Tras la difusión de un audio que compromete al primer ministro Alberto Otárola, en el Congreso resuenan voces a favor de que su gestión llegue a su fin, en medio de pedidos de renuncia, advertencias de interpelación y de una denuncia constitucional. Parlamentarios de al menos nueve bancadas consideraron que debe dejar la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mientras la mandataria Dina Boluarte pidió el lunes su retorno inmediato de Canadá. Aunque Otárola se aferra al cargo.

El dominical ‘Panorama’ reveló el domingo un audio entre el premier Alberto Otárola y Yaziré Pinedo, una joven que fue contratada por el Ministerio de Defensa (Mindef) por S/53.000 en febrero y mayo del año pasado. En el audio, a pesar de haberlo negado, Otárola muestra una inusitada cercanía, en donde se refiere de “amor” a la joven y directamente le pide su currículum vitae para lo que sería acceso a un puesto en el Estado.

La joven reconoció el lunes que mantuvo una relación con Otárola. “En su momento fue una relación quizás sentimental, en un periodo de una semana o quizás menos, en enero del 2021″, dijo.

No obstante, aseguró que el audio “es falso, está editado” y data de enero del 2021, cuando Otárola no ocupaba ningún cargo público.

En tanto, el director periodístico de “Panorama”, Marco Vásquez, dijo, en contradicción con Pinedo, que “la fecha del audio es ministerial”.

Este martes, tras las declaraciones de Pinedo, se pronunciaron representantes de Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso.

En la sede del Parlamento, el vocero de la bancada naranja, Eduardo Castillo, enfatizó que “en principio nosotros tenemos claro que primer ministro debe dar un paso al costado y resolver los problemas que él pueda tener”.

"El señor Otárola mintió y eso queda claro para todos los peruanos (...) la política peruana necesita de políticos que den un paso al costado cuando las circunstancias no dan para más"

Arturo Alegría, congresista de Fuerza Popular y vicepresidente del Parlamento tras las afirmaciones de Yaziré Pinedo. Martes 5 de marzo

Tras la declaración de Pinedo, el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, ratificó que Alberto Otárola debería salir del Gabinete. “Sería un grave error mantenerlo en el Gobierno”, remarcó. Además, pidió a la presidenta Dina Boluarte marcar distancia de su hermano, Nicanor Boluarte.

El lunes, diversas bancadas se pronunciaron para pedir la salida del primer ministro.

En Perú Libre, la portavoz Margot Palacios apuntó que el jefe del Gabinete “debería renunciar hoy mismo” y no esperar a su retorno, previsto inicialmente para este miércoles de Toronto, Canadá, a donde viajó el fin de semana para un evento de exploración minera.

“Lamentablemente estas acusaciones no vienen de ahora, ya se ha visto anteriormente que a sus amigas, a sus conocidas les da puestos de trabajo y hemos escuchado a cambio de qué. Eso es repudiable y asqueroso”, dijo Palacios a los periodistas. Indicó que presentará una denuncia constitucional por este caso, “ya que no tiene el decoro de poder renunciar”.

La bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú consideró “insostenible la permanencia de Otárola en la PCM” y presentaron una moción de interpelación en contra del titular de la PCM. Esta consta de un pliego de un total de 15 preguntas, y tiene como trasfondo, igualmente, su salida del cargo.

“La salida del señor [Otárola] se está pidiendo. Procedimentalmente, vamos a insistir en la interpelación en caso el cambio no venga de arriba, que es lo que corresponde. Todos los caminos tienen que ser abordados”, dijo a El Comercio la congresista Sigrid Bazán.

En el Bloque Magisterial, la vocera Elizabeth Medina remarcó a la prensa ayer que para asumir el cargo de premier se requiere “tener principios y ética”. “Él (Otárola) tiene que renunciar por el bien del país, no está bien”, refirió a los periodistas.

En tanto, en un comunicado, la bancada de Renovación Popular indicó que el aún premier “no debe permanecer al frente de tan importante puesto”, por lo que exigieron su destitución. También pidieron que se presenten las denuncias en su contra y los que resulten responsables, “ante estos execrables hechos”.

En el mismo sentido, la bancada Avanza País emitió un pronunciamiento para exigir la “inmediata renuncia” de Otárola, donde remarcaron que “su permanencia resulta insostenible tras la denuncia pública que revelaría la utilización de su cargo público para beneficios particulares”.

Más temprano, su vocera Norma Yarrow indicó que Otárola “ya debió haber presentado su renuncia” y que “una persona que está a cargo de un gabinete no puede tener ni siquiera la sombra ni la sospecha de su forma ética de actuar”.

En Podemos Perú, la congresista Kira Alcarraz señaló a El Comercio que el premier “ya debería dar un paso al costado” y que “si es que él no quiere irse por las buenas, el Congreso tendrá que tomar la iniciativa”.

El portavoz de Perú Bicentenario Guido Bellido dijo que “lo único que queda” es que “esa mayoría que le sustenta y defiende a la señora Dina Boluarte en el Congreso pueda reflexionar y censurar” a Otárola.

En Somos Perú se indicó que “frente a los repugnantes actos de acoso, tráfico de influencias y actos morbosos” de Otárola, la mandataria Dina Boluarte debe destituirlo de inmediato del cargo.

