Ministro del Interior: El impacto del respaldo del Gobierno a Juan José Santiváñez tras el caso de los audios

Esta unidad, que estuvo a cargo del coronel PNP Harvey Colchado, apoyó al Ministerio Público en el allanamiento a la casa de la mandataria en Surquillo en marzo último, en el marco del Caso Rolex.

“A mí, Dina [Boluarte] me pidió cerrar la Diviac, dos veces. Hasta ayer me dijo eso”, refirió Santiváñez, de acuerdo con las grabaciones difundidas el último domingo por Cuarto Poder. Estos audios fueron registrados por el capitán PNP Junior Izquierdo, a quien se conoce como “Culebra”, en mayo pasado.

El ministro del Interior enfrenta una investigación preliminar- a cargo del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena-por el presunto delito de abuso de autoridad. Esto a raíz de la difusión de otro audio, donde Santiváñez solicitó que se controle al periodista Marco Sifuentes, de La Encerrona, y luego dispuso un proceso disciplinario a Izquierdo.

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Al respecto, Adrianzén refirió que Santiváñez va a continuar en funciones y que los audios ya están siendo objeto de pesquisa en el Ministerio Público.

“El ministro del Interior con relación a los audios ya ha declarado, el proceso se encuentra en el Ministerio Público. En lo que corresponde al Poder Ejecutivo, él va a seguir en funciones”, manifestó en declaraciones a la prensa tras participar en la inauguración del III Congreso Internacional de Flagrancia, organizado por el Poder Judicial.

Apunta sus críticas a la fiscalía

El primer ministro, en otro momento, consideró que el “entredicho” entre Santiváñez y Villena perjudica la lucha contra la criminalidad organizada.

“El fiscal de la Nación ha dicho que no es nuestro amigo, en esas condiciones creo que este entredicho perjudica la lucha [contra el crimen organizado], en este clima nosotros no podemos luchar contra la criminalidad organizada. ¿Qué es lo que tenemos hacer? Un llamado a la unidad, solo unidos vamos a enfrentar a la criminalidad organizada”, expresó.

Sin embargo, pese a su llamado a la unidad, Adrianzén hizo suyo el discurso del ministro del Interior de responsabilizar a la fiscalía sobre los altos índices de inseguridad.

“¿Qué me molesta? Que la Policía Nacional todos los días de Dios se preocupe por capturar delincuentes y nosotros vemos con espanto e indignación que los liberan inmediatamente. ¿Sabes a quiénes liberan? A los que vuelven a cometer delitos contra la población y eso es intolerable”, remarcó.

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Durante las últimas semanas, Santiváñez calificó al Ministerio Público como “una piedra en el zapato para la ciudadanía”, también dijo que esta institución resultaba “ser, en algunas oportunidades, enemigo de la policía” y, además, refirió que “el sistema está podrido” y exhortó al Congreso a realizar reformas a esa entidad.

En respuesta, Villena sostuvo, en RPP Noticias, que los fiscales prefieren ser considerados “los enemigos” y “no los grandes amigos del ministro, del Ejecutivo o de quienes tenemos la obligación constitucional de investigar”.

Adrianzén señaló que el compromiso del gobierno de la presidenta Boluarte en la lucha contra la criminalidad “es permanente” y desde el Ejecutivo pueden contribuir poniendo a disposición defensa pública, a la Policía Nacional y los recursos económicos necesarios. Ese sentido, anunció que el próximo año otorgarán S/150 millones de presupuesto para el sistema de flagrancia.

No obstante, cabe recordar que Ejecutivo no observó la autógrafa de la Ley N°32108, que modifica la definición de organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del imputado y su abogado. Esto a pesar de que existían informes técnicos de diferentes ministerios que recomendaron lo contrario.

El primer ministro explicó, el miércoles pasado, que “no hubo un acuerdo” al interior del Consejo de Ministros, por lo que “la decisión final fue no promulgar la ley y dejar que el Congreso lo haga”. Es decir, se pusieron de costado.

Un blindaje que confirmaría órdenes

El ex primer ministro Juan Jiménez Mayor consideró que la conducta del gobierno de Boluarte hacia Santiváñez es la de “blindarlo”. Agregó que en el Ejecutivo están confundiendo los planos, al sostener que “el asunto judicial tiene su trámite y va a tomar su tiempo, pero los tiempos políticos son distintos”.

En comunicación con El Comercio, Jiménez Mayor refirió que los cuestionamientos al ministro del Interior no solo son por los últimos audios propalados, sino por una serie de hechos “que están concatenados” y cuya finalidad es “el hostigamiento” a la Diviac de la Policía.

“Si se mira lo que hay detrás, se pueden entender los audios que hoy son negados por el ministro. El hecho de que el gobierno esté blindando a esta persona [Santiváñez] confirma que las indicaciones se habrían dado, primero para sacar a Colchado y luego para desactivar la Diviac”, manifestó.

El también exministro de Justicia y Derechos Humanos dijo que “es gravísimo” que autoridades del Ejecutivo estén arremetiendo contra la fiscalía.

Jiménez Mayor indicó que si la Policía no puede enfrentar a las redes criminales, como afirmó Adrianzén, no es por el impasse entre Villena y Santiváñez, sino porque el Ejecutivo no observó cuando pudo las modificaciones a la ley de crimen organizado.

