Ni hasta el 2026 ni hasta el 2027, sino una extensión indefinida hasta que un nuevo marco normativo prospere y entre en vigencia, con los riesgos que ello conllevaría. Esa es la fórmula planteada por la Comisión de Energía y Minas del Congreso, con la cual no solo se insiste, sino que se ampliaría —sin plazo específico— el proceso para la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, algo que en la práctica viene permitiendo la proliferación de la minería ilegal.
A dos meses de vencer el plazo establecido, el grupo de trabajo que preside el legislador Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial) comenzó a discutir un predictamen que va en ese sentido, el cual agrupa a su vez cuatro proyectos de ley. Este Diario ya había alertado sobre tres de ellos (uno fue planteado por el mismo Gutiérrez); mientras que una cuarta propuesta fue presentada la semana pasada por el parlamentario Guido Bellido (Podemos Perú).
Todos los proyectos buscan, en el fondo, lo mismo: que se extienda el plazo —que vence este 31 de diciembre— para que aquellos inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) puedan seguir legalmente amparados en ese proceso y, por tanto, continuar con sus actividades, sin ninguna responsabilidad penal.
El predictamen elaborado por la comisión que dirige Gutiérrez insiste en promover una extensión, incluso ahora sin establecer un plazo temporal definido y sin entrar en el tema de fondo que son las actividades ilícitas que se generan detrás.
“El plazo de vigencia del proceso de formalización integral de las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal concluye con la entrada en vigor de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal”, se refiere en la fórmula planteada en el seno de la comisión.
Esto a pesar de las opiniones contrarias que han emitido en los últimos meses tanto el Ministerio de Energía y Minas (Minem) como el Ministerio del Ambiente (Minam) y la Defensoría del Pueblo respecto a los proyectos de ley y que son mencionadas en el predictamen.
El factor Ejecutivo
Para la propuesta, se usó como excusa que el Ejecutivo aún no presenta el proyecto para la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal, cuando ya se venció ampliamente el plazo que se le dio, en diciembre de 2021, para que elabore y presente la fórmula legal.
El Minem dio a conocer públicamente la propuesta en julio pasado, conocida como Ley Mape, que significaría un nuevo esquema para el sector. Sin embargo, aún sigue sin ser oficializada ante el Legislativo a poco de vencer el plazo. El premier Gustavo Adrianzén indicó el miércoles pasado que ello ocurriría esta semana, pero hasta el momento no se materializa.
“Con el vencimiento próximo del plazo establecido por la Ley N°31388, que se cumplirá el 31 de diciembre de 2024, el fracaso en la presentación de soluciones efectivas perjudicará gravemente a los mineros que se encuentran en proceso de formalización. Es imperativo que el Ejecutivo asuma su responsabilidad”, se indica en el predictamen.
También se cuestiona que la implementación del proceso de formalización minera no vino acompañada de una asignación presupuestaria, así como la carencia de personal capacitado. Lo que ha llevado —se indica— “a que miles de expedientes administrativos se acumulen sin ser atendidos durante más de cuatro años”.
Además, durante la discusión de la propuesta, el presidente del grupo de trabajo Paul Gutiérrez aseguró que con la fórmula se pretende “lograr un punto intermedio, razonable y proporcional para que el proceso de formalización continúe, como también exigir al Poder Ejecutivo que cumpla con el mandato normativo”.
También defendió la propuesta indicando que no comparte “para nada” con aquellos que vienen asociando este tema con la minería ilegal. Y dijo que “como hay en todo lugar”, “hay delincuentes que se aprovechan y se dedican a hacer actos ilícitos”.
“Y yo he sido bien claro: para eso está la autoridad para combatir de manera frontal a quienes no cumplen la ley”, aseguró.
Sin embargo, su propuesta no generó consenso entre todos los grupos de trabajo, por lo que finalmente no se llegó a someter a votación y se pasó a un cuarto intermedio.
El legislador Diego Bazán (Renovación Popular) incidió en que en la actualidad “las organizaciones criminales se han envuelto en aparentes mineros ilegales”. Dijo que, amparados en el Reinfo, se accede a dinamita y armamento que finalmente llegan a parar a manos de redes criminales. También que, de los 347 asesinatos ocurridos en La Libertad, el 80% están vinculados a la minería ilegal.
