Sin prioridad en el Congreso: Reforma de impedimentos para postular lleva casi un año en el limbo legislativo

Entre más de 60 páginas, la agenda del Congreso aguarda uno de los puntos de reforma más importantes con miras a las elecciones del 2026: la inclusión de nuevos delitos para el impedimento de postulación de condenados, aun cuando estén rehabilitados, a cargos públicos. Dicha norma cerraría el paso a una eventual postulación de Antauro Humala, quien purgó prisión por homicidio, secuestro agravado, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión por la toma de la comisaría de Andahuaylas en enero del 2005, donde fueron asesinados cuatro policías.

El dictamen de ley figura en la página 31 de la agenda del Congreso, y no se ha logrado aprobar pese a que fue presentado por la Comisión de Constitución en marzo del 2023, cuando era presidida por el fallecido legislador Hernando Guerra García (Fuerza Popular). Es decir, la iniciativa cumple este mes un año en el limbo parlamentario.

A diferencia de otras iniciativas de menor envergadura, esta reforma no ha tenido prioridad entre las fuerzas parlamentarias. Si bien se aprobó en marzo del 2023, recién entró a la agenda del pleno en junio del mismo año. No se logró debatir en el hemiciclo hasta julio que finalizó la legislatura. Volvió a entrar en agenda en setiembre del 2023, pero no fue hasta diciembre que se inició el debate. La discusión no logró consensos y pasó a cuarto intermedio, según recuerda uno de los autores de la propuesta Alejandro Muñante (Renovación Popular), por pedido del parlamentario Roberto Chiabra quien pidió ajustas a la fórmula.

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Desde entonces, el tema no se volvió a reabrir en la máxima instancia parlamentaria. Recientemente, el legislador Muñante ha iniciado una campaña en redes sociales en busca de que se priorice esta y otras medidas que puedan bloquear la postulación de Antauro Humala, quien promueve un partido político que ya cuenta con inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones y que lleva sus iniciales. La Fiscalía de la Nación ha pedido información tras un pedido del propio parlamentario Muñante para declara la ilegalidad de la agrupación del condenado líder etnocacerista.

Un informe de la Asociación Civil Transparencia, presentado en febrero pasado, detalla que la propuesta de reforma de impedimentos para postular es la que más iniciativas acumula en el Congreso, incluso por encima de la bicameralidad.

Los especialistas coinciden en que la propuesta es viable, pero el abogado José Manuel Villalobos precisó que su aplicación dependerá finalmente del JNE.

“En el ámbito electoral, el JNE ha venido aplicando este tipo de impedimentos a personas con rehabilitación anterior a la vigencia de la Ley N° 30717, entendiéndose que el criterio electoral es aplicar estas normas de manera retroactiva, lo cual va contra el criterio establecido por el Tribunal Constitucional en el caso del señor Rolando Solís”, anotó el abogado Virgilio Hurtado.

Respecto a la posibilidad de declarar la ilegalidad del partido A.N.T.A.U.R.O, la abogada Silvia Guevara resaltó que no existe un reglamento con pautas y plazos para esta medida, por lo que indicó que el Congreso podría abordar este vacío.

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Antauro y su partido son un peligro para la democracia

Por Alejandro Muñante, congresista por Renovación Popular

Detrás de las intenciones políticas de Antauro Humala, sentenciado por el ‘andahuaylazo’, se esconde un aliado –directo o indirecto– que desde el JNE parece estar moviendo el terreno político para colocarnos una bomba de tiempo que puede estallar en pleno proceso electoral 2026.

Y es que la actitud del señor Salas Arenas de pretender ningunear el hecho de que el partido A.N.T.A.U.R.O. lleve el nombre de un asesino de policías, destila suspicacias en los sectores demócratas. 

Lejos de la mirada política del responsable de las elecciones más cuestionadas de los últimos años, la propuesta de Humala va contra todo criterio razonable, pues no solo ensalza a grupos terroristas, sino también propone, sin arrepentimiento alguno, la muerte de policías y militares; así como el cierre inconstitucional del Congreso y la convocatoria ilegal de una asamblea constituyente.

Por ello, ante esta arremetida filoterrorista y frente a lo dispuesto por el TC que, de manera errada, sopesa el derecho individual de un condenado por encima del derecho de todos los peruanos a vivir en democracia; además de la actitud pasiva del JNE, hemos accionado en nuestro deber de ciudadano y de autoridad.

De esta forma, ha quedado en manos del pleno, mi propuesta N°3911 para impedir que condenados por rebelión, traición a la patria, terrorismo y corrupción de funcionarios puedan acceder a cargos de elección popular.

Asimismo, he oficiado a Fiscalía y Defensoría del Pueblo para que, en razón al artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, puedan declarar la ilegalidad de esta organización por promover conductas antidemocráticas. La fiscalía ya inició indagaciones que esperemos, no sean un saludo a la bandera. Después no digan que nadie hizo nada por evitarlo.

En la Comisión de Constitución

¿NUEVA FÓRMULA?

Este Diario consultó con Martha Moyano, titular de la Comisión de Constitución, sobre si existía nueva fórmula para la reforma de impedimentos,pero no respondió nuestros mensajes.