El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se refirió a los contratos de su hermano con el Estado y dijo que gana su dinero “honestamente” y no debe impuestos al fisco.
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Durante una conferencia de prensa, afirmó que Víctor Torres Vásquez trabaja con su almacén “desde hace muchos años” y mucho antes de que él ingresara como ministro de Estado.
“No es verdad que haya sido inhabilitado [mi hermano] porque ahí hay un arbitraje que dispone que se mantengan las cosas tal cual están, sobre la base de una sentencias constitucionales; de manera, allí no hay nada ilegal”, expresó.
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Asimismo, el primer ministro aclaró que su hermano no ha visitado al presidente de la República, Pedro Castillo, lo cual calificó de “absolutamente falso”, y remarcó que tampoco conoce Palacio de Gobierno.
“Mi hermano es un empresario. Claro que como empresario tiene ingresos en la actividad privada, pero también en su almacén. Y si gana millones ese es el peruano; nos mata la envidia, muéranse de envidia los que están en contra de eso”, subrayó.
¿Quién es el hermano de Aníbal Torres?
Víctor Antonio Torres Vásquez ha sido acusado de presuntamente haber formado parte la red de corrupción que montó el exalcalde Roberto Torres en la Municipalidad de Chiclayo.
Un reportaje de Contracorriente detalló que Torres Vásquez y su hijo Iván Torres García, así como Víctor Hugo Carbajal Alzamora, como parte del consorcio Trasatlántica, son acusados del delito de cohecho simple por presentar documentación falsa para ganar una licitación en la Municipalidad de Chiclayo, cuando Roberto Torres era burgomaestre.
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El proyecto fue otorgado en 2013 y los trabajos consistían en el mejoramiento del pavimento y veredas del casco central de la ciudad de Chiclayo. La obra fue entregada en una fecha posterior al plazo establecido y se cobró un monto superior al presupuesto destinado.
El Ministerio Público ha solicitado 9 años de prisión para todos los implicados en el caso. El Poder Judicial ya dictó una primera sentencia de 2 años y 6 meses para el hermano de Aníbal Torres, pero luego la sentencia fue sustituida por jornadas de prestación de servicios a la comunidad, por lo que la Fiscalía apeló.
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