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La Procuraduría Ad Hoc para el Caso Lava Jato solicitó cerca de US$200 millones como reparación civil a favor del Estado, como parte del proceso judicial que se le sigue al exgobernador Regional de Lambayeque, Yehude Simon, junto a los expresidentes Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y otros exfuncionarios implicados en la licitación y continuidad del Proyecto Trasvase Olmos, a favor de la empresa Odebrecht.
El requerimiento lo realizó al solicitar constituirse como actor civil en el proceso penal seguido contra Simon Munaro y otros, por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo, negociación incompatible, lavado de activos y organización criminal, en agravio del Estado.
El pedido fue admitido por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a cargo de la juez Soledad Barrueto, que declaró fundado la constitución de dicha procuraduría como actor civil en defensa del Estado.
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Según el documento judicial, el monto solicitado por la procuraduría es de US$ 181′843.150,29; y deberá ser pagado por los procesados en caso sean hallados responsables. Se postuló en base a nueve hechos irregulares detectados por el Ministerio Público.
“La Procuraduría Pública Ad Hoc ha establecido como monto de postulación de la reparación civil la suma de US$ 181′843.150,29 (ciento ochenta y un millones ochocientos cuarenta y tres mil ciento cincuenta con 29/100 dólares americanos) monto que deberá ser pagado de manera solidaria entre los investigados comprendidos en cada uno de los hechos y por los montos estimados por cada hecho”, se indica en el requerimiento.
Procuraduría Ad Hoc Lava Jato, está a cargo de la abogada Silva Carrión.
/ ANTHONY NI„O DE GUZMANObras por aportes a campaña
Según la hipótesis fiscal, habría existido una presunta organización criminal en el interior del aparato estatal (Gobierno Regional de Lambayeque y Gobierno Central) que tenía entre sus fines cometer actos de corrupción favoreciendo al grupo empresarial brasileño Odebrecht para que se hicieran de las concesiones y obras públicas en dicha región; y en este contexto, la investigación se centra en presuntos ilícitos cometidos en el marco de la Concesión Trasvase Olmos.
Los actos y decisiones presuntamente ilegales que fueron adoptadas generaron que la propuesta económica presentada por Constructora Norberto Odebrecht SA fuera aceptada; y por tanto se acordó por unanimidad adjudicarle la buena pro a favor del proyecto.
El contrato de concesión fue suscrito con fecha 22 de julio del 2004 por el Gobierno Regional de Lambayeque como “el Concedente”, representado por Yehude Simon Munaro; Concesionaria Trasvase Olmos S.A. “El Concesionario” representado por Jorge Henrique Simoes Barata y Juan Andrés Marsano Soto, figurando como interviniente la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), representada por René Helbert Cornejo Díaz.
De los hechos detectados por la fiscalía, se ha determinado que el Gobierno Regional de Lambayeque otorgó a la Concesionaria Trasvase Olmos ampliaciones de plazo del período inicial sin sustento, pagó mayores costos de obra e inaplicó penalidades contraviniendo disposiciones contractuales y la normativa aplicable, generando un perjuicio económico por US$ 17′903.068,86 (USD$ 9′000,000.00 correspondientes a penalidades no aplicadas a la concesionaria a consecuencia de la indebida ampliación del período inicial o de construcción por el primer y segundo grupo de eventos; US$ 209.068,86 por pago de los honorarios del experto en el marco de la Transacción Extrajudicial, con cargo a los recursos del Proyecto Especial Olmos Tinajones, pese a no contar con sustento en el Contrato de Concesión; y, US$ 3′010.000 por pago del costo del financiamiento de los ingresos no percibidos por la Concesionaria durante el retraso generado por el Primer y Segundo Grupo de Eventos, pese a ser atribuible a la Concesionaria).
Según la fiscalía, los actos irregulares que habría cometido Simon Munaro estarían vinculados a la entrega de activos ilícitos por parte de la empresa Odebrecht a la campaña política de reelección en el Gobierno Regional de Lambayeque del entonces candidato, hoy investigado, Yehude Simon Munaro; lo que ha ameritado el extremo de la investigación por presunto lavado de activos.
En específico se tiene dos ámbitos que vienen siendo investigados; un pago de US$ 300.000 proveniente de la caja 2 del departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht; y otro de US$ 92.500, que el exgobernador habría usado para la compra de un inmueble.
Asimismo, se habría pretendido otorgar la apariencia de legalidad de las dádivas otorgadas por Jorge Simoes Barata a la campaña de reelección de Yehude Simon Munaro, declarándolas como aportes a su partido político Movimiento Humanista Peruano de campaña ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales
“En tal sentido, Yehude Simon Munaro, Pablo Enrique Salazar Torres, Segundo Gumercindo Vásquez Gómez y Ana Margot Arce Reyes, teniendo conocimiento del origen ilícito de los US$. 300,000.00, decidieron convertir el activo ilícito captado de la Constructora Norberto Odebrecht S.A. (Odebrecht), en aportes de campaña electoral para el Movimiento Humanista Peruano en el año 2006, a fin de evitar su incautación y decomiso no obstante conocían que dicho dinero o activo tenía origen maculado”, se indica en la resolución.
