El juez Víctor Zúñiga Urday dictó este miércoles detención domiciliaria para el exministro y exsecretario general de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama Tanaka, investigado por el presunto delito de lavado de activos en el marco del Caso Odebrecht. La defensa del exdirigente fujimorista había solicitado variar la orden de prisión preventiva que cumple desde marzo del año pasado, ante el riesgo de contagio de coronavirus.
El juez Zúñiga indicó que si bien rechaza el pedido de la defensa, ordena de oficio la excarcelación de Yoshiyama. Consideró que el investigado es parte de la población de riesgo ante el COVID-19, y que en el penal Miguel Castro Castro existen condiciones de hacinamiento.
Además de la detención domiciliaria, el magistrado dispuso el pago de una caución de 70 mil soles, que Jaime Yoshiyama deberá cancelar en un plazo de tres días hábiles.
Al mismo tiempo deberá cumplir con reglas de conducta, como no brindar declaraciones a la prensa, ni tener comunicación con investigados, testigos o peritos del caso.
Tampoco podrá realizar reuniones sociales en el domicilio donde cumplirá con el arresto, a excepción de visitas familiares.
Jaime Yoshiyama intervino en la sesión, vía videoconferencia, para pedir su excarcelación. “En las últimas dos semanas han habido hechos desastrosos en el penal Castro Castro”, indicó. Según dijo al juez, el 70% de su pabellón está infectado con coronavirus.
"No quiero pedirle sino un poco de ayuda, un acto de humanidad y que me permita curarme en mi casa porque estoy seguro que tengo coronavirus, quedarme en cuarentena en mi casa y estar tranquilo. Cualquier minuto, cualquier hora que pasa es importantísima porque de una semana a ahora ya han sucedido tres casos, imagínese lo que van a ser las primeras semanas de mayo”, afirmó Yoshiyama.
Este fue el segundo pedido que realizó la defensa de Yoshiyama para buscar su excarcelación, en medio del estado de emergencia a causa del coronavirus (COVID-19). El exministro de Transportes afronta las pesquisas bajo prisión preventiva desde marzo del año pasado.
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La audiencia se realizará desde las 9 de la mañana, vía videoconferencia. En la diligencia participará el fiscal José Domingo Pérez y el abogado de Yoshiyama, Humberto Abanto.
El 23 de noviembre del 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, ordenó 36 meses de prisión preventiva para Yoshiyama. La Segunda Sala Penal de Apelaciones confirmó la decisión en enero del 2019. Sin embargo, el exdirigente fujimorista fue recluido en un penal recién en marzo, cuando regresó al país procedente de Estados Unidos.
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¿Por qué dictaron prisión preventiva?
El equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato lo considera como parte del “núcleo duro” de la presunta organización criminal formada al interior de la referida organización política liderada por Keiko Fujimori, quien ya cumple prisión preventiva.
De acuerdo a las imputaciones de la fiscalía y a lo considerado por el juez Concepción Carhuancho para dictar prisión preventiva, en el caso de Yoshiyama se habría configurado el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión.
Una de las imputaciones se refiere a la presunta entrega de un millón de dólares de parte de Odebrecht para la campaña de Fujimori en el 2011, esto a través de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, exsecretario de Economía del mencionado partido.
En noviembre, Abanto indicó que Yoshiyama reconoció que buscó a su sobrino Jorge Yoshiyama Sasaki para que busque aportantes falsos para la campaña del 2011. Sin embargo, negó que el dinero sea ilícito y que provenga de Odebrecht.
“Mi cliente (Jaime Yoshiyama) me autoriza a señalar que, efectivamente, recibió un aporte de origen lícito en una suma que excedía los límites administrativos de aportes de campaña y que solicitó a su sobrino realizar actos de simulación para su introducción en la contabilidad y en las cuentas de Fuerza 2011”, señaló el abogado durante la audiencia de prisión preventiva, en noviembre del 2018.
Yoshiyama Sasaki, por su parte, reconoció ante el fiscal José Domingo Pérez que recibió aproximadamente US$800.000 en efectivo de su tío Jaime, quien le pidió que buscara a personas que prestaran sus nombres para “simular” aportes a Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) con el dinero que le entregaron algunos empresarios que no querían aparecer públicamente.
Luego, Jaime Yoshiyama afirmó en una entrevista con “Cuarto Poder” que el dinero provino de un solo empresario con el que acordó no contar a nadie del aporte: Juan Rassmuss Echecopar, empresario nacido en Perú que radicó en Chile y que falleció en el 2016.