Crisis en el Ministerio Público: ¿Qué sucederá luego que Patricia Benavides pretendió asumir cargo de FN irrumpiendo en oficinas de Delia Espinoza?

Benavides Vargas, acompañada de su abogado Juan Peña, personal de seguridad y terceras personas, ingresaron al promediar las 8:18 de la mañana, por la puerta principal de la entidad, ubicada en la avenida Abancay, en el Centro de Lima. No registraron su visita y pasaron directamente hasta el piso nueve de la entidad.

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Recíbelo

Allí, se produjo uno de los episodios más escandalosos registrados al interior del MP en el largo conflicto interno que ha tenido que afrontar la institución en los últimos años.

MIRA: Dina Boluarte: ¿Qué opinan los congresistas sobre peritaje a su firma presentada por clínica de Mario Cabani?

En esta ocasión, a consecuencia de la resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que anuló la destitución de Benavides como fiscal suprema titular y ordenó a Espinoza Valenzuela también la reponga en el cargo de FN.

Benavides, como se recuerda, fue destituida por la JNJ en mayo de 2024, por haber cometido faltas muy graves que afectaban al MP, por remover a la exfiscal Bersabeth Revilla a fin de que esta no continúe investigando a su hermana Emma Benavides. La decisión quedó firme, en octubre de ese mismo año, luego de declarar improcedente su reconsideración.

Antes de su llegada a la fiscalía, Benavides envió un oficio a Espinoza pidiéndole que no realice acto alguno como fiscal de la Nación, en atención a la resolución expedida a su favor por la JNJ.

Luego de ello, a las 7:56 de la mañana, la Fiscalía recibió un oficio de parte de la Junta Nacional de Justicia que les ponía en conocimiento la resolución a favor de Benavides. El documento anexado fue la resolución firmada únicamente por el presidente de la JNJ, Gino Ríos.

Posterior a ello, Benavides ingresó a la fiscalía. Según relataron fuentes del MP a El Comercio, Benavides y el grupo de personas que la acompañaba no habría esperado la autorización para ingresar hasta el pasillo donde se ubican el despacho de Espinoza Valenzuela. Por el contrario, un video la muestra empujando la puerta de ingreso, secundada por otras personas.

De allí llegó hasta el despacho de la Fiscalía de la Nación donde habría buscado ingresar, pese a que Espinoza Valenzuela se encontraba al interior. Sin embargo, la seguridad se lo impidió y Benavides Vargas decidió apostarse en la puerta por varias horas.

Todo esto provocó que la fiscal Espinoza Valenzuela no pueda presidir la Junta de Fiscales Supremos, que tenía previsto sesionar para analizar la situación de la institución, puesto que, hasta ahora de la mañana del lunes, no habían sido notificados con la resolución de la JNJ.

Debido a la tensa situación, hasta el piso nueve llegó una representante de la Fiscalía de Prevención del Delito quien tomó la declaración de la secretaria de la Junta de Fiscales Supremos. “Para dejar constancia que, teníamos la sesión de Junta (de Fiscales Supremos) el día de hoy, a las ocho y media y no se ha llevado a cabo por los incidentes ocurridos (¿qué incidentes han ocurrido?); hay acá una obstaculización para llevar adelante (la sesión)”, denunció la funcionaria.

Esta acción habría provocado que Benavides Vargas, decida retirarse de la puerta de la oficina de la fiscal de la Nación y espere en la zona destinada para recepción de visitas. También decidió retirarse la medalla que la identificaba como fiscal suprema titular.

Y es que, a pesar que la JNJ, en su registro electrónico, si bien actualizó la condición de Benavides de fiscal de “inactiva” a fiscal “activa”, no hizo público la resolución que le restituye el título de manera oficial.

El último registro muestra las sanciones de suspensión y destitución que se le impuso. Incluyendo, la resolución de destitución que ahora la JNJ anuló de oficio y que lleva la firma de todos los integrantes del pleno de la JNJ, y no solo la del presidente de la entidad.

Al promediar las dos de la tarde, Benavides y sus acompañantes abandonaron la sede del Ministerio Público, por la puerta posterior del edificio.

Desde el MP también señalaron a este Diario que la Fiscalía de la Nación devolvió a la Junta Nacional de Justicia el oficio que le fue notificado sobre el caso de Benavides Vargas. Además, refirieron a la JNJ que debe notificar la resolución conteniendo la firma de todos los integrantes que participaron de la decisión. Hasta el cierre de este informe, dicho documento no había llegado a la fiscalía.

