Allanan casa de Aníbal Torres por el golpe de Estado: las claves de la decisión judicial y la evidencia que lo involucra

La solicitud fue hecha por el fiscal supremo transitorio Uriel Terán, quien dirige la investigación de este caso, ante el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema. También se pidió levantar el secreto de comunicaciones del investigado, con el objetivo de acceder y extraer información de sus aparatos electrónicos: celulares, computadores, laptops, UBS y otros que sean incautados, así como cuentas en redes sociales.

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En la resolución donde declara fundadas ambas solicitudes, el juez hace un resumen de la imputación del Ministerio Público contra Pedro Castillo y Aníbal Torres; da cuenta de la evidencia ofrecida contra él; y desarrolla por qué considera que el allanamiento a la vivienda del exjefe del gabinete es una medida proporcional y útil para averiguar la verdad.

Esa evidencia incluye las declaraciones de seis testigos que ubican a Aníbal Torres junto a Pedro Castillo antes y después del mensaje de la Nación de aquella mañana. De estos testigos, cuatro son exministros del último gabinete del gobierno castillista.

En el resumen que se hace del caso, el golpe de Estado se enmarca en el contexto de la vacancia que era promovida en noviembre del año pasado contra Pedro Castillo. Con ello, se recuerda que entre el 4 y el 7 de diciembre se hicieron públicas tres declaraciones vinculadas a actos de corrupción que apuntaban al entonces presidente:

1

4 de diciembre

Sada Goray

La empresaria “afirmó, entre otras cosas, que el ex asesor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Salatiel Marrufo Alcántara, le habría solicitado cuatro millones de soles, a solicitud del presidente de la República”.

2

6 de diciembre

José Luis Fernandez Latorre

El exjefe de la DINI aseguró que Pedro Castillo “le pidió sacar del país a Bruno Pacheco, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo

3

7 de diciembre

Salatiel Marrufo

El exasesor del Ministerio de Vivienda y presunto miembros del 'gabinete en la sombra' declaró ante el Congreso, entre otros aspectos, lo siguiente: “Nosotros entregamos dinero al presidente, para hacer una bolsa, para que se paguen a los congresistas […] Pedro Castillo tenía conocimiento de las sumas de dinero que se le entregaban”.

Con todo esto, la tesis de la fiscalía dice que la mañana del 7 de diciembre se habría producido una reunión en Palacio de Gobierno entre Pedro Castillo; la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez; Aníbal Torres; y “terceras personas en proceso de identificación”.

Allí, todos ellos “habrían acordado que el mandatario debía disolver el Congreso de la República e implementar en el Perú un estado de excepción, lo que implicaría el uso de las Fuerzas Armadas para tomar el control de los diferentes Poderes del Estado y demás entes autónomos, principalmente del Sistema Nacional de Justicia”.

La fiscalía añade que el entonces ministro del Interior, Willy Huerta, llegó a Palacio de Gobierno a las 10:33 a.m. para reunirse con Betssy Chávez y que, al no encontrarla, pasó a reunirse con Pedro Castillo; y que a las 10:46 a.m., la también congresista envió un mensaje vía WhatsApp a los integrantes de su gabinete: “Señores ministros apersonarse inmediatamente a PCM”. Entre los ministros que acudieron estuvo Roberto Sánchez, que estuvo en Palacio entre las 11:11 a.m. y las 12:34 p.m.

A las 11:20 a.m., Betssy Chávez “habría realizado las coordinaciones” con TV Perú para que su personal acuda a la sede la PCM y se lleve a cabo la transmisión del mensaje del presidente. Acudieron una reportera y un camarógrafo, que fueron recibidos por ella y dirigidos hacia Palacio de Gobierno. El mensaje golpista se leyó a las 11:40 a.m.

Así, la fiscalía indica que Pedro Castillo, “aprovechando su condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, habría utilizado tal poder para ordenar a dichas fuerzas del país, a través de su Mensaje a la Nación, al alzamiento en armas contra el orden constitucional y los poderes del Estado, así como de otros organismos autónomos, como consecuencia de la reorganización del Sistema Nacional de Justicia decretada; disponiendo además, ilegalmente, un ‘gobierno de excepción’”.

