Martín Vizcarra: Congreso aprueba que sea procesado penalmente por caso ‘Richard Swing’

El Congreso de la República aprobó que el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) sea procesado penalmente por la contratación del cantante Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’, en el Ministerio de Cultura.

El acuerdo fue tomado con 85 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones, con lo que la representación nacional dio luz verde al informe sustentado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

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Específicamente, se aprobó acusar a Vizcarra Cornejo por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, peculado doloso por apropiación para terceros o alternativamente negociación incompatible, y finalmente por supuesta obstrucción a la justicia.

Según explicó al sustentar el informe final, Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, detalló que el expresidente habría gestionado la contratación irregular de ‘Richard Swing’ ejerciendo presión sobre altos funcionarios en el Ministerio de Cultura entre los años 2018 y 2020.

En total, la denuncia consideró nueve órdenes de servicio supuestamente ilícitas que fueron pagadas con fondos del mencionado ministerio.

Se trata de la Denuncia Constitucional 196 (antes 451), que recomendó acusarlo por los delitos de tráfico de influencias agravado, peculado doloso, negociación incompatible y obstrucción a la justicia.

Según la denuncia constitucional, el cantante Richard Cisneros Carballido habría sido contratado irregularmente entre el 2018 y 2020, habiendo obtenido pagos hasta por S/175.400.

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En setiembre del 2021 el Ministerio Público concluyó la investigación por el Caso ‘Richard Swing’ y presentó una denuncia penal contra 19 personas, incluyendo a la exsecretaria general de la Presidencia de la República Mirian Morales.

La fiscal Janny Sánchez solicitó 13 años y 4 meses de prisión para Mirian Morales, exbrazo derecho de Vizcarra Cornejo; y 6 años y 8 meses para Richard Cisneros por la irregular contratación del cantante en el Ministerio de Cultura.

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Finalmente, para ambos el Ministerio Público solicitó una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años.