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El abogado Víctor Peralta Miranda, defensor legal de Vladimir y Waldemar Cerrón, lanzó una amenaza velada contra el juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Esto por resolver que los hermanos Cerrón continúen siendo investigados por el presunto delito de organización criminal en el Caso Los Dinámicos del Centro.
El último 27 de agosto, el juez declaró infundado un recurso presentado por Peralta, denominado excepción de improcedencia de acción. El abogado pretendía que los hermanos Cerrón se beneficien de la nueva ley sobre el crimen organizado que ellos mismos promovieron en el Congreso.
Peralta señaló en su apelación, presentada el último 2 de setiembre, que se reserva el derecho a recurrir a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por considerar que la motivación del juez “en rigor, [fue] ilegal y defectuosa, pasible incluso de control disciplinario”. Agregó que el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no ratificó a un juez por pronunciarse de manera similar.
Además, el abogado dijo que el juez realizó “una interpretación aditiva o modificativa” de la nueva ley. Señaló que esto “acarrea hasta una responsabilidad penal (prevaricato).”
En su apelación, el abogado consideró que la decisión del juez no se ajusta a derecho, que desarrolló fundamentos políticos y no jurídicos, cuestionó la forma y el fondo de la resolución y anunció posibles acciones contra el magistrado.
La nueva ley establece que, para la calificación de crimen organizado, solo se tomen en cuenta los tipos penales cuya sanción es de seis años o más. No obstante, el juez señaló que hay lagunas dentro de la propia norma. Por ello, la interpretó conforme a la Constitución.
Según señaló el magistrado en agosto último, cuando se habla de delitos graves no se debe pensar solo en la cuantía de la pena, sino también en la naturaleza y el perjuicio de estos.
Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso, fue el autor del proyecto de ley sobre el crimen organizado. Este fue respaldado por congresistas de Perú Libre y otras bancadas. La norma fue promulgada por insistencia por el Congreso, ante la inacción del gobierno de Dina Boluarte.
La ley trastoca el concepto sobre organizaciones criminales y ya benefició a presuntos integrantes de redes criminales, como “Los Ruteros del Norte”, investigados por tráfico de migrantes.
Rechaza presiones
El juez Chávez concedió la apelación interpuesta por el abogado de Vladimir y Waldemar Cerrón. No obstante, en su resolución rechazó la amenaza.
“Es de manifestarle a la defensa que las acciones que gratuitamente realice contra el suscrito no constituyen las primeras que se han formulado en su contra en este caso judicial. Más si lo que pretende advertir, según se entiende, es el poder que detenta, con posibles resultados perjudiciales en procesos administrativos y penales que inicie en contra de mi persona como juez, que resolvió su pedido desfavorablemente”, señaló.
El magistrado agregó que le resulta imposible “abdicar a la labor” de administrar justicia. Y añadió: “[...] no es permisible admitir presiones externas pese al poder que exponga detentar desde cualquier instancia de los poderes públicos o independiente a ellos [...]”.
No obstante, precisó que el abogado tiene derecho a tomar las acciones que crea pertinente, “anunciadas o no, porque se tiene la confianza de un estado constitucional de derecho”.
“Como todo funcionario público, el suscrito, en la condición de juez, está sometido a las investigaciones que tengan lugar”, dijo, incluso cuando “son anunciadas premeditadamente, como en el presente caso”.
"No es propio de la apelación"
El abogado penalista Vladimir Padilla consideró que el abogado de los hermanos Cerrón ha realizado “una amenaza encubierta”, incluso no tanto contra el juez Chávez, sino contra los magistrados que resolverán la apelación.
“No es propio del tema de la apelación. La apelación busca señalar en qué supuesto el juez ha incurrido en un error de hecho. [...] Pero creo que lo que está haciendo el abogado es un discurso político. En concreto, ¿dónde está el error de hecho y de derecho que ha cometido el juez? Eso lo tendrá que sustentar, además, ante la sala. La sala le dirá: ‘Cuéntame porqué razón tenemos que revocar, cuál es el error de hecho y de derecho”, explicó.
El abogado penalista Andy Carrión coincidió: “En rigor, el abogado amenaza al juez. ¿Y cómo lo hace? Con eventuales denuncias, con quejas ante el órgano de control. El mismo juez da cuenta de esas amenazas”.
Hasta la publicación de esta nota no fue posible contactarnos directamente con Peralta. Su colega y también abogado de Cerrón, José Yunco, dijo que se comunicaría con él para notificarle que buscábamos recoger sus comentarios. No obstante, no volvió a atender nuestras llamadas y mensajes.
En tanto, Vladimir Cerrón ya suma 11 meses prófugo de la justicia. Ha evadido por lo menos nueve operativos para capturarlo desde octubre último, cuando la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Junín ratificó una condena de tres años y seis meses de cárcel efectiva en su contra por el delito de colusión, por el Caso Aeródromo Wanka.
La condena por colusión fue la segunda que recibe el líder de Perú Libre y exgobernador regional de Junín. Ya en agosto del 2019, fue sentenciado a 4 años y nueve meses de cárcel por el delito de negociación incompatible. Aunque llegó a ser internado en un penal, la sala de apelaciones redujo su condena a 3 años y 9 meses y convirtió su prisión efectiva en prisión suspendida. Por ese caso no pudo postular a la vicepresidencia de la República en la plancha que lideró el expresidente Pedro Castillo en las elecciones del 2021.
En tanto, en el Caso Los Dinámicos del Centro, el Ministerio Público investiga un presunto financiamiento ilícito de Perú Libre. Según la hipótesis fiscal, Cerrón lideró una presunta organización criminal vinculada a delitos de corrupción y lavado de activos, que también integraría su hermano.
En agosto último, el general PNP en retiro Jorge Angulo Tejada, quien fue comandante general de la PNP entre marzo del 2023 y enero del 2024, dijo sospechar “que altas esferas del gobierno [de Dina Boluarte] están protegiendo al señor Cerrón”.
