El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, consideró “impropio” el comunicado del Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) contra la presidenta Dina Boluarte, luego que la Unidad de Investigación Financiera (UIF), revelara ingresos de origen desconocido en sus cuentas.
Durante una conferencia de prensa luego de la sesión del Consejo de Ministros, Adrianzén consideró que dicho pronunciamiento es “inmerecidamente violento” y “ofensivo” contra los esfuerzos de gobernabilidad del Ejecutivo.
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“Hemos leído con preocupación un comunicado inmerecidamente violento, ofensivo, dirigido al Gobierno y que va en contra de los esfuerzos de gobernabilidad que se están llevando adelante”, expresó.
“En un acto que consideramos impropio cuando no ligero, hemos leído con sorpresa el contenido de un pronunciamiento que no representa a la totalidad de los gobiernos regionales, muy por el contrario estamos seguros que la gran mayoría de gobiernos regionales están convencidos del esfuerzo que día a día se está haciendo codo a codo a su lado para solucionar los grandes problema que tenemos en la regiones”, agregó.
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El primer ministro también enfatizó que el esfuerzo que viene llevando a cabo el Gobierno de manera multisectorial tiene como propósito fundamental acortar las brechas en beneficio de los que menos tienen.
“No obstante lo expresado, confiamos que del dialogo abierto, franco y transparente al que siempre hemos invitado a las fuerzas políticas ha de permitir que aquellos gobernadores que han suscrito este pronunciamiento que firma el Consejo Directivo de la ANGR puedan, como consecuencia de este diálogo, que las diferencias e inquietudes puedan ser resueltas en un plano de diálogo transparente, franco y abierto”, sentenció.
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Como se recuerda, el Consejo Directivo de la ANGR dijo que las regiones no respaldarán “actos manchados de ilegalidad”, en referencia a la nueva denuncia contra la mandataria Dina Boluarte.
A través de un comunicado, indicó que los hechos atribuidos a Boluarte Zegarra, respecto al incremento patrimonial no justificado, cuyo origen no está acreditado, deben ser materia de una “exhaustiva investigación” en el Poder Judicial.
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“Las regiones del país no respaldaremos actos manchados de ilegalidad y que pongan en peligro la gobernabilidad y estabilidad del país”, subrayó.
“Necesitamos fortalecer nuestras instituciones, resolver los principales problemas que afectan a nuestra población, que se encuentra permanentemente en medio de conflictos políticos, impidiendo atender sus demandas”, añadió.
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