Los otros implicados
En el caso también se encuentra incluido Humberto Acuña Peralta, ex presidente regional de Lambayeque. Según la declaración de Willy Serrato Puse, exalcalde de Olmos, durante la ejecución del “Contrato de Concesión para la Construcción, operación y mantenimiento de las obras de trasvase del Proyecto Olmos” se habría producido la entrega de una dádiva por parte de Raimundo Trindade Serra (funcionario de Odebrecht) al investigado Humberto Acuña Peralta, presidente regional de Lambayeque; a fin que éste último cambiara su posición inicial de defensa de los intereses del Gobierno Regional de Lambayeque y asuma una postura más conciliadora y lindante con los intereses económicos de la concesionaria, por lo que se viene siguiendo la investigación por el presunto ilícito de cohecho pasivo propio.
FOTO 4 | En el 2006, cuando PPK era presidente del Consejo de Ministros a través de un decreto supremo, prestó facilidades para que Odebrecht viabilizara la estructuración financiera y así cumplir con el contrato de concesión de Olmos.
Sobre Alejandro Toledo Manrique, se indica que conjuntamente con Jaime Quijandría Salmón, ministro de Economía y Finanzas, y el ministro de Agricultura Francisco González García, emitieron el Decreto Supremo N° 118-2003-EF, de fecha 21 de agosto del 2003. Todo ello con la finalidad de exceptuar o exonerar de la fase de preinversión (SNIP) al Proyecto Trasvase Olmos (anteriormente denominado como: Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón)
En esa línea, el Ministerio Público considera al hecho de liberar del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP al Proyecto Olmos como una acción ilícita de Toledo Manrique, la cual, a su vez sería recurrente debido a que ha sido replicada en proyectos como los Tramos II y III del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú Brasil, Tramo IV del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil vinculado a la obra Proyecto Corredor Vial Interoceánica Nor Perú- IIRSA Norte y Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú Tramos 2, 3 y 4, las cuales presentan investigaciones abiertas por presunta comisión de delitos contra la administración pública.
Asimismo, Pedro Pablo Kuczynski Godard en su condición de Ministro de Economía y Finanzas, mediante Resolución Ministerial N°328-2001.EF/10, de fecha 7 de noviembre de 2001, estableció las condiciones financieras a considerarse en el Concurso de Proyectos Integrales para la Concesión del Proyecto de Irrigación e Hidro energético Olmos, en lo que respecta al Cofinanciamiento del Estado en US$ 40 millones, sin contar con los requisitos establecidos en el artículo 7° de la Ley de Endeudamiento, conforme se advierte del contenido del Ayuda Memoria elaborada por la Dirección General de Crédito Público, de fecha 07 de noviembre de 2001.
Mira el blooper de Ollanta Humala durante apertura en proyecto Olmos
A ello se suma la presunta vinculación que tuvo en su momento con la empresa Westfield Capital LTD, representada por Gerardo Sepúlveda Quezada quien también se encuentra incluido en este proceso penal debido a que dicha empresa suscribió un Contrato de Asesoría Financiera para el referido proyecto.
Y, en el caso de Ollanta Humala, la fiscalía relata que mediante Oficio N°207-2012.GR.LAMB/PR-ORPP, el entonces presidente del Gobierno Regional de Lambayeque Humberto Acuña Peralta solicitó al investigado Ollanta Humala Tasso, en su condición de Presidente de la República del Perú, le otorgue recursos adicionales hasta por la suma de S/. 18′000,000 (dieciocho millones de soles) para financiar el pago del perjuicio económico y financiero de la Concesionaria Trasvase Olmos, por los retrasos en la ejecución del proyecto Trasvase Olmos relacionados con el primer y segundo grupo de eventos.
Este financiamiento, agrega la fiscalía, fue otorgado por parte del Gobierno Central a través del Decreto Supremo N° 073-2012-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el domingo 20 de mayo de 2012, suscrito por Humala Tasso y refrendado por el ministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla Rubio y el Ministro de Agricultura Luis Ginocchio Balcázar.
El acciones por parte del ex mandatario Humala Tasso, sostiene la fiscalía, habría respondido al aporte de US$ 300.000 que habría recibido por parte de la empresa Odebrecht durante la campaña electoral presidencial, lo cual ha sido reconocido por Jorge Henrique Simoes Barata.
Tras analizar el caso, la jueza Soledad Barrueto desestimó la oposición de los procesados en este caso, entre ellos el de Simon Munaro, y declaró que la Procuraduría Ad Hoc cumplió con los requisitos procesales exigidos para su incorporación formal- como parte- al presente proceso penal; por lo que debe atenderse a su solicitud, quedando desestimadas las oposiciones planteadas, y, por ende, reconocerle las facultades establecidas en la norma procesal.
“Considero debe tenerse por cumplido atendiendo a lo precisado en el punto 2 de la presente resolución; y si bien en este extremo ha existido una única oposición, por parte de la defensa del investigado Yehude Simon Munaro, es de precisar que la prueba documental que acredita el derecho de la solicitante ha sido invocada y corre en autos, sin que sea necesario para su incorporación formal se realice actividad probatoria sobre el daño que alega en tanto- como hemos dicho- ello corresponde a un estadio procesal distinto, en el que se abordará, de ser el caso.”
Soledad Barrueto, jueza de investigación preparatoria anticorrupción.