El lunes, este Diario había intentado comunicarse con los voceros de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP), bancadas mayoritarias en el Congreso, por este caso. Sin embargo, no respondieron, a pesar de la insistencia.

Arturo Alegría, primer vicepresidente del Congreso y legislador de Fuerza Popular, dijo por la mañana a la prensa que “como dice Héctor Lavoe, todo tiene su final y eso es lo que debería comenzar a pensar ya el Ejecutivo”; y que Boluarte debería “tomar una decisión”.

En APP, el congresista Roberto Chiabra opinó que “la salida [de Otárola] debe ser ahora, ya no hay nada que ver”. “Se espera que llegue y la presidenta [Dina Boluarte] tiene este tiempo para ir buscando a su relevo”, aseveró.

Ni Fuerza Popular y APP firmaron la moción de interpelación planteada contra Otárola, así como la moción promovida por el legislador Diego Bazán (Avanza País) para invitar al pleno al aún primer ministro.

Ayer, desde las 8:00 a.m., se llevó a cabo una sesión del Consejo de Ministros en la sede del COEN en Chorrillos, la cual se prolongó por varias horas. Al concluir la reunión y consultada por el tema, la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, indicó que Boluarte había solicitado el retorno inmediato de Otárola de Canadá, aunque no se pudo precisar la hora exacta en la que ello ocurriría.

“Hemos sido informados en el Consejo de Ministros que la señora presidenta de la República ha dispuesto el retorno anticipado del señor premier para justamente tomar conocimiento y disponer las acciones que estime conveniente”, dijo Tolentino.

Sin embargo, fuentes de El Comercio indicaron que Boluarte ya optó por la salida de Otárola, lo que ocurriría en las próximas horas. Mencionaron que estaba esperando su regreso para adoptar la decisión en persona.

Otras fuentes de este Diario relataron que, antes de que el escándalo se haga público, Boluarte ya evaluaba un cambio en la PCM. Los nombres que se vocean son el del exdefensor del Pueblo y actual embajador del Perú en España, Walter Gutiérrez, por un lado; mientras que la otra opción podría salir de dentro del gabinete, estando entre los tres voceados el actual ministro de Justicia Eduardo Arana.

Tras esto, Otárola indicó —a través de sus redes sociales— que aclarará el tema “cuando pise suelo peruano”. “Reitero que no he cometido ningún acto ilegal”, indicó. También mencionó que detrás de esto habrían “oscuros intereses”. “No concibo otra forma de hacer política que ser leal con mis principios. No he robado ni un centavo del pueblo”, puntualizó.

La Fiscalía de la Nación está al tanto de las contrataciones de las amigas del premier Alberto Otárola desde que se dio a conocer el caso, en setiembre del año pasado. Incluso la Contraloría, como informó en su momento este Diario, halló irregulares en las contrataciones de las dos amigas que había denunciado ‘Panorama’.

Sin embargo, de los dos casos denunciados —el de Yaziré Pinedo, que obtuvo S/53.000 del Mindef y de Rosa Rivera Bermeo, que obtuvo contratos por S/54.000 en Devida— solo se había anunciado oficialmente una investigación por este último caso hasta el año pasado.

Anoche y al cierre de este informe, la fiscalía finalmente anunció el inicio de diligencias preliminares contra Otárola como presunto instigador del presunto delito de negociación incompatible, así como autor de presunto patrocinio ilegal. También se incluyó en esta carpeta al director de Abastecimiento del Ministerio de Defensa y al jefe de la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración de la PCM.

“Ello por los hechos vinculados a la contratación de Yaziré Pinedo Vásquez en el Ministerio de Defensa y por la gestión realizada para su contratación en la PCM”, se indicó desde el Ministerio Público.

Este expediente se suma a la investigación que ya obra en la fiscalía contra Otárola por el caso de las muertes en las propuestas antigubernamentales en diciembre de 2022 y enero de 2023, en donde también está incluida la presidenta Dina Boluarte. En octubre del año pasado, se amplió la investigación por otros ocho meses más.

Justamente, abogados penalistas consultados por El Comercio indicaron que, tras el audio, podría ampliarse los delitos a investigar por el Ministerio Público.

El abogado penalista Vladimir Padilla consideró que este último audio “robustece” más la investigación y dentro de los presuntos delitos que se podrían comprender están los de tráfico de influencias, negociación incompatible y contra la fe pública.

“Estamos hablando de traficar influencias, de negociación incompatible. Inclusive se puede hablar de falsedad, porque son servicios que no requiere el Estado. Él no prioriza a personas por su capacidad profesional o técnica, sino por otras capacidades”, dijo a El Comercio.

En tanto, el abogado penalista Gilmar Andía también considero que la investigación queda reforzada con esta “prueba”. “Ya viene a ser una prueba más directa, no un indicio”, indicó. Y también consideró que se podría comprender el delito de tráfico de influencias.

“Son delitos graves, porque en tráfico influencias, cuando es cometido por un funcionario público, la pena va hasta los 8 años y el delito de colusión [que ya se está investigando en la primera carpeta] va hasta los 15 años cuando es agravado”, detalló.