Congreso: ¿Quién es responsable de los errores en la norma que exonera del IGV a productos alimenticios?

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“Es un error, estamos ante una negligencia de la Comision de Economía, porque se ha dado en el texto sustitutorio que presentó la Comisión de Economía. Tenemos que identificar en qué momento del proceso se dio este problema”, reconoció ayer la legisladora Adriana Tudela (Avanza País) en una entrevista con el programa Sin Medias Tintas (Canal 2).

Quien no reconoció el error fue la presidencia del Congreso, quien emitió un comunicado -en la mañana del domingo- intentando responsabilizar al Ministerio de Economía. “La elaboración del texto sustitutorio de la iniciativa contó con la participación de la asesora del ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sin advertir observación sobre los aspectos criticados desde el Ejecutivo”, se lee en el primer punto del referido comunicado que no lleva firma.

En el pronunciamiento también se cita al ministro de Economía, Óscar Graham, para que acuda a una mesa de diálogo que se llevará a cabo hoy -desde las 8 de la mañana- en la sede legislativa, con el fin de buscar una solución a los errores en la norma. Fuentes de la Mesa Directiva explicaron que la reunión convocara será liderada por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y se realizará a puertas cerradas, pues se dejará a los técnicos de ambos poderes del Estado para que busquen la mejor manera de realizar la precisión necesaria.

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El único punto de incertidumbre es el procedimiento que se debe llevar a cabo. Hasta el cierre de este informe, el Ejecutivo no había presentado una observación formal. Para hacer las modificaciones a una autógrafa remitidas por el Congreso, se requiere que el presidente de la República la observa y se emita una dictamen de allanamiento.

En medio de una serie de protestas ciudadanas, el gobierno presentó —el pasado 5 de abril, donde se dictó inmovilización social— un proyecto de ley para regular el IGV. La iniciativa fue presentada -a las 2:55 p.m.- poco antes de que el presidente Pedro Castillo asistiera a la Junta de Portavoces del Congreso para buscar una salida conjunta a la crisis.

Ese mismo día -12 minutos después del Ejecutivo- la bancada de Acción Popular presentó otra iniciativa con el mismo tema: la exoneración del IGV para productos de la canasta básica. El proyecto surgió a propuesta de la misma presidenta del Congreso, en su calidad de congresista de Acción Popular. Fuentes legislativas coinciden en señalar de que Alva quiso posicionarse como la autora de la salida de la crisis. La idea surgió debido a que en su equipo llegó la información anticipada de que el Ejecutivo presentaría un proyecto de ley referido al IGV. Fue así como quisieron adelantarse, pero en el trámite perdieron por 12 minutos de diferencia.

Fuera de los tiempos, la sesión de la Junta de Portavoces donde asistió Castillo y sus ministros, no se desarrolló como contempló Alva. Tras una breve intervención —donde anunció la iniciativas del IGV—, Castillo informó que se retiraría de la sede legislativa. Fuentes de la Mesa Directiva indicaron que Castillo alegó que había recibido información de su equipo de seguridad sobre posibles riesgos por las marchas que se producían en las afueras del Parlamento. Esto fue corroborado por el ministro de Cultura, Alejandro Salas, en una entrevista brindada el domingo en Canal N.

Alva intentó salvar la situación tuiteando como un logro que el presidente Castillo haya anunciado que derogaría el decreto de inmovilización. Pero esto nunca se dio. La única salida decorosa para el Congreso era la aprobación de la norma del IGV, y por eso movilizaron todo para su aprobación, sin que importara que los proyectos no pasen por el estudio de comisiones.

La fuentes consultadas coincidieron en señalar que desde la Comisión de Economía, presidida por Silvia Monteza (Acción Popular), se propuso estudiar el tema durante toda la semana —junto al MEF— y tener listo un texto para el lunes 11 o martes 12. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por la Mesa Directiva. El equipo de Alva consideraba que se debía dar una respuesta rápida a la problemática y “resolver” el problema que había sobrepasado al Ejecutivo.

