El equipo especial de fiscales para el caso Cuellos Blancos del Puerto dirigió este jueves un megaoperativo que permitió la detención preliminar de 13 investigados por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos y el allanamiento de 21 inmuebles en distintas zonas de Lima.
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El principal detenido es el empresario Mario Mendoza Díaz, sindicado por el Ministerio Público con el apelativo del ‘octavo consejero’ y señalado como hombre clave de la presunta red criminal ligada al sistema de administración de justicia.
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El operativo -autorizado el último martes por el juez Leodán Cristóbal Ayala, de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada- se inició durante la madrugada del jueves y contó con el apoyo de la Policía Nacional. Allí se logró incautar también cinco vehículos y la desposesión de dos inmuebles.
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La diligencia estuvo a cargo del fiscal provincial contra el crimen organizado Jeans Velazco Hidalgo, del tercer despacho del equipo especial para el caso Cuellos Blancos del Puerto. Fue él quien solicitó la medida al Poder Judicial.
1. Mario Américo Mendoza Diaz (78)
2. Carmen María Serrano Gandula (78)
3. Walter Gustavo Gonzales Adrian (63)
4. Paola María Mendoza Serrano (50)
5. Gianmarco Mario Mendoza Serrano (44)
6. Aldo Mario Américo Mendoza Serrano (52)
7. Gastón Julio Espejo Zavala (82)
8. María Antonieta Sabat de Espejo (76)
9. Luis Alfonso López Ríos (55)
10. Dennis Urbina Zurita (48)
11. Alberto Santiago Aponte Lector (62)
12. Gilmar Héctor Nieto Huamani (65)
13. Pilar María Barrientos Aparicio (58)
Según pudo conocer El Comercio, la fiscalía había requerido la detención preliminar por 15 días de 20 personas. Sin embargo, el magistrado solo autorizó la medida contra 16 investigados por un plazo de 10 días con incomunicación.
También autorizó el allanamiento y registro de todos los inmuebles requeridos, la incautación de documentos, el levantamiento del secreto de comunicaciones y el secreto bancarios de las 20 personas, así como la extracción de información de laptops y otros aparatos electrónica, la búsqueda de información en correos y teléfonos, y la incautación de dos vehículos y cinco inmuebles.
Asimismo, se incautaron bienes valorizados en más de US$ 6 millones, los cuales serían producto de defraudaciones y delitos de corrupción de funcionarios.
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 2, 2023
El megacaso Los Cuellos Blancos del Puerto
La investigación del caso Cuellos Blancos del Puerto se remonta al 2018. A partir de escuchas a presunta organizaciones criminales en el Callao, la fiscalía estableció la existencia de una presunta red criminal ligada a algunos miembros del Poder Judicial, la fiscalía y el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), así como a empresarios, abogados y personas particulares.
Se investiga una presunta red de tráfico de favores y beneficios a magistrados a cambio de dádivas de distinto tipo. El investigado de más alto perfil, el exjuez supremo César Hinostroza, actualmente está prófugo y con paradero desconocido tras aprobarse su extradición al Perú desde España.
La investigación seguida a altos funcionarios (jueces supremos, fiscales supremos y miembros del CNM) fue asumida por la Fiscalía de la Nación por tener antejuicio o inmunidad.
En tanto, las pesquisas vinculadas a empresarios y funcionarios sin este privilegio quedó a cargo de fiscales provinciales. Desde el 2019, estas fiscalías provinciales pasaron a formar el equipo especial del caso.
Cuando el caso explotó en el 2018, el empresario textil Mario Mendoza fue protagonista de algunos de los audios y llegó a ser detenido de forma preliminar. Sin embargo, luego siguió siendo investigado en libertad.
Fuentes de El Comercio comentaron que Mario Mendoza es investigado en múltiples carpetas del caso Cuellos Blancos, que se sometió a un proceso de colaboración eficaz en el 2018 y que en el 2021 renunció la reserva de su identidad. Esto incluso fue mencionado por su defensa y por la fiscalía en una reciente audiencia pública ante la Cortes Suprema. Sin embargo, hasta el momento no tiene una sentencia como tal.
Según la fiscalía, el investigado habría mantenido vínculos con los hombres clave que se encontraban en el CNM, la Corte Superior de Justicia del Callao, la Corte Suprema, y otras entidades del sistema de administración de justicia.
Durante las pesquisas se le puso el apelativo el ’octavo consejero’, haciendo referencia a que tenía tal nivel de influencia como para ser considerado como el integrante número “ocho” del CNM. Su defensa rechaza esa denominación.
Adicionalmente, en octubre del 2021, se le impuso 18 meses de impedimento de salida del país por una investigación ligada a un presunto favorecimiento a una empresa a través de sus vínculos con los ‘Cuellos Blancos’.
La presunta red el 'Octavo Consejero'
Así, el equipo especial investiga en este caso en particular una supuesta red criminal ligada a los ‘Cuellos Blancos del Puerto’ a la que denominan ‘Octavo Consejero’. Para la fiscalía, esta “ha obtenido ganancias de origen ilícito provenientes de la presunta comisión de delitos contra la administración pública y actos de corrupción de funcionarios”.
El Ministerio Público sostiene que la red está integrada por el núcleo familiar de Mario Mendoza (su esposa y cuatro hijos), así como trabajadores y allegados, cuyas acciones delictivas habrían iniciado en el 2011. Incluso sostiene que habrían “operado como colectivo criminal autónomo desde el año 1992″.