Por ello, la Junta de Fiscales Supremos se declaró en “sesión permanente”, luego de reunirse la tarde del lunes, a fin de tomar decisiones y actuar, sin necesidad de convocar a otras formales. Es decir, será una reunión continuada por los siguientes días señalaron fuentes de la entidad fiscal, al considerar una acción ilegal e inconstitucional, no solo de parte de Benavides; sino también de la JNJ.

Consumados los hechos, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, emitió dos mensajes. Uno a la sociedad y otra a los fiscales y trabajadores de su institución.

Ante estos últimos aseguró que no se moverá de su cargo y que defendería su elección de las “argucias legales y mecanismos torcidos” que pretendían imponerles.

“Irrumpir en nuestra sede central y más aún, a empujones, llegar hasta el piso nueve donde está la sede de la Fiscalía de la Nación y donde teníamos que reunirnos con la Junta de Fiscales Supremos, obstaculizando nuestras labores, eso no tiene nombre. Se han cometido delito y habrán consecuencias”, denunció Espinoza.

En el pronunciamiento institucional, la fiscal de la Nación alertó a la comunidad nacional e internacional que este parecería ser “el primer paso de un golpe” al estado democrático del país.

“El día de hoy lunes 16 de junio del 2025, se esta llevando a cabo un golpe a la democracia. Yo, Delia Espinoza Valenzuela, fiscal de la Nación fui elegida constitucionalmente por la junta de fiscales supremos el 18 de octubre del 2024, prestando juramento ante la Nación y de manera pública el 8 de noviembre del mismo año. Hoy, se pretende sacarme por la fuerza del cargo al que fui constitucionalmente elegida.”

Delia Espinoza, fiscal de la Nación

También alertó que pretendían retirarle su seguridad personal, que le corresponde como fiscal de la Nación. Advirtió que hacía responsable al Ministerio del Interior, y a las autoridades competentes por no acudir hasta las instalaciones del MP, a fin de garantizar la seguridad de los fiscales y trabajadores de la institución.

De otro lado, Víctor Cubas, vocero del MP, informó que se encuentran a la espera de que la Junta Nacional de Justicia notifique la resolución con la firma de todos los integrante del Pleno.

“De acuerdo al procedimiento legal, la resolución emitida por la Junta y allí hay formalidades. Esa resolución tiene que haber sido emitida por el acuerdo unánime de todos los miembros (…) No sabemos hasta el momento, porque no ha llegado el documento, cuando llegue el documento, se dirá lo que corresponde”, dijo a Canal N.

En esa línea, anunció que cuando sean notificados la JNJ y luego de que la Junta de Fiscales Supremos tome conocimiento, “se pedirá la aclaración o el trámite que corresponde”.

Ya en declaraciones a RPP, Cubas Villanueva resaltó que al conocerse que el integrante de la JNJ, Francisco Távara, no existiría “unanimidad” y no procede “válidamente” ningún acuerdo de la JNJ.

“Se ha presentado simplemente, una resolución con la firma del presidente y eso no es pues una notificación oficial de la decisión adoptada por la Junta Nacional de Justicia”, remarcó.

Finalmente, adelantó que la JNJ está disponiendo algo de “imposible ejecución”, como lo es la reposición de Benavides como fiscal de la Nación. Ello, porque a la fiscalía de la Nación fue electa por la Junta de Fiscales Supremos, en un acto “de buena fe” y dentro de sus facultades.

Los hechos ocurridos también generaron el pronunciamiento de los coordinadores de las fiscalías superiores, quienes rechazaron los intentos de “desnaturalizar” la autonomía del Ministerio Público y respaldaron la elección de la fiscal Delia Espinoza, como fiscal de la Nación, por parte de la Junta de Fiscales Supremos.

En diálogo con El Comercio, Juan Peña, abogado de Patricia Benavides, informó que al no permitirse que su patrocinada asuma como fiscal de la Nación, presentaron una denuncia contra la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, ante el Congreso de la República y también oficiaron a la Junta Nacional de Justicia, lo ocurrido este lunes.

Peña explicó que han puesto en conocimiento del Parlamento, que Espinoza Valenzuela habría cometido usurpación de funciones y otros presuntos delitos en “flagrancia” y corresponderá al Legislativo decidir si adopta las medidas correspondientes.