Fue por eso que se convocó a Junta de Portavoces dos días después -el jueves 7 de abril- para exonerar a los proyectos del trámite de comisión y sumarlos a la agenda del pleno que sesionaría ese mismo día. La decisión final es que se armaría un texto final sobre la marcha del pleno y se acumularían todas las iniciativas que habían presentado otras bancadas con el único fin de aparecer como “autores” de la fórmula final que diera solución a la crisis.

En la sesión del pleno del jueves 7, el texto se armó sobre la marcha y con un cuarto intermedio incluido. Si algo queda claro, según las fuentes legislativas, es que se dejó de lado la propuesta del Ejecutivo y se empezó a armar un texto en base a la propuesta de Acción Popular y los otros proyectos de bancadas como Fuerza Popular, Perú Libre y Perú Democrático.

“Nosotros como MEF siempre estamos dispuestos a coordinar técnicamente, pero la propuesta que se hizo, la propuesta que fue aprobada no fue finalmente discutida. Si ustedes ven, la propuesta que tenemos es una propuesta distinta a la que fue aprobada”, aseveró el ministro de Economía, Óscar Graham, en una entrevista con TV Perú (Canal 7).

Si bien no se ha logrado identificar -hasta el cierre de este informe- el momento exacto donde se metió el cambio, desde la Mesa Directiva responsabilizan del error a los asesores de la Comisión de Economía y al Ministerio de Economía.

En lo que respecta a la Comisión de Economía se responsabiliza a los asesores principales José Menor, José Carrión, Carlos Rivas y Guillermo Augusto Jiménez. Mientras que en el MEF se responsabiliza a la coordinadora parlamentaria Lenka Zajec, quien participó como representante de la cartera en el monitoreo del texto final.

“Ni los asesores ni la coordinadora parlamentaria tenían el conocimiento técnico necesario para la elaboración de la normal. Pero en otros casos nos ha pasado que el coordinador parlamentario hacía llamadas y contactos con el personal especializado del ministerio y advertía sobre temas por subsanar. Ha ocurrido, por ejemplo, en temas laborales con el Ministerio de Trabajo. En este caso no sucedió así”, explicaron fuentes de la Mesa Directiva.

Es por esta razón que el primer punto del comunicado del Congreso apunta a “la participación de la asesora del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sin advertir observación sobre los aspectos criticados desde el Ejecutivo”.

Pero en el MEF tienen una versión distinta. Según su versión, la coordinadora parlamentaria advirtió a los asesores de la Comisión de Economía sobre los errores cometidos en el texto final. En la Sala Grau de la sede legislativa estaban reunidos los asesores Giuliana Lastres, Alberto Rey e Ignacio Carrión -los asesores de Monteza encargados de redactar el texto final- y la coordinadora del MEF les puso al teléfono en altavoz a Marco Camacho, director de Tributación. Pero los asesores de Monteza no escuchar, pese a los pedidos de algunas legisladoras oficialistas presentes en la salsa -Katy Ugarte y Francis Paredes- quienes buscaban que se incluya el texto propuesto por el Poder Ejecutivo con dos añadidos consensuados con otros parlamentarios. Ni la propuesta del Ejecutivo ni las explicaciones del MEF fueron tomadas en cuenta, según las versiones oficialistas.

Pese a los reclamos internos, las legisladoras oficialistas de Perú Libre terminaron votando a favor del texto final que no contemplaba la postura del MEF.

Fuera del detalle de coordinaciones internas, a la presidenta del Congreso le molestó que el error haya sido usado de manera política por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Dos días después de la aprobación de la norma, Torres tuiteó: “Al recibir la autógrafa de la ley notamos que el Congreso desvirtuó el proyecto, al exonerar al lomo fino, ganso, faisán, gallina de Guinea, carne importada, leche condensada, lasagna, ravioles, entre otros, que no forman parte de la canasta básica de la población de escasos recursos”.