Luego -continúa la tesis fiscal- Aníbal Torres y Betssy Chávez se acercaron a Pedro Castillo para darle la mano y conversar con él, con Willy Huerta presente en el lugar; mientras que Roberto Sánchez entró luego y, aludiendo al discurso que acababa de dar, le dijo al mandatario “por el país”, en “clara manifestación de su participación como parte del acuerdo materializado en el mensaje a la nación”.

También se atribuye Willy Huerta haber llamado al comandante general de la PNP para luego pasarle el teléfono a Pedro Castillo. “General cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro e intervengan a la Fiscal de la Nación”, fue lo que le dijo el mandatario, de acuerdo con el Ministerio Público.

Añaden que Raúl Alfaro le preguntó el motivo, a lo que el entonces jefe de Estado respondió que Willy Huerta le daría esos detalles, lo que “denotaría la participación de este en las coordinaciones previas y, por ende, de los pormenores de la ejecución del alzamiento en armas”. Además, le “indicó que tenía que dar seguridad a la casa de sus padres” y a las de Aníbal Torres y Betssy Chávez, “evidenciándose así que estos últimos eran artífices del plan ilícito que se puso en marcha”.

La fiscalía también relata lo ocurrido luego del golpe: la vacancia de parte del Congreso, las gestiones de Pedro Castillo para obtener asilo político para él y su núcleo familiar, “siendo el presidente de dicha República [Andrés Manuel López Obrador] quien habría otorgado su aceptación a tal pedido, ordenando a su Embajador en el Perú, que brinde las facilidades correspondientes”.

Pedro Castillo, su esposa, sus hijos y Aníbal Torres salieron de Palacio de Gobierno, “con la confianza de obtener el asilo pretendido”, a bordo de dos vehículos, pero en su trayecto, a la 1:40 p.m., el vacado exmandatario fue detenido por la Policía bajo la figura de flagrancia por el delito de rebelión. De allí pasó a la sede de la Diroes para cumplir detención preliminar y luego al penal Barbadillo para cumplir presión preventiva mientras en procesado.

La resolución judicial detalla que al ex jefe del Gabinete se le imputa ser coautor del delito de rebelión junto a Pedro Casillo, Betssy Chávez y “terceras personas en proceso de identificación”, debido a que “acordaron disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú”, sin que cumpla con lo establecido en la Constitución.

“Aprovechando la condición del mandatario como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, habrían utilizado tal poder para ordenar a dichas fuerzas del país, a través de su mensaje a la nación, el alzamiento en armas contra el Orden Constitucional y los Poderes del Estado; así como, de otros organismos autónomos, como consecuencia de la reorganización del Sistema Nacional de Justicia decretado.

Alternativamente, se le atribuye a Aníbal Torres ser coautor del delito de conspiración para rebelión través del alzamiento de armas para modificar el régimen constitucional del Perú, junto a Pedro Castillo, Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, además de “terceras personas en proceso de identificación”. Esto en relación con los mismos hechos.

Al analizar la imputación fiscal contra Aníbal Torres, el juez citó la resolución de la Corte Suprema sobre este mismo caso para ratificar que para el delito de rebelión “no se requiere ‘violencia física’, que en cualquier caso lleva implícita una “violencia psíquica” en tanto da a entender el propósito de ejercer la violencia contra quienes no acaten el nuevo orden ilegítimo” y que “no hace falta que los rebeldes consigan los fines, siendo suficiente el mero alzamiento en armas.

“Este delito es imputable a título de dolo, exigiéndose dolo directo, además de contener como elemento subjetivo adicional, de tendencia interna trascendente, de resultado cortado, pues el agente delictivo debe conocer que realiza un alzamiento en armas y ha de actuar con una finalidad específica incorporada en el tipo penal, no siendo necesario alcanzar dicha finalidad para consumar el tipo. La consumación se produce con el alzamiento en armas”, dijo el juez.

¿Y cómo sustenta la fiscalía su imputación y la necesidad de allanar la vivienda de Aníbal Torres? Además del propio mensaje de Pedro Castillo, quien dijo “tomamos la decisión de establecer un Gobierno de Excepción”, se citan testimonios como el del exministro Alejandro Salas sobre lo ocurrido el 7 de diciembre en Palacio de Gobierno.