La red criminal presuntamente ejecutaba acciones ilegales para obtener inmuebles y dinero a partir de defraudaciones y delitos de corrupción, utilizando cinco de sus empresas textiles y de otros rubros. Luego, agregan, estos bienes eran objeto de lavado para que el clan familiar pueda disponer de estos bienes como si fuesen de origen lícito.
“Estaría dedicada a la presunta comisión del delito de lavado de activos en Lima y Callao, desde el año 2011, realizando operaciones económicas para convertir, transferir, recibir, adquirir, poseer y mantener en su dominio los activos ilícitos que han producido, en virtud de su actividad criminal precedente; ello, con el objetivo de dedicarse a la realización de delitos de corrupción de funcionarios, de los que habría obtenido tales activos”, sostiene la fiscalía.
Para solicitar la detención de los investigados, la fiscalía citó cuatro hechos en específico:
1. Actos de lavado sobre un inmueble en San Borja por más de un millón de dólares. De este, se alega que fue obtenido ilícitamente mediante presuntos actos de corrupción.
2. Actos de lavado sobre un inmueble en el Cercado de Lima. Se alega que Mendoza, mediante la empresa Kina E.I.R.L, obtuvo la buena pro de una licitación “bajo presuntos actos de corrupción [...] a través de acuerdos previos y direccionamientos con los funcionarios intervinientes de Pronied, logrando hacerse del 30% del total de la convocatoria”. Este monto corresponde a S/ 3,676,492.12 y era por un adelanto del contrato de servicios de mantenimiento de instituaciones escolares a favor del Pronied.
3. Actos de lavado sobre un inmueble en el Callao. Se alega que Mendoza logró hacerse con el inmueble mediante “delitos contra el patrimonio y contra la fe pública” para que sea usado como fábrica textil; y que a partir de esto se realizaron actos de lavado para colocarlo en el sistema económico.
4. Actos de lavado sobre dinero de origen ilícito vinculados a licitaciones con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
En el primer caso, se alega que se convirtió parte del dinero de origen ilícito en una contratación con la OEFA con la comprar un inmueble nel Callao en el 2018; mientras que en lo referido al MIMP, se firmó un contrato con la empresa Alpaca Color en marzo del 2018 por S/ 6.9 millones para entregar cerca de 100 mil kits de abrigo para adultos mayores, el cual se anuló en julio por incumplimiento injustificado.
El vínculo con los Cuellos Blancos
¿Y cómo se vincula esta red con ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’? El Ministerio Público sostiene que ‘El Octavo Consejero’ se ubica en el segundo nivel de la presunta organización criminal y tiene la particularidad de ser una red compuesta por lo que llaman un “clan familiar”.
La fiscalía sostiene que ‘Los Cuellos Blancos’ tuvieron un método propio para expandir sus relaciones de poder y sus actividades, consistente en “captar jueces y fiscales para los fines colectivos” y “ofertar nombramientos, ascensos, ratificaciones, influencias, prestaciones-favores o poder en el marco del mismo sistema de administración de justicia”.
Luego, -continúa la tesis fiscal- los empresarios “con una red criminal sectorial propia” podían realizar sus “actividades delictivas bajo el amparo de esta red de influencia”.
“Con ello, podrían tener la seguridad de verse protegidos en el caso de que se les procese, denuncie o demande por alguna actividad irregular que realicen en el seno de sus propias actividades delictivas”, se lee en documentos judiciales relacionados al caso a los que accedió El Comercio.
Para la fiscalía, esto se confirma con la presunta red liderada por Mario Mendoza, “quien desde su integración a la macroorganización criminal [Los Cuellos Blancos], tuvo este tipo de respaldo”.
“Debe tomarse en consideración la serie de vinculaciones que tenía [Mendoza] con los hombres clave que se encontraban en el Consejo Nacional de la Magistratura, la Corte Superior de Justicia del Callao, la Corte Suprema de Justicia, así como otras entidades del sistema de administración de justicia; con lo cual, incluso, esta persona habría sido apodada como “el octavo consejero”, agregan.
El defensor legal de Mario Mendoza, el abogado José Orrego, anunció este que apelará la detención preliminar de su cliente y cuestionó la tesis fiscal sobre una supuesta red criminal liderada por él. Esto fue en declaraciones dadas a la prensa afuera del inmueble donde de realizó la detención.
"Vamos a tratar, en la medida de lo posible, de informar al Poder Judicial de los errores que se han cometido al dictarse esta medida, que considero de plano abusiva contra el señor Mendoza. Es una persona de 79 años y no veo cuál sería el peligro para que él pudiera fugarse, si durante cinco años se ha mantenido como investigado en el caso de los Cuellos Blancos", dijo el abogado.
Aseguró que Mendoza "ha colaborado con la justicia en el caso de los Cuellos Blancos durante los últimos cinco años y por lo tanto, el fiscal que está encargado de este nuevo caso tenía todas las facilidades para citar al señor Mario Mendoza para pedir explicaciones de lo que él investiga".
Luego, dijo que el fiscal del caso "ha creado una supuesta organización criminal conformada por el señor Mendoza y personas muy allegadas a él. No está vinculando este hecho directamente al caso de los Cuellos Blancos, sino que ha creado otra organización criminal, según lo que piensa el señor fiscal".
Respecto al apelativo de "octavo consejero", replicó que "esa es una frase infeliz que se ha venido utilizando en el caso de los Cuellos Blancos para, lamentablemente, identificar al señor Mario Mendoza para una suerte de función de facto que jamás cumplió. La verdad, tras cinco años de investigación, me parece absurdo seguir usando esa frase".
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