“Nosotros ya hemos denunciado ante el Congreso de la República, que es la facultada para detener a un fiscal supremo y ante la Junta Nacional de Justicia. Acuérdese que los fiscales supremos únicamente pueden ser detenidos por disposición del Congreso y la flagrancia dura 48 horas. (¿Han pedido la detención?) Eso corresponderá a la policía, al fiscal de flagrancia o al Congreso, actuar.”

Juan Peña, abogado de Patricia Benavides

De acuerdo con el documento que obtuvo El Comercio, Benavides Vargas envió la comunicación al presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, a fin de que este disponga que el Parlamento tome acciones, al acusar a Espinoza de desacatar la resolución de la JNJ.

Alegó que la decisión es de obligatorio cumplimiento, por lo que dijo, no es admisible que Espinoza Valenzuela, a cargo de la Fiscalía de la Nación, alegue que no está de acuerdo con la decisión de la JNJ, e incumpla el mandato que “está premunido de presunción d e validez y constitucionalidad”.

“Sobretodo, teniendo en consideración que actúa en condición de Fiscal de la Nación y como máxima autoridad del Ministerio Público está obligada a cumplir y hacer cumplir las leyes, así como respetar la institucionalidad, base de un Estado democrático de derecho. Incurriendo en una clara infracción constitucional y vulnerando, específicamente, el numeral 1 del Artículo 159° d e la Constitución Política del Perú.”

Patricia Benavides, exfiscal de la Nación

En otro extremo de su declaración a este Diario, Peña también confirmó que oficiaron a la JNJ, a fin de que esta, comunique nuevamente a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, bajo apercibimiento de abrir un proceso disciplinario o suspenderla en el cargo, de no ejecutar la resolución emitida.

El abogado también rechazó que se haya producido algún altercado y aseveró que las personas que estaban en la puerta de la oficina de la Fiscalía de la Nación, era personal de seguridad del Estado.

De acuerdo a su versión, desde su ingreso a la sede institucional hasta llegar al piso nueve de la fiscalía, nadie les negó el paso y el video donde se muestra a Benavides ingresando, fue porque le quisieron cerrar la puerta en la cara. Agregó que su persona, lo único que hizo fue sostener la puerta para evitar que esta golpeé a su patrocinada.

“Hemos ingresado porque nadie nos dijo que no podíamos ingresar. Estas personas (que se ven en un video) nunca nos dicen que no podámos ingresar, el personal del seguridad que estaba allí, eran tres pesonas, la saludan a la doctora, pero esas dos personas empezaron a correr para el pasadizo y una de ellas, le tiran la puerta en la cara a la doctora. No es que le dijera que no puede pasar; sino que le tira la puerta; porque si no hubieran dicho que no podíamos pasar, nos quedamos allí, que fue lo que pasó en la siguiente puerta.”

Juan Peña, abogado de Patricia Benavides

Finalmente, anunció que Benavides regresará este martes al Ministerio Público, pues si bien no pudo asumir su cargo como fiscal de la Nación hasta el momento, no se le puede impedir el ingreso como fiscal suprema titular.

Remarcó no obstante, que la decisión de la JNJ, para reponer a su patrocinada en el cargo de fiscal de la Nación, es legal. Aseguró que esto es producto de declarar nula la destitución que en su momento, produjo que el fiscal Juan Carlos Villena sea designado fiscal interino y, posteriormente, Delia Espinoza sea electa como FN.

“Se está señalando que la Junta no puede designar al fiscal de la Nación, y esto es es cierto y correcto, pero ellos se olvidan que cuando el doctor Villena asumió y la señora Espinoza fue electa Fiscal de la Nación, tuvieron una misma motivación. Esta fue la suspensión de la JNJ a la doctora Benavides; por tanto, ahora que esto es nulo, entonces tiene que asumir su cargo como fiscal de la Nación que termina el 1 de julio”, adujo Peña.

Humberto Abanto, quien también conforma el equipo de la defensa legal de Benavides, también rechazó que su patrocinada haya querido “tomar por la fuerza” el cargo de fiscal de la Nación, ni la institución.

En declaraciones a Canal N, Abanto aseguró que como fiscal suprema titular no corresponde que se registre .

