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Análisis del informe de la Comisión Lava Jato: algunas ausencias y poco sustento

Abogados advierten deficiencias en investigación parlamentaria del Caso Lava Jato y sostienen que informe no contiene indicios para implicar a Alan García y a Keiko Fujimori

La sustentación y posterior debate del informe final de la Comisión Lava Jato, aprobado el viernes en el pleno, estuvieron centrados en gran medida en dos personajes: el ex presidente Alan García y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Tres abogados revisaron el documento y advirtieron que hubo deficiencias en la investigación parlamentaria. Coincidieron en que no aportará a las investigaciones fiscales en curso.

—El caso de García—
El nombre del líder del Partido Aprista aparece en el informe Lava Jato, específicamente en el capítulo sobre el metro de Lima. Este abarca 50 páginas del documento elaborado por la legisladora Rosa Bartra (Fuerza Popular), quien fue titular del grupo de trabajo. En su sustentación ante el pleno, Bartra presentó 40 diapositivas sobre este capítulo.

En las conclusiones también figura García, pero no como acusado. Según el informe, habría cometido una infracción constitucional al impulsar la construcción de la línea 1 del metro de Lima en 18 meses. “La rapidez con la que se construyó el megaproyecto generó que se elevaran los costos del primer tramo, pues el valor referencial se adecuó, entre otras razones, por la rapidez con la que se buscó trabajar”, señala el texto.

Aun así, Bartra argumentó que, hasta el cierre de su investigación, ni ella ni ninguno de los miembros de la comisión “han encontrado suficiencia probatoria para imputarle un delito”. Explicó que, después de cinco años de vencido un mandato presidencial, ya no es posible interponer una denuncia constitucional. “[Por ese motivo] no están por lo menos 100 o 150 personas, porque venció el plazo por prescripción”, dijo.

Tras la revisión del referido capítulo, el abogado Andrés Calderón aseveró que el informe es un “recuento de hechos que no tiene casi nada nuevo de lo que ya se conoce a través de la fiscalía o la prensa”. “No solo no hay indicios para atribuir responsabilidades penales a Alan García, sino que no los hay para atribuirle responsabilidades a nadie”, afirmó el director de la Clínica Jurídica de la Universidad del Pacífico.

“Es un recuento de hechos de la emisión del decreto de urgencia, viajes, la exoneración de SNIP, y cosas que pueden ser sospechosas, antiéticas si quieres, pero no hay indicios de delitos”, anotó.

A la vez, consideró que tampoco deberían haber acusado al ex ministro Enrique Cornejo. “Bajo la línea de razonamiento del informe, si fueran coherentes podrían haber acusado a Alan García por colusión”, añadió.

Respecto a la infracción constitucional atribuida a García, Calderón expresó que la comisión sí pudo entablar una denuncia si quería inhabilitarlo para ejercer algún cargo público. “Podrían hacerlo, pero nuevamente estamos ante un informe que tampoco tiene indicios para acusarlo por infracción constitucional”, dijo.

En tanto, el constitucionalista Luciano López sostuvo que, al igual que otras investigaciones parlamentarias, el informe Lava Jato es metodológicamente deficiente. “Si ya prescribió su prerrogativa de antejuicio, eso no significa que no se le puede formular denuncia. Por el contrario, al no tener la prerrogativa, nada les impide recomendar al Ministerio Público que se investigue, en este caso, a Alan García por la comisión de delito. Pero estamos ante una investigación hecha por políticos que siguen sus propios intereses”, indicó.

Según López, la comisión también podía presentar una denuncia por infracción constitucional. “César Hinostroza y Pedro Chávarry necesitan una denuncia constitucional porque aún tienen la prerrogativa de alto funcionario, Alan García ya no. Si quisieran, hubieran podido conjugar lo político con lo jurídico, como en los otros casos”, manifestó.

—El caso de Fujimori—
Keiko Fujimori no aparece en el informe Lava Jato, pues no fue incluida en la investigación. Bartra explicó que el marco de la investigación lo impedía.

“Yo he cumplido un mandato que el pleno me ha otorgado, investigar coimas que hubieran recibido funcionarios de cualquier nivel de gobierno en el marco de la contratación de megaproyectos por las empresas brasileñas y sus consorciadas. […] Se hace desde el 2001 hasta la fecha, son 41 proyectos y realizamos una matriz de priorización y se investigaron 11 proyectos”, explicó en Canal N.

Para el penalista Luis Lamas Puccio, el principal problema está en que el Congreso hace “investigaciones políticas” y que se incurrió en un error al intentar incluir tanto a Fujimori como a García al final de la investigación, con el informe final ya presentado.

“No puede incluir a una persona que nunca interrogaste bajo la calidad de investigada. Se tuvo que delimitar desde un inicio si se iba a incluir, por ejemplo, el financiamiento de las empresas brasileñas a los partidos políticos, pero no se hizo. Para investigar, que en alguna medida es una forma de juzgamiento previo, tienes que tener parámetros porque la conclusión es un pronunciamiento”, sostuvo.

Lamas Puccio afirmó que hay tres elementos que desnaturalizan una investigación parlamentaria: los congresistas y asesores no están capacitados para una metodología de trabajo sobre la prueba indiciaria, se realizan siempre como un paralelismo al sistema de justicia sin respetar los mismos protocolos de imparcialidad y se manejan políticamente.

“Este informe es una narrativa. La finalidad más importante de este tipo de comisiones, desde el punto de vista penal, termina siendo el distraer a la opinión pública de un foco de interés, tanto como para limpiar la imagen de unos a través de la incorporación de otros, condenándolos políticamente o excluyéndolos”, acotó.

López recordó que el artículo 97 de la Constitución estipula que las conclusiones de los informes parlamentarios “no obligan a los órganos jurisdiccionales” a actuar. “No son vinculantes, podrían ayudar pero no son esenciales. Que los incluyan o excluyan, igual el Ministerio Público seguirá investigando. Habría que establecer un debate para una reforma constitucional a fin de determinar si merece mantener esta facultad investigativa al Parlamento”, concluyó.

—Informe en minoría tampoco aporta—
El abogado Andrés Calderón también criticó el informe en minoría del legislador Humberto Morales (Frente Amplio), el cual sí acusaba a Alan García y a Keiko Fujimori.

“El informe en minoría es muy forzado. Aporta más contexto como para poder hacer un reproche político, pero no expone indicios suficientes. Los delitos de tráfico de influencias, colusión desleal, requieren un nivel de probanza superior al que expone dicho informe”, explicó.

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