Saliente viceministro de Trabajo defendió a procesado por narcotráfico

El exviceministro Pedro Castilla fue defensa legal de Jorge Joaquín Allende La Fuente, considerado por la Dirandro y DEA como el principal proveedor de droga en el Vraem.

Por Carlos Neyra16/08/2021, 08:30 a.m.

Pedro Castilla, quien renunció a dos días de su designación como viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, se apersonó como abogado del cabecilla de la presunta organización criminal ‘Fontanero’, Jorge Joaquín Allende La Fuente, considerado por la Dirandro y DEA como el principal proveedor de droga en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Ni el presidente de la República, Pedro Castillo, ni el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) Iber Maravi tomaron en cuenta que hace solo dos meses había sido defensa legal del más importante proveedor de droga en el Vraem.

Según la resolución obtenida por este Diario y emitida el 11 de junio por el magistrado Richard Concepción Carhuancho del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente (JIPNP) se inició el auto de enjuiciamiento seguido contra ‘Fontanero’

“Precisar que en el presente proceso se han constituido como partes procesales […] Abogado defensor del acusado Jorge Joaquín Allende La Fuente: Abogado Pedro Castilla Torres, con registro del Colegio de Abogados de Ayacucho N° 1045, con domicilio procesal en 28 de julio N° 262 - oficinas 20, 21 y 22 en la casilla electrónica N° 65173” señala la resolución del juez Carhuancho.

A dos días de su designación, Pedro Castilla renunció al cargo.

Este Diario buscó los descargos del ahora exviceministro Castilla a través de mensajes en su celular. El abogado señaló que renunció al caso de Jorge Allende “hace una semana”. Señaló que estaba en el aeropuerto y que “apenas” llegara a su destino respondería.

Jorge Joaquín Allende La Fuente alias ‘Jota’, ha podido esquivar la acción de la justicia por varios años, fue buscado por el envío de toneladas de clorhidrato de cocaína hacia Bolivia y Brasil que realizó desde distintas pistas de aterrizaje clandestinas ubicadas en el Vraem, por este motivo es considerado como ‘blanco objetivo’ para la Dirección Antidrogas y la agencia antidrogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés).

En el año 2019 Allende pudo esquivar la acción de la justicia, tras una polémica decisión del magistrado Ángel Mendivil del JIPNP que le dio libertad. Su detención se produjo en el año 2017 en la provincia de Pichari en el Cusco con 400 kg. de clorhidrato de cocaína. La fiscalía presentó evidencias al juzgado, pero el magistrado no las tomó en cuenta. En dicha audiencia judicial, Medivil argumentó su decisión: “No hay un colaborador eficaz, no hay testigo clave, pues resulta insuficiente que una persona sea detenida o enviada a prisión por el mero hecho de estar donde se encontró droga” dijo.

En abril, la Dirandro y la fiscalía antidrogas de Huamanga a cargo del magistrado Ronald Achahui organizó un nuevo operativo en la zona de Pichari en el Vraem donde Allende se ocultaba de la acción de la justicia en una lujosa finca que le brindó seguridad y confort. Sin embargo, fue capturado y se mostró reacio a colaborar con las autoridades que lo habían intervenido. El motivo de la detención fue el decomisado de dos toneladas de cocaína que realizaron en distintos operativos en los últimos cinco meses previos a su detención.

Por este motivo, la fiscal contra el crimen organizado de Ayacucho Ivone Aguilar Polar presentó acusación en la Sala Penal Nacional contra la organización que lidera ‘Jota’, su hermano Gary Allende, Jhon Jefferson Zambrano Bendezú, Saul Pérez Figueroa, entre otros investigados por el trasiego de droga. Sin embargo, el caso ha retornado a la Corte Superior de Justicia (CSJ) de Ayacucho, para que continúen el control de las diligencias judiciales que sigue el Ministerio Público a cargo de las investigaciones.

Sobre el abogado Pedro Castilla Torres se conoce que en el año 2007 fue acusado por la fiscalía de ser autor del asesinado a su expareja Betzabeth Flores Sánchez. El proceso judicial terminó en el 2010, el Ministerio Público pidió para Castilla 30 años de prisión y el pago para los deudos de la víctima de S/ 100.000. El juez superior Tony Changaray Segura de la Segunda Sala Penal de Ayacucho votó por la condena; sin embargo, los magistrados Juan Aramburu Sulca y César Arce Villar votaron por la absolución de Castilla y se dispuso el archivo definitivo.

En el año 2012, el fiscal de la Nación José Peláez Bardales designó a Pedro Castilla como fiscal adjunto titular en el distrito judicial de Ayacucho, permaneció en dicha sede hasta octubre de 2014, bajo las órdenes del fiscal superior Rigoberto Parra Rodríguez.

En noviembre pasó la laborar durante un año en la Fiscalía Supraprovincial con sede en Lima, investigando distintos casos de derechos humanos y terrorismo. Obtuvo una maestría con especialización en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Dejó la función pública y empezó a ejercer la defensa legal de personas procesadas por el delito de lavado de activos y tráfico ilícito de drogas en Abancay y Ayacucho.

Castilla Torres de 41 años, natural de Huamanga convive con la fiscal adjunta Zina Chávez Mallma que labora en la sede del Ministerio Público de Huamanga, con quien tiene un hijo.

Fue electo como presidente del Colegio de Abogados de Ayacucho en el periodo 2020 al 2021. Como Decano del Colegio de Abogados de Ayacucho organizó el I Congreso internacional de la Asamblea Constituyente del Bicentenario, cuyo evento culminó hoy.

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