“(El comunicado de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza) muestra una manifiesta desesperación que debería ser explicada a la opinión pública. La señora Benavides fue restituida como fiscal de la Nación y como fiscal suprema, la Junta Nacional de Justicia ha dejado sin efecto esa decisión porque ha encontrado una serie de vicios a la forma en que se adoptó ¿Por qué resulta que sí obedecieron la primera orden y ahora no pueden obedecer la segunda orden mismo órgano competente?”

Humberto Abanto, abogado de Patricia Benavides

El abogado constitucionalista, Luciano López, sostuvo que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha emitido una resolución contraviniendo procesos ya establecidos por el Tribunal Constitucional (TC) al momento de analizar el recurso de nulidad presentado por Patricia Benavides.

Según López, en la demanda del exintegrante de la JNJ, Marco Tulio Falconí, el TC ya estableció el proceso que debe seguirse para aplicar Ley de Procedimientos Administrativos General. Allí, dijo el abogado, el TC analizó la competencia que tenía la Comisión Especial para la elección de miembros de la Junta Nacional de Justicia para declarar la nulidad de oficio y también revisaron si el procedimiento de elección ya estaba en etapa “preclusiva o perfeccionado (concluido)” y concluyeron que ya había concluido y por ende ya estaba en etapa preclusiva.

“Si se compara eso, con el caso de Patricia Benavides, sería lo mismo, porque la Junta Nacional de Justicia no tendría competencia para declarar nulidades de oficio. La segunda pregunta es, ¿se trata un proceso con etapa preclusiva? Sí, porque se trató de un procedimiento disciplinario sancionador, en el que se le destituyó. Ella plantea una reconsideración y se resolvió. Entonces, hay una decisión hiper-perfeccionada (concluida), al menos bajo los criterios del Tribunal Constitucional”, sostuvo.

Adicionalmente, dijo López, el TC rescata el aspecto de la “unanimidad” para adoptar un acuerdo en torno a un recurso de “nulidad”.

En el caso de Falconí, explicó el abogado, el TC se percata que no hubo unanimidad puesto que, al menos uno de los miembros de la Comisión Especial de selección, la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, se abstuvo de participar.

“Entonces, la interpretación está zanjada si el señor Francisco Távara no ha participado. Por ello, decir que solo los que han visto la causa deben votar, como dicen ellos (la JNJ); es una interpretación en contra de la ley, porque ya tienes el criterio del Tribunal Constitucional”

Luciano López, abogado constitucionalista

Además, precisó que, en el derecho ya se estableció que para casos sancionatorios o que restrinjan derechos, y que se vean a través de una nulidad, no se puede interpretar las normas de manera extensiva, sino restrictiva.

“Este principio constitucional, que además ha sido reconocido en la jurisprudencia del Tribunal, señalan que no cabe una interpretación extensiva. Es decir, cuando se le quiere dar a una norma una extensión que su texto no aparece. O sea, no se puede usar la interpretación extensiva en normas que sean sancionadoras o que restrinjan derechos. La nulidad es por un supuesto vicio, y por tanto en una norma sancionadora y no se le puede aplicar un interpretación extensiva”, comentó.

En esa línea, López comentó que si bien la Junta de Fiscales Supremos (JFS) no es parte del proceso de “nulidad” resuelto por la JNJ, debe declarar inejecutable la decisión para reponer a Benavides en el cargo de fiscal de la Nación, atendiendo que la Constitución dispone tal atribución a la JFS.

El abogado precisó que la resolución de la JNJ, no señala que Benavides sea repuesta como fiscal suprema titular; sino que directamente ordena que sea FN.

En otro aspecto, indicó que de acuerdo al procedimiento, se estarían afectando derechos de terceros, en este caso de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que indirectamente se ve afectada pues fue electa en el cargo de buen fe.

Aquí, recordó que el TC, en el caso Falconí, rescató y dijo que el Poder Judicial (PJ) había actuado bien al incorporar a la JNJ y al exconsejero Guillermo Thornberry como parte afectada, puesto que su decisión al reponer en el cargo a Falconí afectaría a Thornberry (quien tendría que salir de la JNJ para que Falconí se incorpore en su lugar).

Por ello, cuestionó que la JNJ haya invocado la Ley N° 27444 de Procedimientos Administrativos General de manera “sesgada”.

