Juez define este martes si “asesores en la sombra” de Pedro Castillo cumplen o no prisión preventiva

Después de tres días de audiencia, donde escuchó los argumentos del Ministerio Público como de los abogados de los llamados “asesores en sombra” del presidente Pedro Castillo, el juez Víctor Zúñiga definirá este martes si el ex consejero presidencial Biberto Castillo, el empresario Abel Cabrera y el exasesor del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo cumplen o no prisión preventiva.

El Ministerio Público solicitó que se dicte 36 meses de prisión preventiva contra ellos y Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa del pasaje Sarratea, en Breña, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

La fiscalía pidió que primero se defina la situación de Castillo León, Cabrera y Marrufo y después la de Sánchez, quien se encuentra en calidad de prófugo.

Zúñiga, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, informó en la víspera que la sesión continuará este martes a partir de las 9:45 a.m. Agregó que se dará una hora a las partes para que concluyan con su exposición y luego de ello emitirá su fallo.

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Durante la audiencia del lunes, el fiscal adjunto Edinson Villanueva Rojas, integrante del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, advirtió que el empresario Cabrera al no contar con arraigo domiciliario, laboral y “responsabilidad familiar” podría fugar del país con “facilidad”.

También indicó que existe el riesgo de que esta persona pueda destruir, modificar o falsificar elementos de prueba y/o influir en coimputados, testigos y peritos, si es que queda en libertad.

Recordó, además, que Cabrera Fernández cumplió el rol de “financista y coordinador” en la presunta organización criminal del “Gabinete en sombra”, porque- según el colaborador eficaz CE-03-2022-habría aportado más de S/500 mil a la campaña de Castillo Terrones en la segunda vuelta de las elecciones generales de 2021.

Este dinero sirvió para la movilización de personas y el alquiler de una serie de camionetas.

Cabrera, además, le prestó un auto a Castillo Terrones para todos sus traslados.

El fiscal Villanueva refirió que una vez que el docente asumió la Presidencia, Cabrera reclamó su “cuota” de poder, a fin de influir de manera ilícita en la designación de funcionarios públicos en la alta dirección de instituciones pública “para después dar paso a coordinar acciones colusorias” en las contrataciones estatales.

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El nexo con Vásquez Castillo y Silva

Respecto a Marrufo, el representante del Ministerio Público señaló que no tiene un domicilio fijo en Lambayeque y tampoco cuenta con arraigo laboral más allá de presentarse como abogado independiente.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder subrayó que cuando Marrufo se desempeñó como jefe del Gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, entre agosto de 2021 y agosto de 2022, “utilizó dicho cargo y abusó de su condición para beneficiarse de la comisión de actividades ilícitas”.

Agrega que el abogado participó de manera directa en el diseño, promulgación y publicación del DU N°102-2021, en concertación con el presidente Castillo, que dio luz verde a una serie de obras en el sector al interior del país, entre ellos en Anguía, Cajamarca.

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En su solicitud, el Ministerio Público alertó que Marrufo ha sido parte del entorno de Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente, y de Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones. Ambos están en calidad de prófugos “por estar inmersos en investigaciones que guardan relación con el presente caso”.

“Lo cual constituye un indicar razonable para [que Marrufo busque] sustraerse permanentemente de la acción de la justicia”, se lee en el documento, al que tuvo acceso El Comercio.

El fiscal Villanueva también señaló que Castillo León no cuenta con una residencia habitual. Detalló que el ex asesor presidencial frecuenta hasta cinco inmuebles, dos en Los Olivos, uno en San Martín de Porres, uno en Pueblo Libre y otro en San Borja. Todos en Lima.

Villanueva remarcó que Castillo utilizó su cargo para realizar actos de intimidación a las entidades persecutoras del delito y para “influir” de manera ilegal en la designación de comandantes generales de la Policía Nacional, “quienes al no alinearse” al presunto “programa criminal” del presidente “era destituidos inmediatamente”.

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El Ministerio Público, de otro lado, ratificó que el perjuicio económico al Estado por las actividades de los “asesores en sombra”, tras la promulgación del DU N°102-2021, ascendería a S/130 millones.

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Sánchez- de acuerdo la declaración del colaborador eficaz CE-03-2022- aportó más de S/500 mil a la campaña de Castillo en el balotaje. Este dinero no fue bancarizado y tampoco fue declarado por Perú Libre, partido por el que postuló el docente, ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Otro integrante del llamado “gabinete en la sombra” que aportó económicamente a la campaña del actual presidente en segunda vuelta fue el hoy detenido alcalde de Anguía (Chota, Cajamarca), José Nenil Medina Guerrero. Él habría entregado más de S/1 millón que provendrían de “actos colusorios que habría perpetrado en los proyectos de inversión pública” en su distrito.

Medina Guerra cumple una orden de prisión preventiva de 30 meses por las presuntas irregularidades en la licitación de obras en Anguía, cuyo dinero para su ejecución provino del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.