señaló a El Comercio.
En su opinión, la medida cautelar propuesta por Cabrera no responde a un análisis riguroso de los hechos ni a un riesgo procesal real, sino a un objetivo político.
“Es claro que esta propuesta de la señora vicepresidenta no tiene sustento. No responde a un acto propio del cargo, responde a intereses distintos. Es obvio que lo que se busca es descabezar al Ministerio Público”, dijo.
El penalista añadió: “¿Qué es lo que tendría que hacer la señora [Espinoza]? Primero, oponerse; segundo, asistir a la audiencia; tercero, presentar una reconsideración y luego interponer un amparo. Este caso va a terminar en el Tribunal Constitucional”.