“El Tribunal rescató que se hizo bien al incorporar a la Junta y a Thornberry, que no habían sido demandados, porque en el proceso de amparo iban a ser afectados, como pasó. Por tanto, la cita que ellos (la JNJ) han hecho de la norma, de manera sesgada, demuestra que la razón de ser de la norma es que existan terceros que puedan ser afectados. Y en este caso, es claramente que está afectada la señora Espinoza, que fue designada por un órgano que también termina siendo afectado y es a quien, constitucionalmente, le corresponde esta competencia.”

Luciano López, abogado constitucionalista

Ana Neyra, abogada constitucionalista y exministra de Justicia, coincidió en que ya el Tribunal Constitucional estableció cómo se debe interpretar la Ley de Procesos Administrativos, citada por la Junta Nacional de Justicia.

Explicó en que, en el caso de Marco Tulio Falconí, exintegrante de la JNJ, el TC concluyó que no es posible que se produzca la “abstención” de sus miembros del pleno y no puede haber “unanimidad” cuando dos de sus integrantes no participaron en la votación de ese caso.

Por tanto, en el caso de Benavides, la JNJ tendría que haber contado con la votación de sus siete integrantes, y no se cumplió ello debido a que el integrante Francisco Távara, no participó.

“Lo que sucede es que yo lo que entiendo es que la exigencia que establece el Proceso Administrativo General es que la anualidad de oficio para que proceda, sí o sí exige que haya una unanimidad. Y no es una unanimidad de los presentes. Es una unanimidad de los miembros, de los integrantes del colegiado.”

Ana Neyra, abogada constitucionalista

Otro aspecto, señaló la abogada es que la resolución que se hizo pública, a favor de Benavides Vargas, “solo tiene una firma”.

“Tampoco sabemos si los otros seis, todos, han votado en el sentido específico a favor de la nulidad de oficio. Podría ser, por ahí, que alguno de ellos no haya votado en ese mismo sentido. Solo tenemos la certeza de que el presidente votó en ese sentido, por ello, la supuesta unanimidad de los presentes no está clara; porque, además, el vídeo de la sesión no lo han dejado disponible, y no sabemos si realmente todos votaron en esa lógica”, sostuvo.

Neyra Zegarra consideró que tampoco se puede perder de vista si, la JNJ tenía competencia para revisar los que ya había dejado decidido sus antecesores.

Como se recuerda, el proceso disciplinario concluyó en octubre del 2024, cuando la JNJ rechazó la reconsideración de Benavides Vargas contra su destitución.

“En principio, usted sabe que, una vez se acaba un mandato, esos actos ya tienen una autoridad de cosa decidida y no pueden ser revisados eternamente. No se puede estar revisando y revisando lo que decidieron anteriores colectados todo el tiempo. Excepcionalmente, cuando se aprobó referéndum el cambio de CNM a Junta Nacional de Justicia, se estableció la competencia posible de revisar los procesos anteriores de destitución y otros procedimientos disciplinarios, pero se estableció la ley expresamente, porque la JNJ no está habilitado.”

Ana Neyra, abogada constitucionalista

Y, por último, la especialista remarcó que la JNJ tampoco tiene la potestad para ordenar quién es o no repuesta como fiscal de la Nación.

Ahora, señaló, lo que corresponde es que la Junta de Fiscales Supremos Supremos analice el caso y los caminos pueden ser que acate la resolución en parte, que pida una aclaración a a JNJ, que la propia Fiscalía de la Nación Delia Espinoza, eventualmente, interponga un recurso personal como un amparo.

Neyra cuestionó que la JNJ haya notificado primero a Benavides y no al Ministerio Público, con su decisión de amparar su recurso de nulidad; y que la exfiscal de la Nación haya pretendido remontar su cargo a la fuerza

“El título de la señora Benavides no ha sido formalmente restituido y, sin embargo, ella, se persona del Ministerio Público, con seguridad privada, irrumpiendo en la institución, ¿no? Con ningún respeto por el Estado de Derecho, que también sorprende viniendo de una persona que luego, más bien, usará la legalidad como parte de la función de un fiscal y un fiscal de la Nación en mayor medida”, enfatizó.

Sin embargo, el abogado Julio Rodríguez, aseguró que es tan legítima la decisión de la Junta Nacional de Justicia al decidir la restitución de Benavides Vargas como fiscal de la Nación, que cuando fue removida de su cargo, la Junta de Fiscales Supremos pudo elegir a una nueva fiscal. Por tanto, ahora, que la restituye, se le debe reponer en el cargo del que fue removida.