“Hoy la codicia por el oro no tiene límites, están dispuestos a comprar la conciencia de absolutamente todos. Y si nosotros le damos luz verde, el problema no va a ser este Congreso sino los que vengan, porque no me queda duda de que en el próximo Parlamento vamos a tener la mayoría de senadores y diputados comprados por la minería ilegal, a través de leyes disfrazadas como la que hoy se plantea”, aseveró.
Cuestionó que no se brinde una fecha límite y se condicione a la aprobación de la nueva norma en el Congreso, cuando allí —dijo— “no va a existir jamás voluntad de hacerlo, o sea, indefinidamente le vamos a dar luz verde”.
Por su parte, la legisladora Diana Gonzáles (Avanza País) cuestionó que el Ejecutivo siga sin presentar la iniciativa legislativa, cuando desde el Minem se habían comprometido días atrás en la misma comisión a que el tema ya se iba a oficializar.
“Lo que este proyecto indica es carta libre hasta que tengamos ‘Ley Mape’. ¿Cuándo vamos a tener ley mape si el Ejecutivo no es capaz de cumplir con su propia palabra?”, inquirió.
Puntos de vista
Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), indicó que “es un tremendo error” la extensión del Reinfo sin ningún condicionamiento y sin tener condiciones mínimas “que nos ayuden a eliminar la ilegalidad y la criminalidad de esta actividad”.
Con la propuesta planteada en la comisión, apuntó, se ampliaría esta situación “al infinito”. “Porque bastará que alguien no esté de acuerdo con la nueva ley y se siga discutiendo y, de esa manera, se perpetúa un sistema que es perverso para las personas y para la sociedad minera”, afirmó en diálogo con este Diario.
Destacó que en la base de toda esta pirámide hay muchas personas que entran a trabajar en condiciones muy precarias y que alrededor de esta “se genera una serie de actividades conexas muy penosas como trata de personas, como trabajo infantil y corrupción de autoridades”. Gobitz lamentó que el Ejecutivo aún no haya formalizado la propuesta de ley.
A opinión de Dante Vera Miller, director fundador de V&C Analistas, el problema va más allá de una ampliación o no sino de las condiciones en las que esto se geste para salir del statu quo y los problemas que persisten en la actualidad.
A su juicio, por ejemplo, se debería firmar un contrato de trazabilidad del oro, así como destacó la necesidad de “sincerar” el Reinfo “para determinar quiénes son los realmente interesados en formalizarse”.
“Lo que debemos tener en claro es que, si se amplía el plazo de formalización, tiene también que de alguna manera revisarse, depurarse el registro. Porque hay mucha gente que no tiene el derecho de tener el título de minero en formalización, hay que sincerar quiénes están inscritos”, comentó a este Diario.
También mencionó el anular el beneficio de la excusión de responsabilidad penal “porque eso facilita de alguna manera que los ilegales hagan de las suyas; es decir, que la policía, los fiscales, no pueden actuar”.
Por su parte, César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental, incidió en que se trata solo de una “excusa” para, en realidad, seguir extendiendo por muchos años más una actividad que genera tremendos daños a la sociedad, al medioambiente y que además involucra otros delitos conexos.
“Están buscando la excusa para que se pueda extender, luego abrir el Reinfo y luego ya se van a olvidar de ese nuevo proyecto de ley [de la Ley Mape]. Porque a ellos en concreto no les interesa contar con mejores marcos normativos, sino seguir operando en la impunidad”, remarcó en diálogo con El Comercio.
Es, a buena cuenta, “una forma de sacarle la vuelta” a la ley y “hacer trampa”. Destacó que el Congreso podría abocarse a un dictamen que aborde un esquema normativo, en lugar de excusarse en la no presentación de la propuesta del Ejecutivo.
“Lo que pretenden los mineros es sencillamente tener las máximas facilidades para seguir operando en la impunidad sin ningún control”, puntualizó.
