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La fiscalía ha solicitado 18 meses de prisión preventiva contra tres exministros del gobierno de Pedro Castillo investigados por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022: Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta, quienes estuvieron en Palacio de Gobierno el día de los hechos.
La solicitud parte de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
“Esta medida corresponde al proceso penal que se les sigue en calidad de coautores del delito de rebelión y, alternativamente, conspiración”, informó el Ministerio Público este martes 11 de abril.
El pleno del Congreso aprobó que los tres exministros del gobierno de Pedro Castillo que fueron implicados en las investigaciones fiscales en el golpe de Estado sean procesados por los delitos de rebelión y conspiración, tal y como planteó la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Betssy Chávez, como resultado de este proceso, fue suspendida del cargo de congresista mientras dure el proceso penal en su contra. Sin embargo, el Poder Legislativo no aprobó lo mismo contra Roberto Sánchez, congresista que todavía sigue ocupando su sitio dentro de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú.
El exministro del Interior, Willy Huerta, también fue denunciado constitucionalmente por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y contra él también se aprobó el informe de la subcomisión para levantar el antejuicio político y que proceda a ser investigado en el Ministerio Público.
Actualmente, el expresidente Pedro Castillo está cumpliendo prisión preventiva en el penal de Barbadillo por dos casos diferentes. El primero es por la investigación del golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022, por el que recibió 18 meses de esta restricción.
El segundo proceso en su contra es por el de presunta organización criminal y corrupción, por el cual el Poder Judicial aprobó dictar 36 meses de prisión preventiva. Ambas decisiones han sido ratificadas en dos instancias, a pesar de las apelaciones presentadas por la defensa legal del exmandatario.