Sobre la discutida “unanimidad”, recordó que el pleno de la JNJ puede sesionar hasta con seis de sus integrantes. En declaraciones a Canal N, recordó que cuando el exintegrante, Henry Ávila, renunció; la JNJ siguió sesionado con seis miembros.

“La Junta Nacional de Justicia puede sesionar hasta con la presencia de los seis válidamente. Entonces, ¿La unanimidad tiene que ser valorada de la totalidad de los miembros o de los que asistieron a los miembros que asistieron a la sesión? Esa es la cuestión. El día que se votó asistieron seis, uno no se presentó. Por lo tanto, si se puede tomar decisiones con seis, ¿la decisión de esos seis es unánime? La respuesta no puede ser otra más que sí“, dijo.

En tanto, el abogado Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional, agregó que la fiscal de la Nación ha desacatado una resolución de la JNJ, lo que “configura una falta grave”.

En su opinión, lo que debió ocurrir fue que, “en cumplimiento de la resolución de la Junta Nacional de Justicia”, Delia Espinoza entregase el cargo a Benavides.

“Esto sin perjuicio de que los fiscales supremos hubiesen podido presentar un amparo ante un juez constitucional o incluso analizar la posibilidad de recurrir a la propia Junta Nacional de Justicia para aclarar algunos puntos que aparentemente podrían ser discutidos. Lo que no se podía hacer es resistir por la vía de los hechos una resolución vigente. En estos momentos, ella [Delia Espinoza] ha desacatado y eso configura una falta muy grave. Puede ser destituida por la Junta Nacional de Justicia, en cuyo caso habría un cupo más para un fiscal supremo”, dijo en diálogo con El Comercio.

Álvarez consideró que la JNJ “está facultada por su ley orgánica” para restituir a Benavides en el cargo de la fiscal de la Nación. “Es una atribución que la Constitución da a la junta y forma parte de la solución jurídica que dio al caso que estudió. Quien no está de acuerdo puede solicitar una mejor interpretación al supremo intérprete de la Constitución, que es el TC”, afirmó.

Por último, el expresidente del Tribunal Constitucional señaló que la ley orgánica de la JNJ no exige unanimidad para la decisión.

Al cierre de este informe, a través de un comunicado, el Ministerio del Interior señaló que la Policía Nacional garantizaba la seguridad de los funcionarios del Ministerio Público, de sus instalaciones centrales y desconcentradas.

También precisaron que los altos funcionarios, como los fiscales supremos, cuentan con resguardo de efectivos de la Dirección de Seguridad del Estado de la PNP.

Y, casi entrada la noche, pasada las 6:30 de la tarde, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, junto a personal fiscal y administrativo, realizaron una vigilia al interior de la sede principal del Ministerio Público ubicado en el Centro de Lima.

Además…

Cronología

Noviembre de 2023: El Equipo Especial contra la Corrupción del Poder detiene a Jaime Villanueva, asesor de Patricia Benavides, por la existencia de una presunta organización criminal en la cúpula del Ministerio Público.

Diciembre de 2023: El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspende provisionalmente a Benavides, entonces fiscal de la Nación. Es reemplazada por el fiscal supremo Juan Carlos Villena, de manera interina.

Enero de 2024: La fiscal suprema Delia Espinoza, entonces a cargo de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, abre investigación preliminar contra Benavides por presunta organización criminal y otros.

Mayo de 2024: La JNJ destituye a Benavides como fiscal suprema y titular del Ministerio Público.

Agosto de 2024: El Poder Judicial impone 18 meses de impedimento de salida del país contra Benavides.

Septiembre de 2024: La Tercera Sala Constitucional de Lima rechaza un recurso de Benavides contra las decisiones de la JNJ que terminaron con su destitución.

Noviembre de 2024: La fiscal Delia Espinoza asume como fiscal de la Nación para el período 2024-2027 tras ser elegida por la Junta de Fiscales Supremos.

Enero de 2025: La JNJ vuelve a destituir a Benavides, esta vez por la irregular remoción del exfiscal Luis Felipe Zapata González.

Junio de 2025:

• El lunes 9, la JNJ anula la segunda destitución contra Benavides, abriendo la puerta a su reincorporación.
• El viernes 14, la JNJ deja sin efecto la primera destitución contra Benavides. Dispone oficiar al Ministerio Público para su reincorporación como fiscal suprema y que asuma el cargo de fiscal de la Nación.