Felipe Barbero Mariátegui

Desde que se instaló la Comisión de Ética Parlamentaria, en setiembre del año pasado, han ingresado 51 denuncias contra congresistas de diversas bancadas: 39 se han declarado improcedentes, siete están en investigación y en cinco casos se recomendó una sanción (ver infografía).

En las últimas semanas, algunos casos han estado en el ojo de la tormenta. Uno es el del vocero de Peruanos por el Kambio, Carlos Bruce, quien fue investigado por pedir resguardo policial para la inauguración de su restaurante en la Costa Verde.

La recomendación de suspensión por 120 días para el oficialista –aprobada con los votos del fujimorismo y Acción Popular– ha abierto otra vez el debate en torno a cómo debe estar compuesta la comisión y la proporcionalidad de las sanciones que impone.

(Elaboración: El Comercio)

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Mercedes Aráoz criticó que un solo grupo parlamentario (en referencia al fujimorismo) defina la estructura de la comisión. Además, dijo que habría motivaciones políticas detrás de la sanción a Bruce.

Otros congresistas criticaron que Fuerza Popular (FP) haya desestimado nueve denuncias contra parlamentarios de su bancada. Yonhy Lescano tildó el hecho de “blindaje alarmante”. Incluso hace unos días llegó al extremo de pedir la desactivación del grupo de trabajo.

Entre los casos más destacados están el de Kenji Fujimori y Betty Ananculí, a quienes no se les abrió investigación gracias a los votos del fujimorismo y al voto dirimente de su presidente, Segundo Tapia, también de Fuerza Popular. A ellos se les acusó de hacer proselitismo durante la semana de representación y de mentir en su hoja de vida, respectivamente.

—Propuesta de cambio—
Ante los cuestionamientos por la composición del grupo legislativo, los oficialistas Guido Lombardi y Alberto de Belaunde presentaron el mes pasado un proyecto de ley para que la Comisión de Ética Parlamentaria esté integrada, no por parlamentarios, sino por personalidades ajenas al ámbito congresal. Según los autores, la actual composición del grupo genera permanentemente disyuntivas entre lealtades políticas y la ética.

La iniciativa plantea que la comisión esté compuesta por un ex presidente del Congreso, un ex parlamentario, un profesor principal de derecho y dos ciudadanos, uno elegido por la Defensoría del Pueblo y el otro por el Acuerdo Nacional.

Actualmente, la comisión tiene nueve parlamentarios: cuatro del fujimorismo –incluido su presidente, que tiene voto dirimente– y un legislador de cada una de las otras cinco bancadas.

“La Comisión de Ética está desacreditada por su composición y no hay lógica en la proporcionalidad de las sanciones que impone. Con el congresista Bruce se hizo notar que no hay un criterio de razonabilidad en los casos que la comisión recomienda una suspensión”, afirma el director ejecutivo de Proética, Walter Albán.

No obstante, algunas voces del Parlamento difieren de la propuesta, como Segundo Tapia. “El Poder Legislativo tiene que establecer sus propias condiciones de ética. Es el pleno del Congreso que, en respeto de la Constitución y el reglamento, debe determinar la composición de la comisión”, sostuvo.

El pastor Humberto Lay, ex presidente de dicho grupo de trabajo, tiene otra propuesta: formar un comité con personalidades reconocidas y con solvencia moral, para investigar las denuncias, plantear si se archivan o si se procesan y recomendar una sanción. Esta reemplazaría a la secretaría técnica de la comisión.

Actualmente, dicha secretaría es la que propone archivar o sancionar los casos de los parlamentarios. Según Lay, la secretaría muchas veces es dirigida por el presidente del grupo y no tiene el reconocimiento ciudadano. “Si la comisión blinda a un congresista, luego de que este comité reconocido haya hecho público su informe, al menos habría una sanción moral contra la bancada que protegió a su parlamentario”, agrega.

—En otros países—
En países vecinos como Colombia, Brasil y Chile, las comisiones de ética están compuestas por parlamentarios.

En el Reino Unido y Canadá, en cambio, sus cámaras bajas y altas tienen un ente independiente que supervisa la labor de los parlamentarios y recomienda las sanciones.

En Estados Unidos, la Cámara de Representantes tiene un comité de ética compuesto por 10 miembros, cinco de cada partido (Demócrata y Republicano), mientras que el Senado tiene seis miembros, tres de cada partido.

En España, a raíz de una recomendación de Transparencia Internacional, algunos parlamentos de sus comunidades autónomas han iniciado un proceso para que sus comités de ética estén compuestos, total o parcialmente, por expertos independientes y de prestigio.

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