Denuncia contra Pedro Castillo: ¿quién es quién en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales?

El grupo reanudó labores tras su reconformación y la asunción de Lady Camones, de Alianza para el Progreso (APP), como su presidenta desde el pasado 15 de setiembre. Y aunque está pendiente que sus integrantes arriben a decisiones sobre la denuncia contra Castillo −lo primero es determinar si la declaran procedente−, una revisión de anteriores votaciones permite conocer las posturas que adoptaron frente a hechos claves de control político [ver infografía] al actual gobierno.

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Por ejemplo, en diciembre del 2021, la mayoría de los actuales 25 integrantes de la SAC rechazó la admisión de la primera moción de vacancia presentada contra el jefe del Estado. Tres meses después, se opuso o abstuvo en la votación sobre el segundo intento para destituir al mandatario, a quien la fiscalía imputa en la denuncia constitucional los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Asimismo, en noviembre del año pasado, la mayoría se opuso o abstuvo frente a una moción de interpelación −finalmente aprobada−contra el exministro de Transportes Juan Silva, también comprendido en la denuncia. Este se encuentra prófugo de la justicia desde el 7 de junio pasado y es sindicado por la fiscalía de ser parte del “brazo ministerial” de la presunta red criminal que encabezaría Castillo con el rol de dirigir “los procesos de contratación” de la cartera que dirigió entre julio del 2021 y febrero del 2022.

En setiembre pasado, cuando Castillo ya sumaba seis investigaciones fiscales en su contra y los indicios de corrupción cercaban cada vez más a su gestión, los actuales miembros de la SAC se tornaron esta vez mayoritariamente a favor de otro acto de control político: la censura de Geiner Alvarado como ministro de Transportes.

Alvarado también está incluido en la denuncia a raíz de su actuación como ministro de Vivienda de julio del 2021 a agosto del 2022. La fiscalía lo señala por dirigir “los procesos de contratación” en ese sector como parte de la presunta red criminal.

Posibles cambios

El desarrollo del proceso en la subcomisión, sin embargo, podría entramparse por los cambios en la conformación del grupo luego de que José Williams, presidente del Parlamento, remitiera a cada bancada respectivas listas de legisladores con procesos penales. Ello, de acuerdo al artículo 20 del reglamento del Congreso, les impide formar parte de la SAC y otras comisiones fiscalizadoras.

Según fuentes de este Diario, la lista alcanza a casi todas las bancadas. En el caso de la SAC, los tres integrantes de Acción Popular (AP) −Darwin Espinoza, Ilich López y Jorge Flores−son investigados por la fiscalía por tráfico de influencias por ser sindicados como ‘Los Niños’ del presidente Castillo. Además, la denuncia constitucional contra el mandatario los menciona como parte del “brazo congresal” de una organización criminal.

Dirigentes de AP y congresistas de esa bancada y otros grupos han pedido públicamente que los tres acciopopulistas citados se aparten de la subcomisión.

Al cierre de esta edición, ‘Los Niños’ no daban su brazo a torcer, aunque la bancada de la lampa comunicó que el martes evaluarán el caso de sus integrantes en el importante grupo legislativo. “No somos los únicos investigados en la subcomisión”, dijo a El Comercio Espinoza.

En el oficialismo, Waldemar Cerrón, vicepresidente de la SAC, y José Balcázar también enfrentan procesos penales. El primero está comprendido en una investigación preparatoria por presunto lavado de activos a raíz del Caso Chinalco, que involucra a exfuncionarios del Gobierno Regional de Junín; y también está incluido en la pesquisa por el Caso Los Dinámicos del Centro, presunta organización criminal encargada de financiar indebidamente las campañas de Perú Libre.

El segundo enfrenta una investigación preparatoria por el presunto delito de apropiación ilícita en agravio del Colegio de Abogados de Lambayeque, en la que se le imputa el haberse adueñado de ingresos económicos de dicha institución. El último 10 de octubre, el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo resolvió elevar los actuados a una fiscalía superior al rechazar el pedido del fiscal del caso para que este se archive.

Héctor Valer tiene pendiente un juicio oral en Ucayali por el presunto delito de contaminación ambiental, proceso en el cual la fiscalía ha planteado que se le imponga cuatro años de prisión suspendida, bajo reglas de conducta, y cien días multa.

Además…

Ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también se han presentado denuncias contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Dos de ellas inmediatamente después de que la magistrada planteara su denuncia contra el presidente Pedro Castillo.

Entre los miembros de la subcomisión, Héctor Valer y Óscar Zea han sido ministros del actual gobierno. Segundo Quiroz promueve la inscripción de un partido alrededor del presidente Castillo.