La presidenta Dina Boluarte encabezó una actividad en Palacio de Gobierno en la que no se permitió el acceso a la prensa, pese a que lo anunció en su agenda oficial de este miércoles 29 de mayo.
Se trataba de la firma del contrato entre el Gobierno peruano, Municipalidad de Lima y Panam Sports para la organización de los XX Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.
Según informó Canal N, su equipo se prensa fue impedido de ingresar a la sede del Poder Ejecutivo, pese a que la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República lo anunció en sus redes sociales.
Al respeto, la Presidencia de la República informó que Dina Boluarte afirmó que el retorno de inversión de los Panamericanos es de US$3 por cada dólar invertido, estimando US$900 millones de ingresos durante el certamen.
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Asimismo, la mandataria señaló que la infraestructura con la que cuenta el país para el desarrollo de las disciplinas deportivas de alta competencia permitirá albergar a los 9000 deportistas y paradeportistas en nuestra capital.
Cabe indicar que el último lunes la Fiscalía de la Nación, a cargo de manera interina de Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional contra Boluarte, como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado, por el caso de los relojes Rolex.
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En un comunicado, la entidad explicó que la denuncia tiene como base el hecho que Boluarte Zegarra habría recibido en calidad de donación tres relojes de la marca Rolex de parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, así como aretes de oro y una pulsera, a fin de “realizar actos propios de su cargo como presidenta de la República”.
Para ello, la Fiscalía de la Nación detalla las normas emitidas, como decretos supremos y de urgencia, por el Poder Ejecutivo para supuestamente favorecer al Gobierno Regional de Ayacucho, que dirige Oscorima.
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Además, el último martes dos congresistas de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú presentaron una nueva denuncia contra la mandataria por supuestamente haberse ausentado del cargo por unos 12 días sin notificar al Parlamento.
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