

El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) afirmó que se podría hablar de delitos o una falta ética sobre la gestión que Waldemar Cerrón (Perú Libre) realizó a favor de sus cuñados, tal como reveló El Comercio.
En declaraciones a Canal N, señaló que la Comisión de Ética Parlamentaria tendría que actuar de oficio si se comprueba la veracidad de la denuncia, a fin de determinar si hubo direccionamiento o no de beneficios.
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“Cualquier situación que se genere en cuanto al beneficio directo hacia un familiar, obviamente que eso tiene que ser investigado y aquí la Comisión de Ética tendría que actuar de oficio, si es que así se determina, para que se ventile este tema y pueda dilucidarse si ha habido o no un direccionamiento de su parte”, expresó.
“Si lo ha habido, podríamos hablar incluso hasta de delitos, o hasta de una falta ética, pero tendría esto que ser evaluado por las instancias correspondientes. Aquí toda persona que tenga una acusación o denuncia tiene que ser investigada, y hay instancias correspondientes para hacerlo”, agregó.
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Muñante recordó que presentó un proyecto de ley donde propone que sea la Mesa Directiva quien tenga la potestad de sancionar a los congresistas y ya no la Comisión de Ética.
“Yo he sido uno de los congresistas que ha propuesto en un proyecto de ley, que cuando se trate de un flagrante delito o una situación bastante importante, sea directamente la Mesa Directiva quien tenga la atribución de poder sancionar al congresista y que ya no pase por la Comisión de Ética”, manifestó.
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“Esta es una observación bastante legítima, no tenemos lamentablemente otro mecanismo interno que pueda ser mucho más rápido, por eso es que estamos proponiendo, a través de la modificación del reglamento, que sea la Mesa Directiva quien se encargue”, agregó.
Como se recuerda, un informe de este Diario reveló que Waldemar Cerrón fue uno de los 90 congresistas que votó a favor de la nueva Ley de Contrataciones que eliminaba la prohibición para que sus familiares puedan contratar con otras entidades del Estado.
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Este proyecto beneficiaba a la empresa de los cuñados del legislador de Perú Libre que viene contratando principalmente en Junín y donde ha logrado su mayor adjudicación en 2025 con una municipalidad para la cual el mismo Cerrón gestiona proyectos de ley y otros beneficios.
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