El presidente Pedro Castillo interpretó anoche la decisión de la Mesa Directiva del Congreso de rechazar de plano la cuestión de confianza solicitada por el primer ministro Aníbal Torres. En mensaje a la nación, el mandatario dijo que la resolución del Parlamento se trató de un “rehusamiento expreso de la confianza”. Agregó que aceptó la renuncia del primer ministro y que renovará el Gabinete.
Minutos después, el titular de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, precisó a RPP que “la interpretación” dada por el gobierno a la decisión de la Mesa Directiva “es que se le ha negado la confianza al Ejecutivo”.
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, se pronunció en la misma línea y enfatizó en que “la confianza fue denegada”.
Sin embargo, los abogados constitucionalistas Alejandro Rospigliosi y Erick Urbina señalaron a El Comercio que solo el Congreso puede interpretar que una cuestión de confianza ha sido negada, rechazada o rehusada.
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Rospigliosi aseguró que el presidente “está violando la ley” y “poniéndose al margen del sistema constitucional peruano”.
En tanto, Urbina adelantó, poco antes de que se realizara el mensaje a la nación, que el presidente iba a caer en una infracción constitucional si interpretaba la decisión del Congreso como la primera negativa de la confianza.
Urbina añadió que si el Congreso no le entrega la confianza al nuevo Gabinete que se nombrará, y Castillo decide disolverlo, “claramente estará cometiendo un delito y podría ser inmediatamente apartado del cargo y puesto a disposición de la justicia”.
La decisión de la Mesa Directiva de rechazar de plano la cuestión de confianza fue adoptada por mayoría “por tratarse de materias prohibidas para el planteamiento [de la misma]”. José Williams (presidente), Martha Moyano (primera vicepresidenta) y Alejandro Muñante (tercer vicepresidente) sostuvieron –principalmente con base en la Ley 31355– que el requerimiento “interfiere directamente en las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República” y “colisiona frontalmente” con el artículo 206 de la Constitución referido a reformas constitucionales.
La segunda vicepresidenta y legisladora de Podemos Perú, Digna Calle, se opuso al acuerdo de la mesa, pues consideraba que el caso debía ser derivado a la Comisión de Constitución para que esta declare la improcedencia del pedido y luego fuera debatido en el pleno.
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El presidente del Congreso anunció la decisión al inicio del pleno vespertino de ayer y, ante reclamos desde la izquierda, convocó una junta de portavoces. Ahí, comentaron fuentes de El Comercio, bancadas de izquierda y de centro (Integridad y Desarrollo y Podemos) reclamaron que el pleno debía de haberse pronunciado porque el pedido se planteó ante esa instancia y no ante la mesa.
José Luna (Podemos), según las mismas fuentes, le dijo airadamente a Williams que perdió la oportunidad de que el asunto se resuelva por consenso.
El tema, empero, se zanjó con la explicación de la mesa y el pleno continuó anoche con otros puntos de su agenda.
Williams adelantó que “todo intento” del Ejecutivo por interpretar el sentido de la decisión del Legislativo “excede el marco constitucional y legal porque afecta la separación de poderes”.
El congresista Carlos Anderson dijo anoche que no hubo “ninguna negación fáctica o no fáctica” de la confianza y que el presidente “miente y le sigue haciendo daño al país”.
Alejandro Cavero, de Avanza País, señaló que Castillo comete violación a la Constitución.
Horas antes, la decisión de la Mesa Directiva del Congreso no había sido el único revés para el Ejecutivo, pues el Tribunal Constitucional , por mayoría, declaró infundado el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 31399, que refuerza los límites para un referéndum.
Por mayoría (4 votos), el TC declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la Ley 31399. Es decir, declaró constitucional dicha norma cuestionada por el Gobierno y por la que justamente planteó su primera cuestión de confianza.
Según conoció este Diario, participaron 6 magistrados: 4 votaron por declarar infundada la demanda, uno por declararla fundada y uno de los votos se reservó. La ponencia fue del juez constitucional Gustavo Gutiérrez Ticse.
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