El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, anunció que se coordinará una respuesta conjunta de los tres poderes del Estado en rechazo a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el proyecto sobre delitos de lesa humanidad pendiente de segunda votación en el Congreso.
En conferencia, el titular de la PCM indicó que la decisión se adoptó en la sesión del Consejo de Ministros de este miércoles 3 de julio, tras lo cual iniciará las coordinaciones con los presidentes del Congreso y Poder Judicial, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) y Javier Arévalo, respectivamente.
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“Hoy día se ha tratado el tema en el Consejo de Ministros y se me ha ordenado tomar contacto con los líderes de los poderes del Estado –Poder Judicial y Poder Legislativo- a efectos de que coordinemos y podamos emitir una respuesta conjunta de los tres poderes del Estado, manifestando por supuesto el rechazo a este tipo de disposiciones provenientes de la justicia supranacional”, sentenció.
Adrianzén también dijo sentirse “absolutamente indignado” por el documento de la Corte IDH que requiere al Perú que se deje sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto sobre lesa humanidad.
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“Indignado, absolutamente indignado por lo resuelto por la Corte IDH, que decide de la manera más insólita y sin que exista precedente alguno en la jurisprudencia de esa corte dictar una medida cautelar en contra de un proyecto de ley. Ni siquiera se ha convertido en ley”, expresó.
“Lo que resulta intolerable es que llame a los tres poderes del Estado de un estado miembro, absolutamente independiente y soberano, para impedir que ejerzan las funciones que constitucionalmente le han sido atribuidas”, agregó.
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Como se recuerda, en junio pasado el pleno del Congreso aprobó -por mayoría, y en primera votación- el dictamen con el que se limitan los alcances de los delitos seguidos por lesa humanidad y crímenes de guerra respecto a hechos ocurridos antes de julio de 2002.
Se trata de un proyecto de ley multipartidario, promovido por los legisladores José Cueto (Honor y Democracia) y Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), que requiere una segunda votación en el pleno, a fin de de ser enviado al Poder Ejecutivo.
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La norma precisa que nadie será procesado, condenado, ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional.
“Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra”, se indica en la propuesta aprobada.
Desconoce supuesta desactivación de la Diviac
De otro lado, el primer ministro dijo desconocer sobre una supuesta desactivación de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) y que las presuntas irregularidades detectadas serán investigadas por los órganos de control.
“No tengo noticias de que se vaya a pensar en disolver esta unidad. Ha ocurrido que se han detectado, existe la presunción de algunos actos de gestión administrativas irregulares que van a ser objeto por parte de los órganos de control, que me parece es la esfera donde se tendría que detectar estos actos”, sentenció.
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Cabe señalar que el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, informó que la Diviac pasó a ser parte de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), con lo que aseguró que se evitarán cuestionamientos por supuestos malos manejos de los recursos destinados a este grupo policial.
Precisó que el cambio se realizó como parte de la delegación de facultades que recibió el Gobierno en el 2023 en materia de seguridad ciudadana. Con esto, resaltó que se está corrigiendo un error.
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