Congresistas de distintas bancadas presentan un proyecto para derogar ley de crimen organizado

Congresistas de distintas bancadas presentaron este jueves 10 de octubre un proyecto multipartidario que propone derogar la Ley N° 32108, que introdujo cambios a la ley contra el crimen organizado.

La iniciativa fue presentada por Susel Paredes (Bloque Democrático Popular), Jorge Coayla, Alfredo Pariona, Jaime Quito, Silvana Robles, Héctor Acuña, Isabel Cortez, Ruth Luque, Edgar Reymundo y Flor Pablo.

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La propuesta plantea derogar el artículo 317 del Código Penal, los artículos 2 y 4 de la Ley N° 30077, Ley contra el crimen organizado; y del numeral 5 y del primer párrafo del numeral 7 del artículo 2 de la Ley N° 27379, Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares, que fueron modificados por la Ley N° 32108.

Asimismo, propone restablecer la vigencia de las normas modificadas por la ley aprobada por el Congreso, que ha sido cuestionada por diversos gremios empresariales, sociales y sindicales, que exigen su derogación.

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En la exposición de motivos se señala que “adoptar medidas legislativas que restrinjan la capacidad punitiva efectiva del Estado frente a la criminalidad, a través de la reducción del catálogo de delitos pasibles de sanción como organización criminal, la reducción de la capacidad de establecer medidas limitativas de derechos en dichos casos o la limitación de la categoría misma de organización criminal, resultan acciones contrarias a los deberes constitucionales e internacionales del Estado”.

La semana pasada la Junta de Portavoces desestimó analizar el pedido en el pleno. Dicha norma cambió la definición de crimen organizado y estableció que para los allanamientos debe estar el abogado del imputado.

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Entre otros cambios que implementó la Ley N° 32108, se encuentra la exclusión de ciertos delitos de penas menores para que puedan ser considerados bajo la figura de crimen organizado.

El presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), propuso que se evaluara y debatiera la derogatoria de la cuestionada norma. Sin embargo, su planteamiento no fue aprobado.

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El Poder Ejecutivo no observó la norma luego de la aprobación del Congreso, lo que permitió que se promulgara directamente en el boletín de normas legales de El Peruano en agosto pasado.