(Foto: USI)
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Redacción EC

El Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria dispuso la confirmación judicial de la incautación de un conjunto de documentos que el Ministerio Público realizó durante el allanamiento de los inmuebles vinculados a la ex alcaldesa de Lima  que se ejecutó el pasado 5 de abril.

Dicha incautación fue realizada por el Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Anticorrupción como parte de la investigación por lavado de activos abierta a la ex burgomaestre por presuntamente haber recibido financiamiento de y OAS para la campaña contra la revocatoria.

Dentro de los documentos confiscados, que han sido confirmados por el Poder Judicial, se encuentra una carta con el logotipo de Diálogo Vecinal dirigida a Fernando Pinto, gerente de supervisión de fondos partidarios, con fecha 22 de octubre de 2014, la cual está anexada con 10 hojas con información de gastos de campaña electoral.

También contiene un documento de 22 hojas con membrete de la ONPE titulado "Informe técnico de actividad económica financiera 2014-2015".

La fiscalía pidió la confirmación judicial de tales documentos pues no contaban con autorización. Para que esos documentos puedan ser evaluados en la investigación tiene que tener, por exigencia de la norma procesal, el pronunciamiento judicial sobre la legalidad de la incautación. Eso es lo que acaba de producirse.