Poder Judicial evaluará prolongación del impedimento de salida del país contra Aníbal Torres el 10 de julio

El Poder Judicial realizará el próximo miércoles 10 de julio la audiencia de prolongación de la medida de impedimento de salida del país contra el expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres.

Como se recuerda, el exprimer ministro es procesado por el delito de rebelión y otros. La sesión se iniciará a partir de las 15:00 horas, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria Nacional.

Cabe indicar que el pasado 12 de enero, la fiscalía presentó de manera formal ante el Poder Judicial la acusación por el caso del golpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022.

En el documento fiscal se pidió una condena de 34 años de prisión para el expresidente y 25 años para sus exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. Para Aníbal Torres se pidió una pena de 15 años.

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A Castillo Terrones se le imputa los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. Actualmente el exjefe de Estado cumple prisión preventiva en el penal Barbadillo.

Argumentos de la fiscalía

Según la tesis del Ministerio Público, Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vásquez sostuvieron una reunión en el despacho presidencial un día antes, el 6 de diciembre del 2022, donde coordinaron los presuntos actos ilícitos para el día siguiente.

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Argumenta que los tres elaboraron el mensaje a la Nación del golpe de Estado. Por esta investigación el juez supremo Juan Carlos Checkley dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra el exjefe del Gabinete Ministerial.

En abril pasado Aníbal Torres se libró de ser inhabilitado para ejercer la función pública por 10 años el miércoles último, luego que el pleno del Congreso no alcanzara los 67 votos necesarios para aprobar un informe que lo encontró culpable de infringir tres artículos de la Constitución.

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El documento acusó a Torres Vásquez de realizar sesiones descentralizadas del Consejo de Ministros “sin marco constitucional y legal”, y por tener expresiones “contrarias al parámetro del correcto ejercicio, en calidad de funcionario público, del derecho de opinión y libertad de expresión”.

En este último punto se recordó que en agosto del 2022 el entonces primer ministro azuzó a dirigentes de organizaciones sociales a manifestarse en Lima hasta “arrodillar a los golpistas”, en referencia al Congreso.