Martín Calderón

El etnocacerista y militar en retiro pretende que el declare nula la sentencia en su contra por homicidio, secuestro y rebelión, por el ‘Andahuaylazo’, y realice un nuevo juicio oral.

A pesar de que la Corte Suprema ya declaró improcedente su pedido para revisar la sentencia, Humala y su abogado, Ricardo Franco de la Cuba, sustentaron ante la Segunda Sala Constitucional de Lima un recurso de habeas corpus para que se anule esa resolución el último miércoles.

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Humala insiste en la presunta existencia de nuevas pruebas que no se consideraron en el juicio en su contra, con el que fue condenado a 19 años de prisión.

En enero del 2005, al mando de un grupo de etnocaceristas, irrumpió en la comisaría de Andahuaylas (Apurímac), levantándose en armas contra el entonces gobierno de Alejandro Toledo, a quien le pedía su renuncia. En ese levantamiento fueron asesinados cuatro efectivos policiales.

Tras cumplir más de 17 años de condena por ese caso, y acogerse a un programa de redención de la pena, el etnocacerista recuperó su libertad en agosto del 2022. No obstante, nunca mostró arrepentimiento.

Cálculo político

El abogado de Humala dijo a El Comercio que buscan la anulación de la condena para que este llegue a las elecciones generales del 2026 en condición de procesado.

Recordó que el Congreso tiene pendiente pronunciarse sobre un dictamen que impide la postulación a cargos de elección popular de condenados por asesinato y otros delitos.

“Como este Congreso está amenazando con sacar una ley, [...] él quiere presentarse a las elecciones estando en condición de procesado. Al anular todo, regresaría a esa condición”, afirmó Franco de la Cuba.

El dictamen fue evaluado por el pleno del Congreso en la legislatura pasada. No obstante, cambios realizados por la presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano (Fuerza Popular), y la postura de la izquierda entramparon su aprobación.

El impulsor de la propuesta, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular), comentó recientemente a El Comercio que difícilmente el dictamen se apruebe en el corto o mediano plazo por falta de voluntad política.

Mientras tanto, Antauro Humala realiza actividades proselitistas con la agrupación denominada Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), que logró su inscripción como partido político en diciembre pasado.

La Unidad de Investigación de El Comercio reveló recientemente que dicho partido con personas que estuvieron encarceladas por el ‘Andahuaylazo’ o que han sido investigadas o acusadas de distintos delitos.

Cosa juzgada

El abogado penalista Carlos Caro señaló que el caso ‘Andahuaylazo’ ya cuenta con “una sentencia que tiene la condición de cosa juzgada”.

“Fue validada por la Corte Suprema, fue ejecutada y en vías de ejecución se le dio la libertad. [...] Lo que queda es que el señor Humala pague su reparación civil”, añadió.

Además de la condena a 19 años de cárcel, la justicia también le impuso a Humala el pago de S/1′283.000 por el concepto de reparación civil. De ese monto, S/1′120.000 está dirigido a los herederos legales de los cuatro policías fallecidos, por el daño irreparable causado.