A tres días de que la congresista Ruth Luque (Bloque Popular Democrático) interpusiera una solicitud para anular la pensión vitalicia de S/15.600 que el Parlamento otorgó al expresidente Alberto Fujimori, a pesar de no cumplir los requisitos establecidos en la Ley N°26519, la Mesa Directiva del Congreso aún no se ha pronunciado sobre si dará o no una respuesta.
En su carta dirigida al presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, Luque argumentó que “no existen ámbitos administrativos ajenos al control político y legal de parte de la Mesa Directiva”.
(Foto: El Comercio)
Al pedido de Luque se suma otro realizado por la legisladora Sigrid Bazán, también del Bloque Popular Democrático, pero dirigido al oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno. Ella solicitó que se deje sin efecto el pago a Fujimori.
Bazán remarcó que el informe Oficina Legal y Constitucional del Congreso, que declaró viable la transferencia de dinero al exmandatario, “es incongruente en su motivación”, porque alega una supuesta vulneración al derecho a la presunción de inocencia de Fujimori si se suspende la pensión vitalicia debido a la Ley N°26519, cuando este tiene la condición de “condenado” por el Poder Judicial.
El artículo 2 de la referida norma, que creó la pensión vitalicia para los ex jefes de Estado, establece que se suspende este derecho cuando el beneficiario es acusado constitucionalmente, salvo sentencia judicial que declare su inocencia.
Fujimori tiene una serie de acusaciones constitucionales, aprobadas por el Congreso de la década de las 2000 y cuatro sentencias firmes.
Este Diario intentó comunicarse con Salhuana y otros integrantes de su Mesa Directiva, pero no respondieron a nuestras llamadas ni mensajes.
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“Es probable que se oculte”
Al respecto, el abogado César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso, afirmó que la actual Mesa Directiva tiene la obligación de definir, en segunda instancia, si procede o no la pensión vitalicia para Fujimori.
“Claro que sí [puede], todo depende de la Mesa [Directiva], incluso el asunto puede ser llevado al pleno, pero lo veo difícil, con el tipo de gente que tiene este Congreso es probable que [el pedido de nulidad] se oculte”, manifestó a este Diario.
Delgado Guembes, además, recordó que en el 2017, la Mesa Directiva -entonces presidida por la fujimorista Luz Salgado- marcó un precedente al resolver retirar al expresidente Alejandro Toledo los siguientes beneficios: un automóvil Kia que tenía en calidad de préstamo, 150 galones mensuales de gasolina para ese vehículo, y a la persona asignada en la modalidad CAS con un sueldo no mayor a S/3.700.
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Esto a raíz de la declaración que brindó Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, en el sentido de que la constructora brasileña le habría pagado sobornos a Toledo a cambio de las obras de la carretera Interoceánica Sur.
“Si la Mesa Directiva resolvió este tema, que es menor, es lógico que resuelva la pensión vitalicia a Fujimori. El señor no es un empleado del Congreso, este asunto no lo puede resolver la jefa de Recursos Humanos”, acotó.
La rectificación “es viable”
El abogado constitucionalista Natale Amprimo refirió que “sí es viable” que la Mesa Directiva revise si la pensión vitalicia otorgada a Fujimori cumple con los requisitos legales.
Explicó que el artículo 33 del reglamento del Parlamento, que tiene rango de ley, establece que al presidente y a los vicepresidentes del Congreso “les corresponde la dirección de la administración” de la institución. “Ellos no se pueden poner de costado, [y el señor Salhuana] no puede decir que desconoce”, complementó.
Amprimo reiteró que el pago de una pensión vitalicia a Fujimori es ilegal y contraviene la Ley N°26519.
“Esta norma establece que la pensión se suspende si el Congreso acusa constitucionalmente a un expresidente, y solo se levanta el castigo si es declarado inocente. Aquí, Fujimori ha sido declarado culpable, y el indulto no le da la condición de inocente. La condición para que no se le pague sigue vigente”, expresó.
El exparlamentario consideró que las instancias técnicas del Legislativo no pudieron actuar solas.
“Yo he estado en el Congreso, un tema de esta sensibilidad no solo se ve en las áreas administrativas sin hacer ningún tipo de coordinación con la alta dirección, es inverosímil”, finalizó.
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A su turno, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga subrayó que “todo acto administrativo puede ser anulado cuando es irregular”.
“La nulidad la declara el superior, hubo actos administrativos que eran irrevisables, como el indulto a Crousillat, pero se hizo. Entonces, sí [se puede] y depende de la Mesa Directiva”, expresó.
En diálogo con este Diario, Quiroga dijo que se debe evitar que los pedidos de nulidad de la pensión vitalicia a Fujimori “se ideologicen”, porque “este es un tema jurídico”.
Quiroga adelantó que, si el Congreso no rectifica, la procuraduría anticorrupción puede iniciar un proceso de nulidad de resolución administrativa ante el Poder Judicial.
“La contraloría, además, debe investigar a los funcionarios [que autorizaron el pago], esta oficina tiene la autoridad para revisar el proceso, aquí se están usando fondos públicos para dar esa pensión”, concluyó.
Elio Riera, abogado de Fujimori, aseguró que “es prematuro hablar de los recursos de nulidad” interpuestos en el Congreso para dejar sin efecto la pensión vitalicia de su patrocinado, sobre todo cuando aún no han sido materia de pronunciamiento de la Mesa Directiva. “En el supuesto [de que anulen el beneficio] tendré que evaluarlo para defender los intereses del expresidente”, finalizó.
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Posturas en el Congreso
El portavoz alterno de Alianza para el Progreso (APP), Jorge Marticorena, afirmó que, si la decisión del Congreso ha sido “ilegal”, se tiene que revisar.
Marticorena negó que dentro de las negociaciones para que su agrupación continúa al frente de la Mesa Directiva haya estado dar una pensión a Fujimori.
Según informó “Cuarto Poder”, la decisión de otorgarle una pensión vitalicia a Fujimori fue aprobada por altos funcionarios del Parlamento vinculados al partido Alianza para el Progreso (APP). Estos son Haidy Figueroa Valdez, jefa del Departamento de RR.HH. del Congreso; José Rubio Preciado, jefe de la Oficina Legal y Constitucional; y William Alcántara Infantes, jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.
En comunicación con El Comercio, el portavoz alterno de Honor y Democracia, José Cueto, dijo, a título personal, que las pensiones vitalicias para los expresidentes deberían ser eliminadas.
“Sería cuestión de cambiar la ley y de reducir las gollerías, hay un montón de proyectos al respecto”, remarcó.
Cueto opinó que la Mesa Directiva debe resolver si anula o no el beneficio otorgado a Fujimori.
“Seguramente lo van a hacer, no creo que [no se pronuncien]”, concluyó.
En la Junta de Portavoces del último lunes, no se abordó la aprobación de la pensión vitalicia al expresidente Alberto Fujimori. (Foto: Congreso)
/ Hector PortalPor su parte, el portavoz de Perú Libre, Flavio Cruz, señaló que “por un criterio de unidad”, el expresidente Pedro Castillo debería recibir también una pensión vitalicia.
Cruz refirió que el hecho de que detrás del beneficio a Fujimori hayan estado funcionarios del Congreso ligados a APP demuestra que existe una alianza entre Fuerza Popular y la agrupación del gobernador regional de La Libertad, César Acuña.
“Las influencias de César Acuña en el Ejecutivo son evidentes y eso también se está viendo en el Congreso”, refirió.
