El 94% de peruanos señaló en noviembre de 2024 que no sintió ningún efecto de los estados de emergencia en los altos índices de delincuencia, según Datum. A poco de cumplirse un año desde que se dictó estados de emergencia en distintos distritos de Lima, la sensación de los alcaldes capitalinos es que aún no existe un plan desde el gobierno central para combatir a la delincuencia. Del “Plan Perú Seguro”, anunciado a inicios de 2024, ahora se habla poco o casi nada.
El Comercio reunió a los alcaldes Carlos Bruce (Surco), Hernán Sifuentes (San Martín de Porres), Nancy Vizurraga (San Isidro) y Jesús Maldonado (San Juan de Lurigancho) para debatir sobre las medidas que funcionan en su sector y cuáles son las necesidades que afrontan para reforzar la seguridad ciudadana en sus circunscripciones.
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PRINCIPALES PROPUESTAS
Se debe tomar conciencia que la inseguridad es el principal problema que tiene el país ahora. Eso lleva a que la presidencia de la República debería liderar este proceso.
A los municipios nos cobran por cada policía que nos asignan. Cuando se creó el cuerpo se serenazgo, la Policía asignaba un efectivo en cada patrullero, porque si es un patrullero manejado por un sereno, eso no sirve. El patrullero funciona cuando hay un policía al costado que puede arrestar y que tiene un arma de fuego.
Ahora, cuando queremos que nos manden policías, el Ministerio del Interior te pide firmar un convenio y un pago por efectivo. El día de mañana vamos a necesitar médicos, y el Ministerio de Salud nos va a cobrar por los médicos que nos envía. Eso es inconstitucional. Es un impuesto encubierto.
El gobierno necesita dar recursos como lo están haciendo los alcaldes que destinan el 20% de su presupuesto a seguridad. ¿Sabe cuánto gasta el gobierno nacional? Creo que no llega ni al 2%.
Además, nosotros hemos presentado una iniciativa legislativa para que se autorice a los alcades de poder darle armas paralizadoras a los serenos. No le daría a todos, sino que conformaría un grupoespecializado. Le daríamos músculo al serenazgo ante el avance de la ferocidad de la delincuencia.
La recuperación de espacios públicos es fundamental. Hemos recuperado seis espacios públicos. Es muy importante entender que, donde está la informalidad se cobija la delincuencia y la criminalidad.
En ese sentido, es necesario cortarles el brazo económico a estas mafias. En San Martín de Porres, hemos recuperado espacios en zonas importantes como Huandoy, Naranjal, la avenida Perú, parte de Habich y espacios que tenían alto índice de cobro de cupos, con bolsones mensuales entre 30.000 a 50.000 soles, y ese es dinero con el que se financian las bandas criminales.
Hay que comernos el pleito. Pero es necesario entender que la decisión política de cada uno de los alcaldes distritales no va a tener los resultados si el gobierno no se come el pelito. No se trata solo una política de gobierno, sino de una política de Estado. No podemos estar cambiando de ministro en tan corto tiempo. Tiene que existir un compromiso para asumir de manera integral este problema.
En San Martín de Porres tratamos de acercar al Estado al ciudadano. En 2023 cedimos un local de dos pisos a la unidad especializada de la Policía donde 70 efectivos realizan labor de inteligencia para poder capturar a bandas criminales. En agosto del presente año, estamos inaugurando la Unidad de Flagrancia para que, en un plazo de 72 horas, los delincuentes terminen donde deben estar: presos.
Además de la inversión, tenemos que poner el foco la inteligencia policial. Lima debería contar con laboratorios criminalísticos por cada sector. Tenemos un solo laboratorio criminalístico y pongo un ejemplo sencillo. Cuando tienes un dosaje etílico, tienes que llevar a la persona hasta el Rímac y si el hecho sucedió en San Juan de Lurigancho, ¿cuánto se demoran en llegar hasta allá?
Tenemos que desconcentrar las unidades de la Policía Nacional para que sus labores tengan mayor eficiencia. Cada sector -Lima sur, Lima norte, Lima centro, y todas- debería tener un centro de inteligencia. Eso significa estrategia, inversión, compromiso, y algo importante que no encuentro en este gobierno es decisión política.
San Juan de Lurigancho fue declarado en emergencia y nos abandonaron a las semanas. La medida sirvió cuando estaba funcionando, cuando llegaban las cámaras de los medios. Luego nos dejaron solos. Las decisiones políticas tienen que ser asumidas.
Entre 2023 y 2024 hemos invetido 76 millones de soles en seguridad y aún así la inversión sigue siendo poca. Tendríamos que invertir aproximadamente 350 soles por habitante. Eso implicaría elevar nuestro presupuesto de 76 millones a casi 200 millones de soles. Y ese es un presupuesto con el que no contamos.
Necesitamos que el Poder Ejecutivo tome medidas para revalorar a la Policía Nacional, y que se revisen las leyes que están vigentes. No es posible que el serenazgo y la policía, en un trabajo conjunto, detienen a un delincuente y se den con la sorpresa de que este ya había sido detenido en otros distritos por lo mismo, pero salió libre.
Nosotros tenemos una deuda con la Policía. Tenemos que darles mejores condiciones laborales, ambientes físicos. Vayamos a ver su centro médico, o las escuelas de suboficiales. Sumado a esto, no tienen balas, no tienen chalecos, no tienen patrulleros, no tienen gasolina.
En San Isidro hemos recuperado el convenio extraordinario con la Policía Nacional. Desde el año pasado contamos con 100 efectivos que nosotros pagamos, como dice Carlos Bruce. Con el ministro del Interior ahora hemos hablado de un segundo convenio para que se incluya que la labor del policía no sea solo en la unidad móvil con el sereno, sino que también sea a pie y en motocicleta.
Nosotros tenemos alrededor de 140 policías en San Isidro, entre las dos comisarías. Tenemos menos de 10 patrulleros. ¿Qué hacemos? Nosotros los apoyamos con nuestras unidades móviles, pero necesitamos que el policía esté en la móvil y que camine. Estamos a la espera de la respuesta de este segundo convenio para tener al policía que camina y al policía que está en la unidad móvil.
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