Cuestión de confianza: ¿Puede el Gobierno interpretar una eventual decisión del Congreso como ‘negación fáctica’?

“No optemos por términos oscuros, términos ambiguos, por decir que no es admisible, que es improcedente. Resolvamos como señala el artículo 133 de la Constitución”, expresó Torres. Este señala que “si la confianza le es rehusada [al gabinete]”, se produce su caída.

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“No dice si la confianza le es rechazada expresamente, [dice]si la confianza le es ‘rehusada’. El rehusamiento puede ser por cualquiera de esos mecanismos: declarar la inadmisibilidad, la improcedencia o cualquier otro. Y eso, por supuesto, lo entenderá el Ejecutivo como un rehusamiento de la cuestión de confianza”, manifestó.

Así fue la presentación de Aníbal Torres

No obstante, la Ley 31355, promulgada por el Congreso en octubre del 2021, ya desarrolló que la confianza “es aprobada o rehusada luego de concluido el debate y luego de realizada la votación” en el pleno. También señala que el resultado de la votación es “comunicado expresamente” al Ejecutivo, vía oficio, para que surta efecto, y que solo el Congreso “puede interpretar el sentido de su decisión”.

En noviembre del 2021, el Congreso modificó su reglamento para adaptarlo a estos nuevos alcances. Se estableció que la Mesa Directiva “rechazará de plano” las propuestas que busquen -entre otras cosas- aprobar “iniciativas que interfieran en las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso”, o que “condicionen el sentido de alguna decisión del Congreso bajo término o plazo para el pronunciamiento”.

Además, se estableció que, mediante una resolución legislativa y con opinión previa de la Comisión de Constitución, el pleno puede declarar improcedente una cuestión de confianza que vulnere lo previamente señalado. “La declaración de improcedencia aprobada por el Congreso no equivale ni califica como denegatoria, rehusamiento ni rechazo de la cuestión de confianza”, señala el reglamento.

Así, solo el Congreso puede informar si ha rechazado o no la confianza, al margen de lo que interprete el Ejecutivo. El gobierno de Pedro Castillo planteó una demanda contra la Ley 31355 para que sea declarada inconstitucional, pero el Tribunal Constitucional la declaro infundada en febrero.

El Ejecutivo también planteó un proyecto para derogar la Ley 31355. La semana pasada anunció su intención de plantear confianza para que este se ponga en agenda, pero el último viernes la Comisión de Constitución archivó la iniciativa.

El constitucionalista Erick Urbina remarcó que la Ley 31355, que impide que el Ejecutivo interprete la decisión del Congreso, implica que “no existe más en el Perú la negación fáctica. Si actuara así [Torres], estaría infringiendo la Constitución”.

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Añadió que el Ejecutivo podría recurrir al TC mediante una acción competencial, pero cree que “la razón se la darían al Parlamento porque ya el tribunal se ha pronunciado al respecto”. “Tendría que ratificar lo que ya ha dicho: quien interpreta la aceptación o negación de la cuestión de confianza es el Congreso”, estimó.

Para Urbina, la confianza planteada sí puede es procedente y su eventual aprobación no cambiaría el hecho de que toda reforma constitucional debe seguir pasando por el Congreso.

La constitucionalista Beatriz Ramírez advirtió que la Ley 31355 le da al Congreso “todo el control”, tanto de si la materia de una cuestión de confianza es competencia del Ejecutivo o del Congreso, como que de la confianza solo se dé por rehusada cuando la Mesa Directiva le informe ello al Ejecutivo por escrito.

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Por ello, consideró que es probable que el Legislativo opte por declarar la confianza como improcedente.

Si bien consideró que esto crea un desbalance entre Ejecutivo y Legislativo, indicó que el TC optó “por dejar esa norma incólume”. “El TC no derogó [la Ley 31355], es decir, confirmó que es constitucional [...] Esa parte del discurso [sobre interpretar el rechazo] del primer ministro no es correcta”, comentó.

El constitucionalista Alejandro Rospigliosi señaló que la confianza “no debería prosperar” por ser improcedente, y que la intención del jefe del Gabinete fue “poner al Congreso contra la pared”.

Advirtió que ve a Torres convencido de que si no le aprueban su confianza, así sea por improcedencia, la dará por negada y que Castillo “le seguirá el juego” nombrando un nuevo gabinete. “Espero que los congresistas estén bien asesorados para poder dar respuesta a esta encrucijada”, dijo.

Recurso por resolver en el TC

• El Ejecutivo ya presentó de una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que hoy buscan derogar vía cuestión de confianza.
• La demanda fue presentada en febrero. En abril, fue admitida a trámite por el Tribunal Constitucional.
• El TC dejó al voto la demanda en septiembre luego de haber escuchar a las partes en una audiencia. A la fecha, no hay resolución.
• La negativa de dos confianzas le daría la posibilidad al Ejecutivo de disolver el Congreso. Desde el gobierno de Castillo niegan que esa sea su intención.