Propuesta de Boluarte sobre autógrafas observadas genera nueva fricción con el Congreso: ¿cuáles son los puntos de conflicto?

Otárola advirtió que el Parlamento “muchas veces” y “casi por efecto rebote” aprueba por insistencia normas que fueron observadas por el gobierno, a los pocos días de esta acción.

“Todas observaciones son técnicas, cuando se devuelve al Congreso, muchas veces, casi por efecto rebote en la misma semana de la observación se aprueba por insistencia. Estamos presentando un proyecto para que al menos tengan 15 días de reflexión”, manifestó en una entrevista a RPP Noticias.

Agregó que si el cuestionamiento es de “carácter constitucional” inmediatamente, la autógrafa debe ir a la Comisión de Constitución del Congreso.

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A inicio de julio, El Comercio informó que durante la presidencia del Congreso de José Williams Zapata (Avanza País), el Ejecutivo observó 113 fórmulas legislativas. De estas, el Parlamento insistió en el 56% de los casos.

El 28 de junio, el primer ministro Alberto Otárola adelantó que el Gobierno evaluaba presentar un paquete de acciones de inconstitucionalidad contra el Congreso por leyes aprobadas por insistencia y que afectan el presupuesto, la caja fiscal y la iniciativa de gasto, entre otros motivos.

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“Intromisión” al trabajo congresal

El portavoz alterno de Fuerza Popular, Arturo Alegría, calificó la iniciativa como “una intromisión” de parte del Ejecutivo a la labor del Congreso.

“El gobierno busca imponer al Parlamento cómo debe tratar los proyectos de ley, lo que buscaría con esta modificación [al artículo 77 del reglamento] es forzar al Congreso a actuar en función a cómo cree el Ejecutivo. Es una intromisión, desde un punto de vista general. Vamos a estudiar el documento [una vez que lo manden], ver si tiene argumentos sólidos”

Arturo Alegría, congresista de Fuerza Popular

Alegría dijo que la mayoría de leyes que aprueba el Congreso no solo pasa por un “debate intenso” en las comisiones, sino también por el filtro del pleno.

“Me parece extraño que el Ejecutivo venga a decir ahora que no se están evaluando los proyectos de ley, algunas normas pasan por debates que duran meses. Y el gobierno tampoco debe observar por observar, eso tampoco es lo adecuado”, acotó.

A su turno, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, afirmó que a priori la propuesta de Dina Boluarte “parece ser una injerencia directa” en el trabajo congresal.

“Los congresistas no tenemos mandato imperativo, menos para analizar una norma. Y cuando se insiste es porque es lo que corresponde, son proyectos de carácter social, la prioridad siempre la va a tener la población y no el Ejecutivo […] Esta iniciativa se debería rechazar”

Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular

Desde Perú Libre, su portavoz, Flavio Cruz, dijo que todo lo que tenga que ver con modificaciones al reglamento del Congreso “lo debe impulsar preferentemente” el mismo Parlamento.

“El Ejecutivo es un poco impertinente en este tema, si se da la insistencia es porque el gobierno observa de manera frecuente".

Flavio Cruz, congresista de Perú Libre

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Cruz, incluso, señaló que el gobierno observa muchas leyes del Parlamento, porque “pareciera que ellos estuvieran de acuerdo con que el Legislativo promulgue, es una especie de lavada de manos, qué extraño que ahora quieran regular”.

“Es un cambio paliativo”

El vocero alterno de Acción Popular, Ilich López, refirió que para que el Parlamento produzca mejores leyes, se requiere que este poder del Estado tenga “una segunda cámara”.

“Quince días, treinta días o cincuenta días no son suficientes [para evaluar una observación], cuando se habla de la calidad de las normas definitivamente se debe pasar por un cambio estructural. Y no solo el Congreso, sino también el Ejecutivo. Esta medida es un cambio paliativo, lo que propone Boluarte y Otárola es un tema coyuntural”, expresó a El Comercio.

