Cinco días después de haber pasado al retiro a los coroneles de la Policía Nacional Harvey Colchado y Walter Lozano, el gobierno de Dina Boluarte cambió de dependencia a 67 oficiales que pertenecían a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), que apoya las investigaciones en su contra y de personas de su entorno, entre ellas su prófugo hermano Nicanor Boluarte.
Entre las remociones- ordenadas por el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, a través de una resolución del 21 de diciembre- figuran cuatro de los seis oficiales que participaron en el allanamiento a la casa de la jefa de Estado en marzo último en el marco de la pesquisa por llamado Caso Rolex.
Se trata del capitán PNP Gian Marco Dueñas Chávez y de los tenientes PNP Daniela Delgadillo Poma, Luis Sevillano Ascate y César Escobar García. Ellos fueron enviados a divisiones policiales de Surco, Chosica, Recuay (Áncash) y Tarapoto, respectivamente.
Solos Dueñas Chávez mantiene la especialidad de investigación criminal, el resto fue asignado a áreas sobre seguridad y orden interno.
(Foto: El Comercio)
De los 67 cambios dispuestos en la Diviac, 29 le van a generar un costo al Estado, de acuerdo a la misma resolución de 152 páginas.
En julio último, Zanabria confirmó que la Diviac pasaría a formar parte de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Esto una semana después de que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuestionara el desempeño de esa unidad policial y el uso de los recursos que tiene asignados.
Este Diario intentó comunicarse con el titular del Mininter y con el comandante general de la Policía, pero no respondieron a nuestras llamadas ni mensajes.
Lee también: Ministro del Interior apunta a la Diviac: las razones detrás de sus críticas a la unidad policial
Santiváñez- en junio último, al cumplir 30 días en el cargo- criticó el trabajo de la Diviac.
En el mensaje, de poco más de siete minutos, afirmó que entre el 2019 y el presente año, la Diviac ha recibido S/72 millones como presupuesto “sin que haya obtenido operativos con grandes resultados”. Añadió que estos recursos presuntamente fueron utilizados para “realizar operaciones sospechosas”.
El ministro del Interior puso como ejemplo que en el Caso “Los Babys de Oquendo”, “una de las más grandes operaciones promocionadas por esta unidad”, fueron detenidos 17 policías, pero que estos luego “fueron puestos en libertad” por el Ministerio Público “al no encontrar graves elementos de convicción que los incriminarán” tras tres años de pesquisa.
No obstante, Santiváñez omitió informar que él fue abogado de los policías relacionados a la referida red.
(Foto: El Comercio)
Es un desmantelamiento
El exministro del Interior Rubén Vargas consideró que el traslado de 67 oficiales de la Diviac a otras dependencias, entre ellas seguridad ciudadana, penales, hospitales y comisarías, “significa el desmantelamiento” de la referida unidad, que fue creada en agosto de 2016, en el primer tramo del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
“Absolutamente, esto significa un desmantelamiento de la unidad más eficiente contra el crimen organizado que tenía la Policía Nacional”, manifestó.
En comunicación con El Comercio, Vargas refirió que el mensaje de gobierno de Boluarte, al haber cambiado a casi todos los oficiales que allanaron la vivienda de la mandataria, es que “se tiene que castigar a los policías que investigan la corrupción en el poder”.
Lee también: Harvey Colchado: Las razones de su pase al retiro de la PNP y las acciones que alista su defensa
“Esto va en la línea de la persecución y castigo a un grupo de agentes que se atrevió a investigar los casos de corrupción en el poder, es la reacción del abuso del poder frente a estos agentes que cumplieron con su trabajo”, expresó.
El ex titular del Mininter advirtió que la descomposición, en la práctica, de la Diviac va a traer serias consecuencias en la lucha contra el crimen organizado.
“El gobierno se está allanando al crimen organizado, no le importa contar con una policía y profesional que luche contra este mal. El Ejecutivo ha abandonado al ciudadano de a pie. Claramente, este gobierno se siente amenazado cuando hay policías profesionales y honestos haciendo su trabajo”, remarcó.
“Es la consolidación de la venganza”
El ex viceministro de Orden Interno del Mininter Ricardo Valdés sostuvo el retiro de 67 oficiales de la Diviac “es la consolidación de la venganza” del gobierno de Boluarte que empezó con Colchado y Lozano. Agregó que el proceso de “desarticulación progresiva” de esta unidad de la Policía Nacional empezó con los primeros cuestionamientos de Santiváñez.
“Él comenzó su gestión atacando a la Diviac y a sus oficiales, incluso les quiso colgar temas de corrupción, que luego fueron desvirtuados. Este es el cierre de esta historia, estamos viendo el epílogo de una división que ha sido exitosa, que ha dado resultados y que este ministro aceptó desarticularla, porque tocaron a la presidenta y a su hermano”, dijo.
Lee también: “El 2022 va a ser mi año”: Colaborador revela presunto rol de vocero de Dina Boluarte en trama de corrupción de Qali Warma
En declaraciones a este Diario, Valdés sostuvo que las consecuencias de la desarticulación de la Diviac serán “nefastas”.
“El país está perdiendo a policías con especialización en la lucha contra el crimen organizado. Esta división era un vestigio de honestidad y de aplicación de la ley con eficiencia. Todo lo han tirado por la borda, no les ha importado los años de inversión. Se va a debilitar la lucha contra el crimen organizado en un momento que se debe fortalecer”, concluyó.
Más información
La Diviac ha participado en las investigaciones de casos como Los Cuellos Blancos del Puerto, Odebrecht, Lava Jato, así como Los Dinámicos del Centro.
El primer año hizo dos grandes operativos, mientras que en el 2017 y el 2018 registró, en cada uno, 31. En el 2019 fueron 40.
En abril del 2019, agentes de la Diviac y la fiscalía se infiltraron en la Dirección de Transportes del Gobierno Regional de Junín para desarticular una red de corrupción que traficaba licencias de conducir. En ese entonces, Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, ejercía como gobernador regional. El año pasado, tras un seguimiento, la justicia detuvo a 38 personas como parte de una presunta organización criminal. De estas, nueve eran dirigentes o militantes del partido de gobierno.
