En pleno periodo electoral, congresistas de 10 bancadas proponen eximirse de la neutralidad política: Estos son los riesgos

Congresistas de diez bancadas presentaron un proyecto de ley que, en la práctica, les abrirá la puerta para hacer campaña política durante las semanas de representación, en el marco de las elecciones generales del 2026.

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La iniciativa plantea modificar el Reglamento del Congreso para señalar expresamente que los parlamentarios pueden promover sus posturas ideológicas y partidarias sin que ello infrinja el principio de neutralidad.

A diferencia del resto de funcionarios públicos —quienes están legalmente obligados a mantener imparcialidad durante los procesos electorales—, los congresistas quieren dejar por escrito que pueden actuar con total libertad, incluso mientras cumplen funciones oficiales.

El texto propone incorporar el artículo 25-A al reglamento del Parlamento, con el siguiente enunciado: “Los congresistas en ejercicio de su función de representación política pueden expresar, defender y promover las posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad y/o neutralidad.”

ESTE ES EL PROYECTO DE LEY:

El autor del proyecto es el congresista Arturo Alegría, vocero principal de Fuerza Popular. Como coautores figuran otros legisladores de Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular, Acción Popular, Bloque Magisterial, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, Somos Perú, Avanza País, Bancada Socialista y Honor y Democracia.

Argumentos

En los fundamentos del proyecto, los congresistas sostienen que imponerles el principio de neutralidad política vulnera el ejercicio legítimo de su rol parlamentario.

Alegan que, como representantes políticos elegidos por voto directo y universal, su función no es la de actuar como funcionarios neutrales, sino la de canalizar el debate político nacional desde las posturas ideológicas que representan.

Añaden que exigir neutralidad política sería desnaturalizar su papel y equipararlos a funcionarios administrativos, lo cual contravendría la esencia del Congreso como un espacio de deliberación plural y confrontación de ideas, y no como un organismo técnico desprovisto de ideología.

¿Campaña financiada con recursos del Estado?

El problema central del proyecto radica en que los congresistas podrían realizar actividades de proselitismo político sin restricciones, advirtieron especialistas consultados por El Comercio.

La semana de representación —que se repite mensualmente— permite a los legisladores desplazarse a sus regiones o a cualquier punto del país para “recoger demandas ciudadanas”. Por esta labor, cada congresista recibe un bono mensual de S/ 2.800 como “apoyo logístico”.

En marzo de 2024, el Congreso restableció la posibilidad de reelección inmediata para los parlamentarios. En este contexto, los especialistas advirtieron que permitir actividades proselitistas amparadas en funciones oficiales supone una ventaja frente a otros candidatos que deben renunciar a sus cargos o solicitar licencia sin goce de haber para hacer campaña.

Proselitismo disfrazado

El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi sostuvo en diálogo con El Comercio: “El proyecto legislativo tiene una serie de errores y horrores de hermenéutica e interpretación constitucional, porque pretende, de manera descarada, crear un escudo para que los parlamentarios puedan violar el principio de neutralidad electoral, de neutralidad estatal, y hacer campaña”.

Agregó que mientras otros funcionarios deben pedir licencia o renunciar al cargo, los congresistas buscan usar la semana de representación como plataforma para su reelección: “Esto es inaceptable en una democracia, es inconstitucional por el artículo 31 de la Constitución. Necesitamos una prensa vigilante y una Contraloría General de la República que haga su tarea. Acá hay el riesgo de usar los despachos congresales como locales de campaña”, aseveró.

El artículo 31 de la Constitución señala: “[...] La ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana”.

El constitucionalista Heber Joel Campos también alertó sobre los efectos del proyecto:“La línea que distingue los actos de representación de los actos de proselitismo político es muy delgada. Si los congresistas asumen que pueden realizar cualquier tipo de actos y dar cualquier tipo de declaraciones bajo el manto de la protección del artículo 93 de la Constitución, vamos a entrar en un escenario de inequidad política”, dijo.

Campos advirtió que la propuesta legislativa perjudicaría a los demás candidatos que no cuentan con las mismas facilidades logísticas, económicas y hasta mediáticas. “Y eso, de por sí, ya constituye una grave irregularidad”.

Añadió que el proyecto resulta innecesario y peligroso: “Es redundante. La Constitución ya les otorga inviolabilidad por sus votos y opiniones. Pero además es un mal indicio: a diferencia de otros funcionarios, los congresistas que van a la reelección no están obligados a renunciar al cargo previamente. Este proyecto puede interpretarse como una ‘autorización’ para hacer proselitismo disfrazado de representación”, señaló.

En tanto, el excongresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) calificó de “inaceptable” la propuesta legislativa. “Los alcaldes o los ministros renuncian o piden licencia sin goce de haber para poder competir en elecciones. El cargo de congresista es irrenunciable, pero eso no significa que tengan el derecho a participar con tiempo y recursos del Congreso”, afirmó.

Destacó que los parlamentarios “ignorantes o ingenuos creen que lo que no han hecho en cuatro años y medio lo pueden hacer en uno o dos meses de campaña”.

Consultado si el proyecto disfraza proselitismo político como actividades de representación, respondió: “Por supuesto que sí. Y además con dinero del Estado, porque no dejan de cobrar”.

Riesgos de distorsionar el proceso electoral

El abogado José Naupari, especialista en derecho electoral, recordó que la inviolabilidad parlamentaria no es una licencia para todo: “Los congresistas tienen inviolabilidad de votos y opiniones. Ello comprende el hecho de que no pueden ser procesados ni sancionados ante el Jurado Nacional Elecciones por sus opiniones. Pero esa inviabilidad está en función a la naturaleza del cargo. Pueden dar pareceres vinculados a la ideología, programáticos, pero partidarios no”.

Y advirtió: “El proyecto tendría que precisar que los comentarios no pueden estar vinculados con partidos o candidatos en contienda”.

Este Diario intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con el autor del proyecto, el legislador Arturo Alegría. No obstante, no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta publicación.

El proyecto de ley se encuentra en manos de la Comisión de Constitución, que es presidida por el congresista Alejandro Rospigliosi, también de Fuerza Popular.