Una hora después, la periodista Jacqueline Fowks publicó en Twitter los códigos arancelarios, los que demostraban que “también han exonerado del 16% del IGV al cuscús, que no es un producto de la canasta básica familiar en el Perú2.

“Es un error técnico que se les pasó a todos y que se cambia al toque. Le están haciendo el juego a Hitler. En las partidas no dice lomo fino ni faisán. Es simplemente querer fregar al Congreso, pues la exoneración fue un pedido expreso de Graham, el primer ministro y el presidente”, respondieron desde la Mesa Directiva.

Este tema ha dejado -nuevamente- fraccionado al Congreso. La presidencia del Congreso incluso tuvo que remitir un oficio de invitación a la presidenta de la Comisión de Economía, para asegurar su asistencia. Alva y Monteza son compañeras de bancada, pero este error ha creado un momento de disconformidad entre ambas, según las fuentes consultadas.

A esto se suma que, desde la presidencia del Congreso, se esperaba que el ministro Graham llegue al Parlamento con una observación formal de la autógrafa de ley que contiene el error. Si no llega con este documento, la mesa de diálogo podría servir de poco y podría sumar una nueva derrota de gestión para el Congreso. Todo esto en el marco de la última encuesta de Ipsos -para Cuarto Poder (canal 4)- donde la gestión del Parlamento es peor valorada que la de Pedro Castillo.

Los cálculos del Congreso volvieron a fallar, y la convocatoria de Alva quedó en el aire. El ministro de Economía, Óscar Graham, no asistió a la convocatoria realizada, para este lunes 11, por la presidenta del Congreso. Ante ello, la mesa de diálogo quedó frustrada y no se debatió ninguna solución respecto a la corrección que se necesita para la autógrafa que exonera del IGV a distintos productos de la canasta básica.

Lo que sí llegó al Congreso fue la observación formal a la autógrafa firmada por el presidente Pedro Castillo y el primer ministro Aníbal Torres. El documento resalta que el Congreso incorporó cinco tipos de productos en la exoneración del IGV, los cuales “no forman parte del consumo de los hogares más vulnerables”.

Pero la observación no se queda en ese punto. “Otro riesgo, que amerita el monitoreo de la medida es que, las exoneraciones del IGV pueden dar origen a comportamientos oportunistas, sobre todo por el tratamiento que está creando la autógrafa respecto del crédito fiscal”, apunta el documento.

Asimismo, el Ejecutivo critica que no se hayan incluido alimentos de la canasta básica cuyos precios se han visto incrementados en los últimos meses. “No se han incorporado algunos de los alimentados gravados con el IGV que han aumentado sus precios de manera significativa en el último año y que son parte importante de la alimentación de los hogares más vulnerables como el pan”, dicen. “Al aplicar una exoneración sobre la harina de trigo y no sobre el pan elaborado con dicha harina, no tendrá efectos sobre el precio final del pan”, añaden.

Finalmente, el gobierno apunta que el costo fiscal de la autógrafa seria de S/ 3.800 millones, considerando su vigencia de 8 meses hasta el 31 de diciembre del 2022. Ante ello, proponen un texto alternativo.

Sin embargo, la Comisión de Economía aún no se ha pronunciado respecto a la observación. Según el procedimiento reglamentario, el Congreso tiene tres escenarios ante una observación del Ejecutivo: allanarse, insistir en sus propuesta original o elaborar un texto nuevo y retrotraer todo a fojas cero (doble votación y nueva autógrafa).

Por lo pronto, la observación ha sido incluida en la agenda del pleno convocado para este martes 12. Fuentes legislativas indicaron que la Comisión de Economía se encargará del nuevo texto final sobre la marcha del pleno. Se espera que esta vez no se produzcan nuevos errores.

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