López indicó que su bancada analizará la propuesta, y adelantó que toda iniciativa que ayude a tener mejor calidad de las normas, “es bienvenida”.

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Por su parte, el portavoz de Somos Perú, José Jeri, contó que en una reunión que tuvo con el primer ministro, ambos coincidieron en que debe haber un trámite especial para aquellas autógrafas observadas que tengan incidencia presupuestaria o económica.

“Vamos a ver cuáles son los alcances que el Ejecutivo proponen, vamos a ver si coincide con nuestra iniciativa o no”, refirió.

La vocera alterna de Cambio Democrático-JPP, Ruth Luque, dijo, a título personal, que el mandato constitucional es claro y establece que los parlamentarios no pueden crear leyes que demanden presupuesto. No obstante, en los últimos tiempos no se ha respeto este tema.

Añadió que desde el gobierno de Pedro Castillo, el Parlamento no ha tomado en cuenta las observaciones hechas por el Ejecutivo.

“Se ha instalado una lógica de parlamentarismo puro. Ahora, el Ejecutivo plantea mayor tiempo de reflexión, pero las normas ya obligan a los presidentes de las comisiones a hacer una evaluación técnica y política [de los proyectos], y eso también pasa porque las sesiones sean presenciales, la virtualidad se ha vuelto lo cotidiano. Y hay congresistas que no saben ni lo que votan”, criticó.

El abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, dijo que la anunciada iniciativa de Boluarte y Otárola “es irrelevante”, porque nada impide a los congresistas que pasados los 15 días de “reflexión”, igual voten a favor de la insistencia de una autógrafa observada.

“El Ejecutivo cree de manera ilusa que van a obligar a los parlamentarios a reflexionar, que pasados determinados días, ya no van a votar por la insistencia, eso no es cierto. Van a pasar los 15 días e igual van a insistir. ¿Qué cambia este proyecto?”, expresó a El Comercio.

Rospigliosi dijo que el gobierno debería enfocarse en tener una mejor coordinación parlamentaria, a través de los enlaces que tiene cada ministerio en ese poder del Estado.

“El Ejecutivo, en especial este que no tiene bancada, que es un huérfano en el Parlamento, necesita mejores operadores políticos que puedan advertirles a los congresistas sobre los riesgos de aprobar un determinado proyecto de ley”, acotó.

El abogado Martín Cabrera, consultor en temas parlamentario de 50 +1, refirió que si bien la iniciativa del gobierno es “bien intencionada”, porque en teoría busca conseguir que el Congreso se allane a sus observaciones, en realidad la norma podría no tener un efecto real si llegase a ser aprobada.

“La verdad no sé en qué medida esto podría ordenar mejor el proceso de formulación de leyes. Mientras la observación llega a la Mesa Directiva, va a la comisión, puede transcurrir una semana. Y mientras la comisión la vuelve a debatir y decide si se allana o no a la observación puede pasar otra semana más”, manifestó a este Diario.

Cabrera indicó que si al gobierno le preocupa realmente el ordenamiento de las leyes, podría plantear también alternativas que viabilice la reglamentación de estas.

Recordó que casi el 30% de las 88 normas que no tienen reglamento corresponde al 2023.

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Más información

El Poder Ejecutivo presentó el 28 de julio, día en que Boluarte ofreció su mensaje a la Nación, cinco proyectos de ley. Uno de ellos busca que el Congreso les dé facultades para legislar sobre seguridad ciudadana, entre otros temas por 120 días.

Ese día, Boluarte explicó que el objetivo del Ejecutivo “es producir un total de 50 normas”. De estas, 33 para reducir la amenaza de la delincuencia, seis para enfrentar las emergencias que deriven de El fenómeno de El Niño global, 10 respecto al desarrollo de infraestructura y uno sobre meritocracia en el Estado.