Canciller sobre resolución de la Corte IDH contra dictamen de lesa humanidad: “Es un exceso que no se ha visto”

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, consideró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) cometió “un exceso que no se ha visto” al solicitarle al Estado peruano que se deje sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto sobre lesa humanidad aprobado por el Congreso.

En declaraciones a Willax TV, indicó que la respuesta a dicha instancia supranacional está en proceso de redacción y estará acorde a los “requerimientos” de la Presidencia.

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“La respuesta está en proceso de ser redactada, de perfeccionamiento y en los plazos requeridos. La respuesta es acorde a los requerimientos de la Presidencia”, expresó.

“A mí me parece objetivamente que decirle al Parlamento lo que tiene que hacer es un exceso que no se ha visto. ¿En la práctica la Corte es legisladora también?”, agregó.

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De otro lado, González-Olaechea admitió que la presidenta Dina Boluarte “debería comunicarse con la prensa”, pese a que lleva más de 90 días sin declarar a los medios.

Refirió que Boluarte Zegarra suele hacer “mea culpa” en el Consejo de Ministros sobre algunas decisiones que no tomó en su momento, como exigir más resultados a los titulares de las diferentes carteras.

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“En el Consejo de Ministros a cada rato (ha hecho mea culpa), de no haber tomado decisiones en su momento, de no haber requerido con más exactitud y recurrencia exigencias a los ministros para que logremos más cosas”, sentenció.

Como se recuerda, la Corte IDH requirió al Estado peruano que no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR, que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados antes del 2002.

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En una resolución, solicitó al Perú que presente, a más tardar el 9 de agosto de 2024, un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto con el proyecto, que está pendiente de segunda votación, tras lo cual deberá continuar informando a la Corte cada tres meses, contados a partir de la remisión de su último informe, hasta que el tribunal resuelva su levantamiento.

Ante ello, el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, anunció que el Consejo de Ministros lo autorizó a coordinar un pronunciamiento conjunto entre los tres poderes del Estado (Congreso, Ejecutivo y Poder Judicial).