“Hay un esfuerzo de la fiscalía y de [ciertas] unidades policiales, pero las autoridades políticas del país están actuando en sentido contrario. Está desmoronando la arquitectura jurídica que tomó mucho tiempo construir para enfrentar a la criminalidad organizada, que es la mayor amenaza que tiene el Perú en este momento”, remarcó.

El ex jefe de Gabinete Ministerial refirió que el gobierno de Boluarte tiene hasta tres instancias, entre ellas el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, para cuestionar la forma cómo funciona la política criminal. “Eso se llama gestionar el Estado, el Estado no se gestiona solamente criticando a funcionarios”, finalizó.

El ex titular del Interior Carlos Basombrío sostuvo que Santiváñez “es el ministro ideal” para los fines que persigue Boluarte, en el sentido de “generar todas las condiciones para debilitar las investigaciones” que están en curso en contra de la presidenta y evitar que se le inicien nuevas.

“Se está usando la presunción de inocencia para saltearse las responsabilidades políticas y en el caso del primer ministro, creo que responde mucho a su profunda debilitad como funcionario y que sabe que Santiváñez es un ministro al que la presidenta necesita”, manifestó en diálogo con este Diario.

Basombrío, además, remarcó que los cuestionamientos de Adrianzén al Ministerio Público tienen como finalidad colgarle a esta institución “un sambenito”, en el sentido de que es la que libera a los delincuentes.

“Por supuesto que hay fiscales incorrectos y hasta corruptos, como también hay policías y altos funcionarios del Estado. El contexto de las declaraciones del fiscal de la Nación sobre esta supuesta enemistad estaba vinculado a los constantes ataques [a su institución] en casos concretos. Uno de ellos, como la no captura del prófugo menos buscado [Vladimir Cerrón] en Huancayo. El ministro había faltado a la verdad”, concluyó.

“No soy jefe de los jueces”

Durante la inauguración del III Congreso Internacional de Flagrancia, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, evitó opinar sobre el enfrentamiento entre el fiscal de la Nación y el ministro del Interior.

“Yo no puedo opinar nada sobre el tema, prefiero abstenerme, no tengo ninguna base para decir algo al respecto”, manifestó.

Arévalo, en declaraciones a la prensa, tampoco quiso sentar una postura sobre los primeros efectos de la Ley N°32108.

“El tema es que los jueces son los que aplican la ley, yo no soy jefe de los jueces, les vuelvo a decir, cada juez al momento de aplicar la ley evaluará la conveniencia de ella o no, la constitucionalidad, la convencionalidad”, subrayó.

Rechazó que los magistrados apliquen la referida ley “de acuerdo con lo que diga el Congreso”, sino que el criterio es propio y tiene que darse en base a la interpretación de la Constitución y de los tratados internacionales.

Según informó El Comercio, a poco más de dos semanas desde su promulgación, los efectos nocivos de la norma ya se empiezan a notar. Una sala dejó en libertad a siete personas sindicadas como parte de “Los Ruteros del Norte”, que operaban en las fronteras de Madre de Dios y Tumbes. Además, operativos contra ‘Los Z de Sayán’ y ‘Dandi Express’ se vieron retrasados varias horas.

Además…

Gobierno evalúa realizar cambios ministeriales, pero estos serían en setiembre

El primer ministro, Gustavo Adrianzén, refirió que los integrantes del Gabinete Ministerial están en “una evaluación permanente”, incluido él, al ser consultado sobre si en los próximos días se realizaran cambios en su equipo.  

“La presidenta tomará las decisiones que crea conveniente”, manifestó en declaraciones a la prensa. 

Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno indicaron a El Comercio que la presidenta Dina Boluarte está evaluando realizar ajustes en el Gabinete Ministerial, pero remarcaron que estos cambios no se concretarían en agosto, sino posiblemente en setiembre.  

Las mismas fuentes señalaron que Adrianzén no sería parte de los relevados y que Boluarte Zegarra mantendría a su “línea principal”. Es decir, a los ministros de su mayor confianza, entre ellos Eduardo Arana (Justicia y DD.HH.), Javier González Olaechea (Relaciones Exteriores), Hania Pérez de Cuéllar (Vivienda) y Julio Demartini (Desarrollo e Inclusión Social).  

Otras fuentes refirieron a este Diario que uno de los ministros que está siendo evaluado es César Vásquez, de Salud.  

El Colegio Médico del Perú (CMP) ha solicitado la remoción del ministro de Salud por una serie de hechos, entre ellos haber aprobado de manera “abrupta e improvisada” el Examen Nacional de Medicina por una evaluación a cargo del Minsa. Las facultades de Medicina de diferentes universidades, entre ellas UNMSM, han anunciado que no participarán en la prueba SERUMS.   

Durante la administración del excongresista apepista, el Perú alcanzó su pico histórico en casos de dengue, 258,613 contagios y 241 decesos hasta el 30 de junio último. 

Fuentes cercanas a la cúpula de Alianza para el Progreso (APP) confirmaron que la continuidad de Vásquez en el Minsa no está garantizada. Agregaron que el sector Salud es complejo y que son conscientes de las críticas que pesan sobre el exparlamentario. 

“Tampoco es posible que él resuelva todos los problemas en uno o dos años, eso ha generado un pasivo, pero todo depende del gobierno”, mencionaron.  

El Comercio reveló que al menos 16 altos funcionarios del gobierno de Boluarte están ligados a APP. De estos, ocho se encuentran en el Minsa.