“Al preguntar dónde era la reunión, uno de los edecanes me dice, la premier con el Dr. Torres, están con el presidente, (…] y se acerca un edecán y nos dice a los ministros que estábamos ahí, el presidente está dando un mensaje a la Nación (…], lo cual desde un principio me pareció absolutamente extraño […] En escena estaba Aníbal Torres, Betsy Chávez, el Ministro del Interior Willy Huerta y el Ministro de Defensa Bobbio”, dijo. Alejando Salas también dio cuenta del mensaje enviado por Betssy Chávez al resto de ministros.

También se tiene la declaración como testigo de Cintya Malpartida, reportera de TV Perú presente durante el mensaje a la nación: “Llega Betsy Chávez y ella nos recibe muy cerca a la puerta para el ingreso a PCM […] Yo le pregunte si íbamos a hacer una entrevista y ella me dijo: “Sí ya ahorita”; de pronto seguimos avanzando […] ahí los que estaban presentes se asombraron visiblemente, porque vieron que llegaba Betsy Chávez con nosotros, con prensa, esas personas que estaban en esa sala eran el ministro de Defensa, Emilio Bobbio, el ministro del Interior, Willy Huerta”.

“Avanzamos unos pasos y en eso Betssy Chávez Chino dice ‘voy a ingresar’ y abre la puerta, en dicho ambiente observo al entonces presidente de la República, Pedro Castillo, que estaba sentado en su escritorio, en ese momento no sabía que era el Despacho Presidencial, ahí también se encontraba el señor Aníbal Torres Vásquez […]”, agregó la periodista

Su colega Antonio Pantoja, camarógrafo de TV Perú, declaró que “una vez en Palacio de Gobierno, era la propia presidenta del Consejo de Ministros Betsy Chávez quien nos dirigía [….] hasta llegar al Despacho Presidencial, pudiendo ver cómo el presidente Pedro Castillo se ponía de pie, y que en ese mismo ambiente se encontraba el señor Aníbal Torres. Por la forma en como estaba la oficina parecía que se iba a dar un mensaje a la nación, pero hasta ese momento no sabíamos nada, por lo que mi compañera Cinthia Malpartida consultó con Betsy Chávez, quien le confirmó que sí habría mensaje a la nación; (…). Es posible que haya habido alguien más en el ambiente”.

Otro exministro cuya declaración se cita es Gustavo Bobbio, quien habló sobre quiénes estuvieron en el salón donde Pedro Castillo dio su mensaje: “Estaba Aníbal Torres, Betssy Chávez, [Alberto] Mendieta y me parece que estaban Salas y otras personas que no conozco. […] regresé a la sala donde estaba el presidente, en el cual observé que se encontraba sentado en su escritorio y le habían puesto reflectores y cámaras y comenzó a leer su mensaje a la nación”.

En tanto, Willy Huerta refirió que fue Betssy Chávez “quien realizaba las coordinaciones con los periodistas para la emisión del mensaje a la nación, indicando que se apuren […] Nos colocamos al lado izquierdo del salón (…] el expresidente José Pedro Castillo Terrones inició a dar lectura su mensaje a la nación (…] culminado su discurso, el expresidente conversó con el Dr. Aníbal Torres y la ex premier Betssy Chávez, quienes no rechazaban el mensaje que había dado el expresidente”.

También está lo dicho por Roberto Sánchez: “El ministro Alejandro Salas ingresa a la Sala Grau juntamente al ministro de Producción, luego de que se termina el mensaje, también ingresé a la Sala Grau y vi que estaba abierto el Despacho Presidencial, (…] vi al ministro de Defensa, ministro del Interior, la premier Betssy Chávez, el asesor Aníbal Torres, y el presidente Pedro Castillo”.

Otro testimonio es el de Heidy Juárez, exministra de la Mujer, quien declaró: “Al ingresar al Despacho Presidencial, observé que se encontraban: José Pedro Castillo Terrones, Aníbal Torres Vásquez, Willy Huertas, Roberto Bobbio, Eduardo Mora [ministro de la Producción], Roberto Kamiche Morán (congresista por Perú Democrático] y otros más que no los conozco. Algunos de ellos, se encontraban vestidos de Militar”.

