Congreso: ¿Por qué y quiénes serían investigados por no acatar fallo sobre elección del TC?

Por 120 días, la Fiscalía de la Nación llevará adelante una investigación preliminar contra los congresistas de la República que resulten responsables del presunto delito de desobediencia a la autoridad por incumplir la medida cautelar del Poder Judicial (PJ) que les ordenaba suspender la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

La decisión fue adoptada por el fiscal supremo Pablo Sánchez -quien se encuentra a cargo del más alto despacho del Ministerio Público por las vacaciones de la fiscal suprema Zoraida Ávalos- y ante la comunicación de la jueza del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, Soledad Blácido Baez, que emitió la resolución de suspensión.

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Si bien, la disposición fiscal no precisa quiénes serían los presuntos responsables, el pasado 7 de julio, fueron 87 los congresistas que votaron a favor de seguir adelante con la elección, ratificando así la decisión previa de la Junta de Portavoces –que también serán identificados por la fiscalía- que acordó no dar cumplimiento al fallo.

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Según la votación, fueron 83 votos de manera electrónica y otros cuatro de manera verbal (Luis Roel Alva, Yessica Apaza Quispe, Luis Sánchez, Héctor Arias) los que expresaron su votación por continuar con el proceso.

Todos ellos integrantes de las bancadas de Alianza por el Progreso (20), Acción Popular (18), Fuerza Popular (15), Podemos Perú (11), Unión por el Perú (8), Somos Perú (4), Nueva Constitución (4), Descentralización (4) y No agrupados (2).

En el caso del Frepap, si bien la gran mayoría votó en contra o se abstuvo de votar, María Céspedes sí apoyó continuar con el proceso de elección, aunque posteriormente no apoyó a ningún candidato. Y, solo el Frente Amplio y el Partido Morado se opusieron.

Jueza dio por incumplida orden judicial

El Comercio accedió a la resolución que fue remitida al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones, expedida por la jueza del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, Soledad Blácido Baez.

En el documento, la magistrada señala que la resolución de la medida cautelar “ha sido clara y concreta”. Esto, porque en la misma se “ordena” que el Congreso disponga la suspensión provisional de la elección de magistrados del TC, programada para el 7 y 8 de julio del 2021 a las 9:00 am.

Es decir, remarca la juez, “el mandato judicial se encuentra direccionado a suspender provisionalmente el proceso de elección hasta que en el proceso principal haya un pronunciamiento de fondo -sentencia-, sin importar si el consenso para dicha elección haya sido programado para el día 07 y 08 del mes en curso, o de cualquier otro día”.

Añade que, como ha sido de conocimiento público, el Congreso de la República llevó a cabo la elección de miembros del TC, programada para los días 7 y 8 de julio, desconociendo el fallo.

“Con base en ello, resulta indudable que el demandado no ha cumplido con el mandato judicial dispuesto mediante Resolución N° 01”, consideró la magistrada.

Por ese motivo, dispuso remitir copias certificadas al Ministerio Público para “que cumpla con realizar la denuncia penal correspondiente sobre aquellos congresistas”.

En el mismo documento, la magistrada desestima el pedido de demandante y promotor del proceso de amparo contra el Legislativo, Walter Ayala, quien solicitó que se multe a cada congresista con 10 URP (Unidad de Referencia Procesal) y se les destituya de sus cargos.

Mira aquí parte de la sesión del jueves en la que buscaron elegir a los magistrados del TC

¿Qué dice el Congreso?

Este diario trató de conocer la versión del presidente de la Comisión Especial de Elección, Rolando Ruiz, así como del vicepresidente del Congreso Luis Roel, pero no respondieron.

En su cuenta de Twitter, el Parlamento expresó su preocupación por la decisión fiscal y anunció que la Junta de Portavoces evaluará la situación este lunes. “El equilibrio y control de poderes no debiera judicializarse, máxime cuando no hay decisión sobre la designación de magistrados al Tribunal Constitucional”, indicó.

Otros congresistas que participaron de la sesión y votaron a favor, como el congresista de Fuerza Popular (FP), Carlos Mesía, se pronunciaron a través de sus redes sociales rechazando la investigación.

“No respondo ante nadie por los votos que emito en el ejercicio de mi función. Pierden el tiempo si piensan interrogarme. Lima es una ciudad muy pequeña y ya saben donde vivo. Pueden venir por mi y llevarme preso si esa es la decisión de la dictadura”, dijo Mesía a través del Twitter.

Hay razón para investigar

El exfiscal supremo adjunto Víctor Cuba Villanueva explicó a El Comercio que el Estado de derecho que rige la Constitución señala que las autoridades no tienen un poder absoluto y si dentro de una acción de amparo se dicta una medida cautelar, ésta debe acatarse.

“Una autoridad puede hacer lo que la Constitución le permite hacer y desde 1980, el Poder Judicial en nuestro país, está configurado no solo para resolver conflictos como consecuencia de la comisión de delitos; sino también para controlar que el ejercicio de poder que realizan otros funcionarios del Legislativo, Ejecutivo y del mismo Poder Judicial, no sea arbitrario”, puntualizó.

En esa línea, indicó que si la jueza considera que se debe revisar el proceso porque no se cumplen las normas o existe alguna irregularidad, debe paralizare el proceso de selección de los magistrados del TC.

Por ello, agregó, si los congresistas se resisten a cumplir con el mandato judicial, el Ministerio Público sí está facultado para iniciar las investigaciones.

“Eso de que la fiscalía no me puede investigar es ignorancia, porque la ley establece que, si se tiene la presunción de un delito, el fiscal o la fiscal de la Nación puede investigar a los altos funcionarios. Si dices que nadie lo pude investigar entonces estaríamos en el reino de la impunidad”, afirmó.

Cubas Villanueva precisó que, si bien los congresistas son pasibles de ser investigados, tendrían un procesamiento especial de antejuicio en caso sean denunciados penalmente en el futuro. Es decir, que caso sea llevado ante el Poder Judicial, esto debe anteceder de una denuncia constitucional y el Congreso aprobarlo.

Ante la pregunta de ¿quiénes serían los investigados? Cubas Villanueva explicó que “serían todos los que votaron o se resistieron a la orden judicial” más allá de que, posteriormente, emitieras o no su voto por las candidaturas.

En ese sentido, precisó, como no es posible identificar quien fue el primero en resistirse a la orden judicial, se abre contra los que resulten responsables, y los primeros que deberán ser llamados a dar las explicaciones serían los miembros de la Comisión Especial de Selección.

Cabe precisar que, el Ministerio Público solicitará al Congreso el acta de la sesión de fecha 08 de julio de 2021, sobre la elección de los magistrados del TC, los nombres de los congresistas integrantes de la Junta de Portavoces, y los acuerdos y/o comunicados que se haya emitido en relación al tema.

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