A más de dos meses de gestión, el presidente Pedro Castillo, ha dejado un vacío sobre sus reuniones y visitas durante los primeros cinco días de gestión, cuando despachaba en una vivienda en Breña. Y es que, según documentos remitidos por Palacio de Gobierno a El Comercio, no se llevó un registro y no existe ninguna información al respecto.
Este Diario solicitó por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el registro de las visitas o reuniones que sostuvo Pedro Castillo del 28 al 1 de agosto pasado. Los lugares solicitados fueron Palacio de Gobierno y el pasaje Sarratea 179, en Breña. Sin embargo, la respuesta oficial fue que no existe ninguna información al respecto.
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“No se ha obtenido registro de visitas en el sistema de información solicitada”, respondieron en un documento referido a la casa de Breña.
Como se recuerda, tras ser declarado ganador de las Elecciones Generales 2021, Pedro Castillo, inició sus funciones el 28 de julio, tras jurar al cargo. Ese mismo día, siendo el más alto funcionario público de la Nación, adelantó en su discurso que no despacharía en Palacio de Gobierno.
“No gobernaré desde la Casa de Pizarro porque creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de la dominación que se ha mantenido vigente durante tantos años. Cederemos este Palacio al nuevo Ministerio de las Culturas para que sea usado como un museo”, dijo. Y así lo hizo durante cinco días.
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Por casi una semana, Castillo Terrones despachó desde el domicilio ubicado en el pasaje Sarratea 179, en el distrito de Breña; que además le había servido como base de campaña para el segundo tramo de la campaña electoral.
Los medios de comunicación, que seguían a diario los pasos del electo mandatario, daban cuenta de las visitas de personas vinculadas al Perú Libre y de representantes de diversas tiendas políticas. Incluso, allí comenzó a recibir a los que luego serían parte de su gabinete ministerial, pero de ello no existe ningún registro oficial.
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La situación persistió hasta que se cuestionó el secretismo y la falta de transparencia por parte del presidente, quien antes de asumir el cargo recibía a horas de la noche al fundador de Perú Libre y sentenciado por corrupción, Vladimir Cerrón. Entonces, Castillo tuvo que recular y se trasladó a Palacio de Gobierno.
Incluso, el órgano interno de la Contraloría y otras instituciones alertaron que se estaban violando normas de transparencia de parte del mandatario.
“Por lo expuesto y considerando que ya la OTI del Despacho Presidencial ha respondido anteriormente a una petición similar, en el sentido de que no existen registros de visitas al Presidente de la República en el periodo del 28JUL21 al 01AGO21, conforme consta en el archivo digital que se adjunta al presente, no es posible remitir la información solicitada”, fue otra de las respuestas de Palacio de Gobierno sobre el registro general en dicha sede.
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Existe falta administrativa o hasta penal
Al respecto, el abogado penalista Carlos Caro sostuvo que en este caso se habría infringido la norma y por tanto se incurrió en responsabilidad administrativa o hasta penal.
Explicó que, debido al cargo que Pedro Castillo como presidente, no puede ser sancionado ya que es “irresponsable desde el punto de vista legal”. No obstante, la responsabilidad recaería sobre otros escalafones en el gobierno.
“Esta obligación de llevar los registros es una obligación legal; no es una recomendación, es un imperativo. El deber de llevar este registro corresponde a la gestión del despacho presidencial y quien está a cargo de eso es la Secretaría de la Presidencia. Entonces, ellos tienen ‘el deber de’; en consecuencia estamos ante una infraccioó administrativa y, eventualmente, penal”, sostuvo.
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Según el abogado, la infracción podría ser considerada como un presunto delito de omisión de funciones, al no darse cumplimiento a la Ley 28024 que regula la gestión de intereses en la administración pública) y que en su artículo 16 señala la obligación de llevar un registro público de las visitas o reuniones del mandatario.
“No es que ellos puedan elegir tener la información o no, tienen el deber de cumplir y si no la tienen, ellos tienen el deber de reconstruir esa información, no es inventar; sino de reconstruir la información en base a lo que se tenía”, insistió.
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Indicó que administrativamente, la institución que tiene que haber seguido el caso fue la Contraloría General de la República, que incluso alertó a Castillo por no haber cumplido con el registro de sus visitas y reuniones los primeros días de su gestión. Y, de hallarse omisión de funciones, debería intervenir el Ministerio Público.
“El hecho de que ellos (Palacio de Gobierno) aleguen no tener la información puede ser verdadero, pero no hay ninguna razón para que no la tengan, tienen el deber de reconstruir la información. Está la ley y no tiene excepciones; y no hacerlo implica una infracción administrativa o incluso penal”, reiteró.
Existe obligación
El director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, afirmó que existe la obligación por parte de un funcionario público, de registrar las visitas a su despacho según las leyes de gestión de intereses y registro de visitas.
Agregó que la norma prevé la “excepción” cuando, las autoridades tienen que salir a eventos o participan de foros o conferencias, podrían reunirse con otras personas fuera del despacho presidencial.
Sin embargo, la norma también señala que “debe registrarse ese encuentro en la agenda de actividades oficiales y si es que hubo una gestión de intereses, tal como está definida en la legislación correspondiente, tiene que registrarse también”.
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Es decir, existe la regularización posteriormente a la actividad dentro del día siguiente que se realizó.
En el caso de los primeros días de su gestión, sostuvo Rotta, “no se habría cumplido con lo que está contemplado en la norma”.
“Uno podría entender que por ser los primeros días (de gestión), pero ya pasaron dos meses y por tanto podrían haberlo regularizado y si no lo han hecho (…) ello tendría que ver con la desactivación de la Unidad de integridad del despacho presidencial que tuvo lugar poco más de un mes”, lamentó.
Explicó que dicha oficina estaba encargada de recordarles a los funcionarios y las autoridades sobre las obligaciones en la materia de integridad y transparencia, que se llenen bien el registro de gestión de intereses, pero al haberse desactivado “es un retroceso” de lo que se había avanzado en marzo de este año.
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Finalmente, consideró que ahora se está realizando un registro de visitas y reuniones adecuadas, pero los días previos no se han corregido; por lo que sobre ello se debe hacer la consulta a la Contraloria.
El Comercio solicitó a la Contraloría General de la República información sobre las acciones que habían emprendido ante la falta de cumplimiento de la norma por parte de Castillo y Palacio de Gobierno, pero hasta el cierre de este informe no respondieron.
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