Luego, está el testimonio del ahora ex comandante de la PNP, Raúl Alfaro Alvarado: “Recibí una llamada […] del señor ministro del Interior, Willy Huerta […] quien me indicó que se encontraba en Palacio de Gobierno y que me iba a pasar con el presidente de la República. En ese momento, el presidente me señaló ‘General cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a lo que están adentro e intervenga a la Fiscal de la Nación”.

También se citan los chats publicados por El Comercio que evidencian el mensaje de WhatsApp que envió Betssy Chávez al grupo de ministros, y videos de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno, donde se ve a Aníbal Torres, a la exministra, a Willy Huerta en el lugar horas antes del mensaje. Además, se citan las similitudes en los términos empleados por el exjefe del gabinete en sus discursos y el mensaje a la nación dado por Pedro Castillo.

Con toda esa evidencia, el juez Checkley concluye que Aníbal Torres “se encuentra directamente vinculado a los hechos constitutivos de los delitos de Rebelión y Conspiración que se le imputan, incidiendo sobre su presencia en el lugar de los hechos, incluso desde momentos antes de efectuarse el mensaje a la nación que daba el autogolpe de Estado […] y que también ponen de manifiesto su participación en dicho suceso, conjuntamente con otros ministros de Estado”.

Por ello, consideró “razonable asumir que en su domicilio, en el cual se solicita realizar el allanamiento, pudieran encontrarse documentación y/o información referida a los hechos investigados, los cuales podrían ser destruidos o eliminados, extraviados o modificados”.

Además, verificó que se cumplan requisitos formales y que “se desprende la necesidad de las medidas solicitadas por cuanto existe una alta probabilidad que exista elementos de convicción relevantes o efectos de delito en el inmueble”.

“Se debe considerar la necesidad de conceder lo solicitado en el requerimiento fiscal que se resuelve, que afectará el inmueble del investigado Torres Vásquez, en tanto existe una alta probabilidad que exista documentación relevante a efectos del delito en el inmueble sobre el que se está planteando el presente requerimiento, y que corren el riesgo de ser destruidos, extraviados o modificados”, agrega.

El juez también consideró que otorgar el allanamiento “permitiría obtener bienes, información diversa y objetos relevantes para la investigación, que a simple solicitud la fiscalía estaría imposibilitada de obtener si no se autoriza la medida […] Podría encontrarse evidencias y elementos relacionados directamente con los hechos materia de investigación, pues podría haberse comunicado por vía telefónica, enviado mensajes de texto, mensajes Whatsapp, correo electrónico u otro medio, que permitiría establecer contacto con otros investigados”.

Luego, señaló que el investigado podría conservar archivos, documentos, manuscritos y formatos en instrumentos digitales como: laptops, USB, discos duros; computadoras y celulares, que contengan información relacionada con la investigación. Esta información “no [se] podrían conocer” con otra medida, ya que “se presume que los investigados habrían interactuado a través del aplicativo WhatsApp, cuya información sería posible extraer directamente desde el equipo celular del investigado, con ayuda de los peritos de la Oficina de Criminalística del Ministerio Público”.

Finalmente, el juez advirtió que “existe un alto grado de probabilidad que, en poder del investigado obren evidencias físicas como: anotaciones y documentos relacionados al mensaje de la nación. Esto porque “es de público conocimiento se presume que dicho mensaje pudo haber sido redactado por el investigado [Aníbal Torres] […] Toda vez que se ha evidenciado similitudes en los términos utilizados por el entonces presidente en el mensaje a la nación emitido el 07 de diciembre de 2022 y los mensajes propalados por Aníbal Torres”.

Por esto, la finalidad específica del allanamiento es la “búsqueda de pruebas” relacionadas al caso, buscándose incautar información en documentos y en aparatos digitales y electrónicos que se encuentren en la vivienda, en el poder de Aníbal Torres y de otras personas que se encuentren en el lugar. Por ello, se dio un total de 48 horas al Ministerio Público para ejecutar la medida, con apoyo del equipo especial de la Policía, peritos y personal administrativo.