Iván Lanegra, Samuel Rotta y Martín Cabrera - representantes de la Asociación Civil Transparencia, Proética y 50+1, respectivamente - cuestionaron los blindajes en la Comisión de Ética a las parlamentarias Rosio Torres, Magaly Ruiz (Alianza para el Progreso) y Heidy Juárez (Podemos Perú), denunciadas por los presuntos recortes de sueldos de sus trabajadores.
Asimismo, señalaron que las decisiones tomadas por el grupo de trabajo, presidido por Karol Paredes (Acción Popular), responden a un cálculo político.
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En diálogo con El Comercio, Lanegra indicó que lo sucedido en esta instancia refleja que los parlamentarios “solamente están preocupados por sus intereses particulares y nada más”. Añadió que “claramente” se trata de “malas decisiones” y que, más allá del Congreso, “nadie defendería algo así”.
Para el secretario general de Transparencia, estos blindajes contribuyen a la desaprobación del Poder Legislativo. “Simplemente reposa lo que ya siente la gran mayoría de la gente sobre el Congreso, que solamente está preocupado de sus intereses particulares y nada más”, señaló.
"Hay una moneda de cambio de votos por decisiones"
“En el caso de la Comisión de Ética, para mucha gente ni siquiera es una instancia relevante, más bien la miran sencillamente como un brazo del Congreso, sin ninguna distinción en particular. Es una comisión que ya hace mucho que sabíamos de sus profundas limitaciones. Entonces nada de sorprendente [...] Refuerza lo que ya sabemos sobre el funcionamiento del Parlamento”, expresó también.
Lanegra no ve con esperanza que la situación se revierta en otros casos de recorte de salarios como los de Edgar Tello, María Cordero y José Arriola debido a que, a su juicio, en el Legislativo “todo se decide sencillamente por la fuerza de los votos” por más que “estos comportamientos sean condenables”, Asimismo, indicó que, otro factor para estos blindajes, es la próxima elección de la nueva Mesa Directiva. “Hay una moneda de cambio de votos por decisiones”, sentenció.
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Por su parte, Samuel Rotta dijo “que la Comisión de Ética debería reformularse” porque es “evidente que un modelo de control conformado por los propios parlamentarios se presta a a los cálculos políticos, como lo hemos visto en estos últimos días”.
Rotta coincidió con Lanegra respecto a que dentro de los “cálculos políticos” se encuentre la próxima elección de la Mesa Directiva.
“Cuando digo cálculo político es eso. Es como los resultados de las investigaciones en la comisión se convierten en moneda de cambio para otro tipo de decisiones”, subrayó.
Además, remarcó que las últimas decisiones adoptadas por el grupo que preside Paredes solo representan “una afectación a la condición de ética” sino a la imagen del propio Parlamento. “No olvidemos que tienen una aprobación de un dígito y parte de esto tiene que ver con la conducta sistemática del Legislativo ante evidentes irregularidades”
El director ejecutivo de Proética opinó que si “la Comisión de Ética se desactiva, no pasaría absolutamente nada, pues no funciona”. “No necesitamos a la comisión así como está [...] Recordemos solo el caso del congresista Freddy Díaz, pasaron el hecho por agua tibia y tuvo que haber un escándalo grande para que reculen. Eso puso la valla por el subsuelo”, acotó.
Rotta añadió que “no solo” la Comisión de Ética “no funciona” sino el propio código de ética parlamentaria en sí.
“El código de ética mismo necesita ser revisado, es muy vago, No establece un marco suficientemente claro para que los parlamentarios puedan sujetar sus conductas a esos parámetros. No hay procedimientos preventivos útiles [...] Esta comisión y su conformación claramente solo sirven como parte del juego político del Parlamento y sus decisiones se vuelven moneda de cambio”, concluyó.
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En tanto, Martín Cabrera, especialista de 50+1, también ve conveniente que se produzcan cambios tanto en el código de ética como en el reglamento del Congreso a fin de que establezcan sanciones más severas ante casos como estos, como el desafuero producto de un proceso que se inicie en la Comisión de Ética.
“Lamentablemente el reglamento del Parlamento considera como máxima sanción la suspensión y el código de ética establece conductas antiéticas una serie de hechos muy generales”, acotó.
Además…
Otra opinión
- En diálogo con este Diario, Alejandro Rospigliosi remarcó que queda pendiente conocer cuál es la situación de estos casos en la Fiscalía de la Nación y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).
- "Sunafil que debe multar al Congreso y al Congresista que permitió y no supervisó este acto execrable", aseveró.
- Asimismo, indicó que dentro del Poder Legislativo se debe impulsar un proceso administrativo disciplinario contra aquellos asesores cómplices de los presuntos recortes y, si alguno continuara laborando, "debe ser despedido por falta grave".
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Blindaje
Hasta el momento, ocho legisladores fueron denunciados por presuntos recortes de salarios. Ellos son: Magaly Ruiz , Rosio Torres y María Acuña (APP); Heydi Juárez (Podemos Perú); María Cordero (ex Fuerza Popular); José Arriola (AP); Katy Ugarte (No agrupados) y Edgar Tello (Bloque Magisterial).
El último viernes 23 de junio, la Comisión de Ética Parlamentaria blindó a la legisladora Rosio Torres (APP) y aprobó una sanción de solo 30 días de su remuneración como multa y una amonestación escrita, en lugar de suspenderla por 120 días, como se había propuesto inicialmente, por la denuncia de recortes de sueldo en su contra.
El pedido para salvar de la suspensión a Torres fue planteado por su colega de bancada, Cheryl Trigozo pese a que en abril el líder del partido, César Acuña anunció su expulsión y pidió una sanción en la Comisión de Ética.
La modificación de la sanción fue aprobada con ocho votos a favor, tres en contra y dos abstenciones. Perú Libre, Acción Popular, APP, Renovación Popular, Perú Bicentenario y el Bloque Magisterial fueron las bancadas que favorecieron a Torres.
Rosio Torres ha negado las acusaciones de recorte de sueldo en su contra. (Foto: Congreso)
El viernes, el grupo de trabajo también evitó sancionar con suspensión de 30 días a Katy Ugarte (No agrupados) por el despido de una trabajadora embarazada de su despacho. Este último caso solo logró 6 votos a favor y 8 abstenciones, por lo que se declaró no resuelto y se dejó en suspenso hasta una próxima sesión. Es importante precisar, que esta legisladora también fue denunciada por el presunto recorte del salario de trabajadores de su despacho.
Previamente, también se buscó blindar al parlamentario José Arriola (AP), presuntamente implicado en un caso recorte de salarios. El informe de calificación de esta denuncia se aprobó el pasado 12 de junio. El último viernes, tras un pedido de reconsideración presentado por su colega de bancada Luis Aragón, el grupo de trabajo volvió a votar dicho documento y el caso quedó en suspenso hasta la próxima sesión gracias a las abstenciones de siete parlamentarios.
La Comisión de Ética también blindó a Magaly Ruiz acusada de recortar sueldos a sus trabajadores. El grupo de trabajo solo recomendó una amonestación escrita con multa de 30 días de descuento de su sueldo. Una decisión similar tomaron contra Heydi Juárez, de Podemos Perú.
Las congresistas Magaly Ruiz Y Heidy Juárez también son investigadas en la Fiscalía de la Nación.
En el grupo de trabajo quedan pendientes los casos de María Cordero, María Acuña, José Arriola, Katy Ugarte y Edgar Tello.
